La decisión del juez Roberto Gallardo de apartar del operativo a la ministra Patricia Bullrich fue revocada. La Cámara de Apelaciones porteña revirtió esta medida.
Este miércoles el operativo de seguridad en la marcha de jubilados estará a cargo de las fuerzas federales que se encuentran bajo la tutela de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El lunes pasado, el juez Roberto Gallardo hizo lugar a un amparo que realizó la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales donde se impedía que la Federal participe de la seguridad en la movilización de este 9 de abril. La resolución intimaba a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de coordinar el operativo.
Gallardo le indicó al ministerio de Seguridad de la Nación que "se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta".
Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires decidió este martes rechazar in limine el amparo.
La Cámara, integrada por los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik, argumentó que el fuero local no tiene competencia para pronunciarse sobre el accionar de fuerzas federales ni sobre la aplicación de normas nacionales como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentaciones.
Asimismo, la resolución estableció que los actores que interpusieron el amparo podrían reformular su planteo ante la Justicia Federal si lo consideraran necesario.
Tras la nueva resolución que brindó la Cámara, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, expresó que se va a "garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre".
El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció al juez Gallardo
Tras la decisión que tomó el juez el lunes, la cartera conducida por Bullrich presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Roberto Gallardo, donde se lo acusa de un mal desempeño de sus funciones.
Esta presentación fue realizada por Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.
El argumento de Nación es la indebida intervención del juez en atribuciones que le corresponden al Ejecutivo. Además, argumentaron que "habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos".
"La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad", se explicitó en el texto.
El pedido de las organizaciones sociales
El lunes, Gallardo hizo lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones para "evitar la participación de fuerzas federales" en la marcha de jubilados del día de hoy.
El juez ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se "abstenga" de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, "en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad".
Por otra parte, ordenó que se garantice "la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes" en el ámbito porteño y que se "delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales".
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