Vuelos en la mira: extienden la conciliación obligatoria con los controladores aéreos

El conflicto gremial que mantiene en vilo al transporte aerocomercial sumó un nuevo capítulo de tregua forzada. La Secretaría de Trabajo de la Nación resolvió extender por otros cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el diferendo entre el Gobierno y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Esta decisión busca garantizar la operatividad de los vuelos y frenar las medidas de fuerza que amenazaban con paralizar los aeropuertos de todo el país.

Los trabajadores reclaman una mejora salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. Según indicaron fuentes gremiales, la última oferta oficial resultó "insuficiente" para cubrir las expectativas del sector, lo que llevó la negociación al límite del vencimiento de los plazos legales.

Para los pasajeros de la región, la noticia trae un alivio temporal. Un paro de controladores aéreos no solo afecta a los grandes centros como Aeroparque y Ezeiza, sino que tiene un efecto dominó inmediato en las frecuencias que conectan a Neuquén con el resto del país.

paro controladores aereos

Durante la vigencia de esta nueva prórroga, las partes deberán sentarse nuevamente a negociar bajo la tutela de la autoridad laboral. El objetivo del Gobierno es estirar los plazos para evitar que el conflicto escale durante el receso de verano, una temporada donde el movimiento de pasajeros alcanza sus picos máximos.

Sin embargo, desde ATEPSA advirtieron que la paciencia de las bases está agotada y que, de no mediar una propuesta superadora, el cese de actividades será inevitable una vez concluido el plazo legal.

Cuál es el reclamo de los controladores aéreos

La disputa no se limita únicamente al porcentaje de aumento. Los controladores aéreos también exigen mejoras en las condiciones laborales y en la infraestructura de seguridad aeronáutica. El gremio sostiene que la falta de inversión y la sobrecarga de tareas atentan contra la eficiencia del servicio.

Esta postura choca de frente con la política de ajuste y reducción de gastos que impulsa la administración central en las empresas públicas y organismos descentralizados.

controladores

Mientras dure la conciliación, el sindicato está legalmente impedido de realizar huelgas o asambleas que afecten el servicio. Por su parte, el Estado tampoco puede aplicar sanciones ni despidos relacionados con el conflicto. Esta "paz social" por decreto es la última herramienta que tiene el Ministerio de Capital Humano para intentar destrabar una situación que parece estancada desde hace meses debido a la brecha entre los pedidos sindicales y las posibilidades fiscales.