La Armada apartó a nueve militares por una maniobra de fraude en haberes que podría llegar a $1.600 millones

La Armada Argentina dispuso el pase a disponibilidad de nueve militares involucrados en una denuncia penal por presuntas maniobras de fraude en la liquidación de haberes. El jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial mientras la causa judicial sigue su curso en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos. La decisión fue adoptada en el marco de la normativa vigente, la ley para el personal militar y el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

La propia Armada fue quien presentó la denuncia penal, luego de que una investigación interna detectara irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes. La presentación judicial estima el perjuicio en $938 millones, pero fuentes navales citadas por La Nación revelaron que las investigaciones internas en curso apuntan a que el monto total podría trepar hasta los $1.600 millones. Las maniobras irregulares habrían ocurrido entre julio de 2022 y enero de 2026.

Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos aunque no integra la fuerza naval: percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria. En la denuncia también se mencionan otras tres personas sin relación con la Armada: Andrés Santana ($99,4 millones), Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones) y Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones).

Viáticos falsos, cobros fantasma y suplementos con retorno: cómo operaba el esquema

La denuncia describe tres modalidades de fraude que operaban de manera simultánea dentro de la institución. La primera es la liquidación de falsos viáticos por servicios en el exterior: se asignaban montos en moneda extranjera por misiones o comisiones que no se realizaban, o que habían terminado, pero cuyos pagos continuaban procesándose.

La segunda es la de los "cobros fantasma": se habrían utilizado números de CUIL de personal retirado o dado de baja de la fuerza para acreditar haberes que nadie cobraba legítimamente. La tercera modalidad son los "suplementos con retorno": se liquidaban asignaciones por horas extras y especialidades como buceo u otras actividades a personal que no cumplía esas tareas, obligando luego a un retorno del 50% de lo cobrado.

Uno de los episodios más llamativos del escándalo involucra a la persona que lo destapó. Según trascendió en el edificio Libertad, sede de la Armada, la teniente de navío que detectó las irregularidades y las elevó a sus superiores habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no lo revelara. El dato fue uno de los que más impacto generó dentro de la institución.

La denuncia menciona a 23 personas involucradas, entre militares y civiles. Respecto al personal civil, la situación se maneja por marcos regulatorios diferentes a los militares. La Armada aclaró que la sanción preventiva al personal militar tendrá vigencia "hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado" y ratificó su "política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la institución".