La UIA apoyó la prohibición de bloqueos y tomas de empresas del megadecreto de Milei

Los industriales salieron en respaldo del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei en lo relacionado con el capitulo laboral. Lo hicieron este mediodía al recibir en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) al secretario de Trabajo, Omar Yasin, y su equipo de trabajo.

Los funcionarios fueron recibidos por presidente de la entidad Daniel Funes de Rioja y miembros del Comité Ejecutivo. “Las modificaciones implementadas muestran un camino para entender las nuevas realidades laborales y sientan las bases para que cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles”, señala un comunicado de la central empresaria.

Si bien los cambios en materia laboral no serían amplios, hay algunos aspectos que tienen que ver con limitaciones al derecho de huelga que interesan a los industriales. El DNU establece como causal de despido el bloqueo y la toma de plantas. También se ampliar de 3 a 8 meses los contratos de prueba, se eliminan las multas del costo indemnizatorio en caso de despido y se crean fondos de despido voluntarios, entre otros puntos conocidos hasta el momento.

“La UIA ponderó que las modificaciones incluídas propicien la creación de empleo formal, y que garantice la provisión de servicios esenciales y de importancia trascendental, a la vez que sancione expresamente los bloqueos a empresas”, dice la nota.

También se afirma que “la UIA consideró que la nueva normativa brinda previsibilidad y sustentabilidad a los procesos productivos y mejora las condiciones de empleabilidad y respeto a la iniciativa privada”. También se afirma que “la UIA consideró que la nueva normativa brinda previsibilidad y sustentabilidad a los procesos productivos y mejora las condiciones de empleabilidad y respeto a la iniciativa privada”.

La entidad recordó que había presentado las propuestas de su Libro Blanco a todos los candidatos presidenciales durante la campaña electoral entre las que se destacan la necesidad de “reducir la litigiosidad que afecta principalmente a las pymes, la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal; el fomento del nuevo empleo a partir de la reducción de cargas laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad”

También en el Libro Blanco se solicita “la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales; entre otras políticas que afectaban las sustentabilidad de las empresas y la creación de puestos de trabajo”.