Qué obstáculos podría tener Javier Milei para privatizar las empresas públicas

Con la presentación de la llamada “Ley Ómnibus”, el Gobierno detalló el listado de las 41 empresas públicas que busca privatizar. Entre las más conocidas están YPF, Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, el Banco Nación, el Correo, AySA y Enarsa.

Según el texto, para avanzar con las privatizaciones, las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas “en las cuales el Ejecutivo podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

Varios analistas, las empresas públicas pueden estar amparadas jurídicamente bajo distintas normativas y se catalogan como Sociedades Anónimas, Sociedades del Estado, y Empresas del Estado u otras entidades, entre otras clasificaciones. Desarrollan su actividad bajo formatos diversos, desde sociedades anónimas de derecho privado donde el Estado es el único accionista y otras donde el Ejecutivo es socio mayoritario junto a otros accionistas privados.

Los expertos sostienen que entre los posibles obstáculos para privatizar las empresas públicas figuran las características jurídicas: las Sociedades del Estado no se pueden liquidar o cerrar ni privatizar sin una ley, mientras que las Sociedades Anónimas son más ‘flexibles’ pero en sus leyes de creación se establecen determinadas condiciones para venderlas.

Es decir, no todas las empresas pueden pasarse a manos privadas rápidamente, sino que hay que revisar las particularidades de cada una respecto a su conformación y reglamentaciones. Por ejemplo, en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) habrá que definir qué hacer con el 10% de acciones Clase B que están en manos de los trabajadores.

YPF.

YPF es una de las empresa del estado que podrían ser privatizadas por Javier Milei. Foto archivo.

También será clave la forma en que fueron creadas estas empresas: si se conformaron a través de un decreto, el Ejecutivo podría derogar el decreto de creación, pero si lo hicieron a través de una ley será necesario el aval parlamentario. Entonces, en este último caso (que abarca a la mayoría de las empresas públicas), Milei deberá negociar el quorum para iniciar el tratamiento y conseguir los respaldos suficientes para aprobarlo en ambas cámaras. Es decir, el procedimiento será complejo en términos de acuerdos y tiempos.

Por otra parte, las intenciones privatizadoras podrían tener límites constitucionales. Algunos constitucionalistas aseguran que, a diferencia de lo ocurrido en los ‘90, ahora el proceso no podría afectar a derechos de los usuarios vinculados a servicios esenciales, como el agua. Esta postura se basa en el artículo 42 de la Constitución, que establece que “los usuarios (…) tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”. En otras palabras, si hay privatización, el Estado debería probar que traerá mayores beneficios a los usuarios.

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La Cámara de Diputados, ante la jura de los nuevos integrantes.

Foto: Télam.

Por último, si el Congreso avalara la venta de las empresas públicas al sector privado, un interrogante sería cómo valuar correctamente a las compañías. El problema es que la única que podría tener un valor de referencia es YPF porque cotiza en el mercado, pero para el resto habrá que examinar por separado cada uno de sus activos y pasivos.