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Freno a la obra pública: cuántos proyectos quedaron abandonados y cuántos siguen

La medida de Javier Milei generó, entre otras cosas, una caída del 87,6% en la cantidad de obras en ejecución.

El freno en la obra pública ejecutado, tal como prometió el presidente Javier Milei, entre fines de 2023 y febrero llevó a que abandonen 2117 proyectos en todo el país.

Según la información oficial del Estado nacional, el gobierno de Alberto Fernández dejó 2417 obras en ejecución con recursos nacionales para finales del año pasado. Para febrero de 2024, ya con casi tres meses de gestión libertaria, esa cifra cayó a solo 300 proyectos.

Implica una caída del 87,6%, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, dejando al menos cientos de trabajos ya empezados en estado de abandono y, claro, recursos públicos tirados a la basura.

Medido en transferencias de capital, la "motosierra" de Milei para el gasto en obra pública alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Al contrario del argumento de "motosierra sobre la casta", este ajuste sobre las mejoras en infraestructura y calidad de vida sobre la población de las distintas provincias fue clave para que el gobierno de Milei pueda vanagloriarse de obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año. La otra clave fue empobrecer más a los jubilados.

El argumento del gobierno, según La Nación, es que se "prioriza terminar con obras estratégicas que tengan que ver con seguridad vial, cárceles, control de inundaciones y que a su vez sean de envergadura e importancia nacional”.

Según detalló el Ministerio de Economía, en febrero los gastos de capital ascendieron a $80.579,1 millones. En enero, $77.104,7 millones. Por lo tanto, en lo que va del año estas erogaciones sumaron $157.683,8 millones. Es decir, un 34,8% menos en términos nominales comparado con el mismo período de 2023. En términos reales, o sea contando la inflación, la caída supera el 80%.

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La obra pública está paralizada.

La obra pública está paralizada.

Una vez que Milei asumió como presidente, fue el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien anunció que “no hay plata para pagar más obra pública”. Dos meses después, el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro y la Secretaría de Obras Públicas quedó a cargo del "Messi de las finanzas" de Macri.

En marzo, las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron con Milei, pero no consiguieron nada. En un comunicado oficial, la entidad empresaria celebró el diálogo luego de haber declarado el “estado de emergencia” del sector el 1 de febrero. En aquella oportunidad, la CAC había alertado sobre “una crisis extrema” que podría derivar en “la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos”.

¿Qué pasa con los gasoductos?

La semana pasada, la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), víctima de uno de los ajustes más feroces de las compañías públicas, abrió los sobres para licitar el último tramo de la reversión del Gasoducto del Norte, el proyecto de infraestructura más importante del año, que se había mantenido sin novedad durante los primeros tres meses de gestión de Milei.

El Gasoducto del Norte y su reversión son claves para cambiar el flujo del gas y reemplazar las importaciones de Bolivia por la producción en Vaca Muerta. Por eso, aunque muy tarde, el Gobierno consideró lo suficientemente “estratégico” para que el avance del pliego no se detenga.

En cambio, la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner también es una obra pública importante para la provisión de gas a los argentinos y, a la vez, para la exportación, pero está en un limbo de indefinición.

Tanto es así que la última información oficial al respecto es de octubre del año pasado, cuando todavía gobernaba Alberto Fernández y la Secretaría de Energía anunciaba que aprobaba la licitación para la compra de caños del tramo II, que conecta a la ciudad de Salliqueló, al sur de la provincia de Buenos Aires, con la de San Jerónimo, en Santa Fe.

A cinco meses de aquella aprobación, la actual gestión al frente de la Secretaría de Energía no responde consultas periodísticas sobre novedad ni publica nada al respecto.

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