Piden informes por un buque petrolero británico en Ushuaia

Diputados del Peronismo Federal presentaron un proyecto de resolución para pedir informes al Poder Ejecutivo sobre la actividad del buque petrolero “VS PROMISE” en el Puerto de Ushuaia.

La iniciativa está firmada por los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos, entre otros, y solicita que el Gobierno informe, a través de la Cancillería, el Ministerio de Economía, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y otros organismos competentes, sobre el ingreso, permanencia, amarre y operación de la embarcación.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el pedido apunta al buque petrolero “VS PROMISE”, número IMO 9351438, registrado en la Isla de Man, y a su presencia en el Puerto de Ushuaia y en otros espacios marítimos, instalaciones portuarias o hidrocarburíferas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El proyecto solicita conocer la fecha y hora de ingreso del buque a aguas jurisdiccionales argentinas, su itinerario completo, puertos de procedencia y destino, Estado de bandera y registro, agente marítimo interviniente y actividades realizadas durante su permanencia en territorio argentino.

También requiere que se informe si la embarcación operó previamente en la monoboya marítima de Río Cullen o en otras instalaciones vinculadas con la extracción, carga, almacenamiento o transporte de hidrocarburos.

En ese punto, los legisladores pidieron detalles sobre la fecha, duración y características de cada operación, tipo y volumen de la carga, origen y destino, empresas contratantes, productoras, operadoras, propietarias, armadoras, fletadoras y beneficiarias finales.

Piden aclaraciones respecto a quién aprobó el ingreso del buque

La iniciativa también reclama precisiones sobre las autorizaciones administrativas, marítimas, aduaneras, ambientales, portuarias e hidrocarburíferas otorgadas, además de los organismos y funcionarios que intervinieron en su autorización y control.

Los diputados solicitaron identificar qué organismos autorizaron el ingreso del buque a aguas jurisdiccionales argentinas, su navegación, el acceso al Puerto de Ushuaia, el amarre y la operación portuaria, con detalle de los actos administrativos, expedientes, autoridades responsables y fundamentos jurídicos, técnicos, operativos, comerciales, ambientales, políticos y estratégicos.

El proyecto pregunta además por la intervención de la ANPyN y de la Unidad Ejecutora de la intervención del Puerto de Ushuaia en la autorización, coordinación, supervisión y ejecución de la operación.

En particular, pide conocer qué autoridades y funcionarios de la ANPyN tomaron conocimiento o participaron de la decisión, la intervención de la Gerencia de Coordinación Técnica y de otras áreas, los informes producidos y las instrucciones impartidas al personal del puerto.

La presentación también requiere información sobre la participación o asistencia de la Administración General de Puertos S.A.U. en liquidación y las comunicaciones mantenidas con la Prefectura Naval Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Cancillería, las autoridades nacionales con competencia en hidrocarburos y el Gobierno provincial.

Otro de los puntos centrales del pedido apunta a determinar si el canciller Pablo Quirno fue informado o consultado previamente sobre el ingreso y amarre del buque, y si existió intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las áreas de la Cancillería con competencia en la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.

Los legisladores también pidieron saber si la Cancillería realizó una evaluación previa sobre las implicancias políticas, diplomáticas, jurídicas o estratégicas de la operación, teniendo en cuenta la localización del Puerto de Ushuaia, la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Las características del buque y el reclamo local

En los fundamentos, el proyecto señala que, de acuerdo con información difundida públicamente, el VS PROMISE es un buque petrolero de aproximadamente 228 metros de eslora, que habría operado previamente en instalaciones vinculadas con la actividad hidrocarburífera de Río Cullen y luego amarró en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia.

La presentación indica que la presencia de la embarcación generó un reclamo formal del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que solicitó conocer los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar la operación.

Los diputados recordaron que, mediante la Resolución 4/2026, la ANPyN dispuso por doce meses la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia y asumió su gestión operativa, técnica y administrativa.

De acuerdo a los fundamentos, el Gobierno nacional justificó esa decisión por presuntas irregularidades administrativas y financieras, deficiencias de infraestructura, problemas de seguridad operativa y la necesidad de garantizar una administración responsable de los recursos portuarios.

El texto sostiene que el propio Gobierno nacional destacó la importancia estratégica y geopolítica del puerto, su carácter de punto clave para la soberanía territorial argentina y su función esencial para la proyección nacional sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

Por ese motivo, los legisladores plantearon que el Poder Ejecutivo debe explicar de qué manera la autorización del ingreso, amarre y operación del buque resulta compatible con los fundamentos de soberanía, seguridad, transparencia y protección del interés nacional invocados para intervenir el puerto.

La iniciativa también solicita saber si se verificaron los antecedentes del buque, su propietario registral, armador, operador técnico, agente marítimo, fletador, contratante y beneficiario final.

En particular, el proyecto pide determinar si alguno de ellos posee vínculos societarios, comerciales u operativos con empresas que desarrollen actividades no autorizadas por la Argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur o en los espacios marítimos circundantes.

Además, reclama conocer si se evaluó la eventual aplicación de la Ley 26.659, sus modificatorias y normas reglamentarias, referidas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, y si se verificó el cumplimiento del Decreto 256/2010.