A cinco años de la explosión de Aguada San Roque: condenas firmes, un absuelto y una herida que no cierra
El 29 de junio de 2021 una explosión de gas mató a tres personas en la Escuela 144. Cinco años después, el TSJ confirmó las condenas. Un caso de desidia.
La postal aérea tomada ayer demuestra el estado en el que permanece la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión que todavía investiga a fuego lento la Justicia.
El 29 de junio de 2021, una explosión de gas seguida de incendio arrasó el sector destinado al albergue de niñas de la Escuela 144 del paraje Aguada San Roque, en plena meseta neuquina, en medio de Vaca Muerta.
Murieron en el lugar el gasista matriculado Nicolás Francés, de 70 años, y su sobrino Mariano Spinedi, de 47, mientras realizaban tareas de instalación y verificación de calefactores. La docente Mónica Jara, de 34 años, logró escapar por una ventana con graves quemaduras, fue trasladada primero al hospital Castro Rendón y después a Mendoza, donde murió el 12 de julio de 2021, trece días después del hecho. Era su primer día de clases presenciales tras haberse recibido poco tiempo antes.
Cinco años después, la Justicia de Neuquén cerró el capítulo judicial: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó en marzo de 2026 las condenas de cinco de los seis acusados.
Además, ratificó también la absolución del único funcionario que había quedado libre de responsabilidad penal, en una causa que expuso la mecánica de irregularidades entre el Estado y las empresas contratistas en la obra pública provincial.
Una obra que debía durar 180 días y se extendió a 552
El origen de la tragedia hay que buscarlo casi dos años antes de la explosión. La obra de ampliación de la escuela-albergue, ganada por la empresa Arte Construcciones SRL a través de una licitación privada, tenía un plazo estipulado de 180 días corridos a partir del 8 de noviembre de 2019. Con la pandemia de por medio, los trabajos se extendieron 552 días.
El 12 de marzo de 2021, con la urgencia de arrancar el ciclo lectivo, la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia emitió un certificado de final de obra por el 100% de los trabajos realizados, pese a que —según sostuvo la fiscalía— la obra no había sido inspeccionada como correspondía y los operarios todavía trabajaban en el edificio. Apenas tres meses y medio después, ese edificio explotó.
La investigación del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, y la fiscal Gabriela Macaya, imputó inicialmente a diez personas. Con el correr del proceso, la lista se redujo a seis: cuatro exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y dos representantes de la empresa constructora.
En el camino quedaron afuera Gabriel Potás, coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura del Ministerio de Educación, sobreseído en octubre de 2022 por una falla en su imputación que afectó su derecho de defensa; y dos funcionarios del Consejo Provincial de Educación, Fabio Luna y Patricia Cressatti, sobreseídos el 27 de marzo de 2024 por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público que se les había atribuido. Un subcontratista accedió a una suspensión de juicio a prueba.
El juicio oral: 12 días de audiencias y casi 50 testigos
El juicio comenzó el 12 de agosto de 2024 en la Ciudad Judicial de Neuquén y se extendió hasta el 28 de ese mes, con doce días de audiencias ante un tribunal integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo.
Pasaron por la sala casi 50 personas: familiares de las víctimas, dirigentes de ATEN, obreros testigos de la explosión, peritos en incendios, policías, bomberos y exfuncionarios del Consejo Provincial de Educación.
El gremio docente ATEN, que representó como querella a las familias de Jara y Spinedi a través de los abogados Darío Kosovsky y Emanuel Roa Moreno, había sostenido durante el debate que el Estado "no cuidó la vida de la comunidad" ni "arbitró los medios necesarios para evitar la tragedia". Federico Egea representó a la familia de Francés.
Llegaron a juicio acusados de estrago culposo —agravado, en algunos casos, con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica— Roberto Deza, ex subsecretario de Obras Públicas durante la gestión de Omar Gutiérrez; Raúl Capdevila y Carlos Córdoba, directores de Obras Públicas; Sergio Percat, director de Obras Contratadas; y, por la empresa, Diego Bulgheroni, representante técnico, y Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones. A Percat se le imputó específicamente haber firmado el certificado de obra del 12 de marzo de 2021 asegurando haber estado presente en la inspección, cuando su teléfono lo geolocalizaba en la ciudad de Neuquén.
