Paro de controladores aéreos: alertan por cancelación de vuelos hasta el 2 de marzo

El gremio que nuclea a los controladores aéreos anunció este sábado nuevas medidas de fuerza que podrían afectar la programación de vuelos en todo el país. El paro comenzarn el jueves 26 y se prolongará hasta el lunes 2 de marzo, en el marco de un conflicto por reclamos salariales y condiciones de trabajo.

Mediante un comunicado oficial, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) detalló el cronograma de la protesta, que consistirá en ceses de actividad de tres horas diarias y afectará la totalidad de los vuelos programados.

El cronograma del paro

El cronograma de las medidas es el siguiente: el jueves 26, la interrupción será de 15 a 18; el viernes 27, de 19 a 22; el sábado 28, de 13 a 16; el domingo 1, de 9 a 12; y finalmente, el lunes 2, la medida concluirá con un paro de 5 a 8 de la mañana.

La decisión de retomar las medidas de fuerza se tomó luego de que expirara el período de conciliación obligatoria, que había finalizado hace veinte días sin que se alcanzara un entendimiento entre las partes.

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En el texto difundido, ATEPSA calificó la protesta como una "medida legítima de acción sindical". Además, aclararon que la misma impacta únicamente en el "despegue de aeronaves, restringiendo las autorizaciones para aquellas que están en tierra. Tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante las horas de la medida".

Por último, el gremio subrayó que quedarán exceptuadas aquellas operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos que presten servicios sanitarios, humanitarios, de estado, y de búsqueda y salvamento.

Cuál es el reclamo de los controladores aéreos

La disputa no se limita únicamente al porcentaje de aumento. Los controladores aéreos también exigen mejoras en las condiciones laborales y en la infraestructura de seguridad aeronáutica. El gremio sostiene que la falta de inversión y la sobrecarga de tareas atentan contra la eficiencia del servicio.

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Esta postura choca de frente con la política de ajuste y reducción de gastos que impulsa la administración central en las empresas públicas y organismos descentralizados.