Se hizo una cirugía estética y terminó en juicio: la razón por la que cobrará más de $20 millones

Una intervención estética que prometía mejorar la imagen corporal terminó en un proceso judicial millonario. Una joven obtuvo un fallo favorable de la Justicia Nacional en lo Civil luego de denunciar graves irregularidades durante una cirugía abdominal y en el seguimiento posterior.

El juez consideró acreditada la responsabilidad profesional y ordenó una indemnización superior a 20 millones de pesos por daños físicos, psicológicos y estéticos.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Infobae, la paciente tenía 23 años al momento de los hechos, y decidió someterse a una abdominoplastia con lipotransferencia en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. El contacto inicial con el cirujano ocurrió por redes sociales, donde coordinó la consulta y luego la intervención.

La operación se realizó en diciembre de 2020. A las pocas horas, la joven recibió el alta con indicaciones de reposo absoluto y la promesa de retirar los drenajes a los cuatro días. Desde ese momento comenzaron los problemas.

Dolor intenso, falta de controles y un posoperatorio sin acompañamiento

Tras regresar a su domicilio, la paciente sufrió dolores severos y dificultades para moverse. La cicatrización avanzó de manera irregular y quedó imposibilitada de levantarse de la cama sin ayuda. Según consta en el expediente, intentó comunicarse varias veces con el médico, sin respuestas.

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Días después volvió a la clínica, pero no recibió atención directa del profesional. Los drenajes permanecieron colocados más tiempo del recomendado y, al aparecer signos de infección, acudió por su cuenta a una guardia para retirarlos.

Cuando finalmente logró una consulta, la atendió un ayudante, quien sugirió curaciones con azúcar y postergó el retiro de puntos. El cirujano volvió a diferir controles posteriores y, al concretarse uno de ellos, descartó urgencias y aseguró que la herida cerraría sin dejar marcas visibles.

La evolución no acompañó ese pronóstico. Frente a molestias persistentes y una cicatriz que consideró anormal, la joven buscó atención en otro centro médico y cortó el vínculo con el profesional demandado.

En mayo de 2021, una médica distinta retiró puntos que todavía permanecían colocados y le informó que el hilo quirúrgico utilizado no resultaba adecuado por su tendencia a generar infecciones y dolor. La secuela estética afectó su vida personal y laboral: llegó a cerrar su emprendimiento y necesitó apoyo externo para el cuidado de su hija.

Demanda millonaria: qué determinó la pericia realizada

La demanda incluyó reclamos por incapacidad psicofísica, gastos médicos, tratamiento psicológico, movilidad, daño moral, afectación del proyecto de vida y daño estético. Aunque el pedido inicial rondaba los 12 millones de pesos, el monto final fijado por el tribunal superó esa cifra.

Durante el proceso, las aseguradoras del médico y de la clínica intentaron limitar la cobertura. La empresa vinculada al establecimiento sostuvo que no existía relación laboral con el cirujano, mientras que el profesional alegó que su obligación era de medios y no de resultado.

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El eje del fallo se apoyó en la pericia médica. La especialista designada por el tribunal concluyó que el consentimiento informado no cumplía con los requisitos legales y no detallaba de manera clara el procedimiento autorizado. Además, la historia clínica resultó deficiente, sin registros precisos sobre la técnica empleada, los materiales utilizados ni el seguimiento posoperatorio.

El informe estableció que la cicatriz guardaba relación directa con el método quirúrgico aplicado y la ausencia de controles adecuados. La perito fijó un 11% de incapacidad por daño estético y recomendó una nueva cirugía correctiva, con un costo estimado entre USD 3.500 y USD 4.500.

En paralelo, una evaluación psicológica determinó una incapacidad permanente del 15%, asociada a un trastorno adaptativo crónico. El dictamen describió angustia, inseguridad y malestar persistente, además de impactos concretos en la vida cotidiana y en el vínculo de pareja.

El fallo: responsabilidad médica y una indemnización millonaria

El juez analizó el caso bajo el marco legal aplicable a la cirugía estética, donde el profesional debe actuar con diligencia y conforme a las mejores prácticas. Aunque no se exige garantizar un resultado específico, en este tipo de intervenciones la carga probatoria recae con mayor rigor sobre el médico.

La sentencia subrayó la falta de información adecuada, la ausencia de registros clínicos completos y el seguimiento insuficiente. Estos elementos activaron la responsabilidad profesional y justificaron la condena.

Respecto de la clínica, el magistrado la desligó del proceso al comprobar que la paciente contrató al cirujano de manera privada, sin vínculo laboral con el establecimiento.

El juicio fijó una indemnización total de $20.980.000, que incluye rubros por incapacidad psicofísica, daño moral, tratamiento psicológico, gastos médicos y movilidad. El seguro del médico deberá responder hasta el límite de la póliza, y el demandado afrontará además las costas del juicio.

La resolución también contempló un resarcimiento por la afectación del proyecto de vida, al considerar que la secuela estética alteró expectativas personales y generó una frustración profunda. El juez remarcó que la confianza depositada en un profesional resulta central en este tipo de cirugías, y que su quiebre merece una compensación proporcional.