Las condenas y el único absuelto
El 3 de septiembre de 2024 el tribunal declaró culpables, por unanimidad, a cinco de los seis imputados por estrago culposo seguido de muerte. El 13 de febrero de 2025 se conocieron las penas: Percat recibió 5 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos e inhabilitación por 10 años para ejercer como ingeniero. Bulgheroni fue condenado a 4 años y medio de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación profesional. Córdoba y Capdevila recibieron, cada uno, 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para cargos públicos y 8 años de inhabilitación como maestros mayores de obra. Villanueva fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.
El único absuelto fue Deza, ex subsecretario de Obras Públicas, ya jubilado al momento del juicio. Su absolución fue uno de los puntos más resistidos por las querellas, que pidieron sin éxito anular ese sobreseimiento ante las instancias superiores.
Durante la lectura del veredicto, el juez Pombo remarcó que la responsabilidad de Nicolás Francés —quien no realizó la prueba de hermeticidad que podría haber detectado la fuga— "de ninguna manera excluye la responsabilidad de control que estaba en cabeza de los acusados".
También descartó que la directora del establecimiento, Martha Báez, tuviera responsabilidad en el hecho, al sostener que ella había cumplido con las resoluciones del Consejo Provincial de Educación que ordenaban el regreso a la presencialidad, y que la falta de aviso sobre el estado real de la obra fue responsabilidad de Obras Públicas y de la empresa contratista.
El cierre definitivo: el TSJ confirma todo
El 19 de marzo de 2026, casi un año después de conocidas las penas, la Sala Penal del TSJ, integrada por Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe, rechazó por unanimidad —a través de cuatro resoluciones interlocutorias— todos los recursos extraordinarios presentados tanto por las defensas de los condenados como por las querellas.
El tribunal dejó firmes tanto las condenas como la absolución de Deza, sin modificar un punto del fallo original, y consideró que no existían cuestiones federales suficientes para que el caso llegara a la Corte Suprema de la Nación. Con esa decisión, el expediente quedó cerrado en el ámbito provincial.
Según remarcó la Justicia en sus distintas instancias, en la obra de Aguada San Roque se certificaron trabajos que no estaban terminados, no se cumplieron protocolos de seguridad, no se controló correctamente la instalación de gas y se permitió el uso de un edificio que todavía estaba en construcción. Esa cadena de decisiones fue la que, según los jueces, generó el escenario que terminó en la explosión.
Lo que destapó el caso sobre la obra pública neuquina
Más allá del desenlace judicial, el caso de Aguada San Roque puso en discusión una mecánica que en Neuquén funcionaba como un secreto a voces: cómo se certifica la obra pública, cómo se vinculan funcionarios y empresarios de turno, y qué tan firmes son los controles reales sobre las subcontrataciones. Se trataba, además, de una obra menor en apariencia, en un paraje alejado de apenas 400 habitantes, lejos del radar de cualquier control mediático o institucional.
El expediente dejó a la vista una dinámica de bajar costos, contrataciones irregulares y apuro de las empresas por cobrar antes de terminar los trabajos en los hechos: vicios naturalizados en la burocracia de la obra pública que, en este caso, terminaron costando tres vidas.
El fiscal Liotard lo resumió durante su alegato de apertura con una palabra que terminó definiendo todo el juicio: desidia. "Hay un factor común en todo el debate: la desidia", planteó, atribuyendo a todos los acusados, públicos y privados, "la falta de cuidado y la negligencia" en las distintas etapas administrativas y ejecutivas de la construcción de la escuela.
El fallo firme contra cinco responsables de la obra pública neuquina, sumado a la absolución de un alto funcionario, deja un antecedente ambiguo: por un lado, la primera condena penal firme en la provincia por una tragedia originada en irregularidades de obra pública; por el otro, la pregunta abierta sobre cuántas otras obras —escuelas, redes cloacales, asfalto— podrían esconder los mismos vicios que salieron a la luz recién después de que la negligencia se cobrara tres vidas.
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