Una mujer denunció a una pastora evangélica por prestar dinero con intereses excesivos y amenazas

Una grave denuncia por usura, extorsión y amedrentamiento violento salió a la luz tras el testimonio de una mujer que cayó en las redes de una financiera informal que operaba a través de las redes sociales.

La víctima, identificada como Mabel, rompió el silencio en una entrevista con el noticiero Telenoche para exponer el calvario que enfrenta desde que solicitó un préstamo de dinero de baja escala y terminó sumergida en una espiral interminable de deudas, recargos desmedidos y severas amenazas.

El origen del conflicto se remonta al período comprendido entre marzo y abril del año pasado. Ante una urgencia económica de índole personal, la mujer acudió a una entidad digital que se promocionaba en la plataforma Facebook bajo la denominación de "Génesis y Asociados" para solicitar un crédito por la suma de $250.000.

Al acordar las condiciones iniciales del trámite, la solicitante desconocía por completo quiénes eran las personas reales que manejaban la estructura operativa detrás de esa página comercial.

Con el transcurso de los días y el avance de las conversaciones, Mabel descubrió que una de las principales responsables vinculadas a la administración del dinero era una líder religiosa activa en plataformas digitales bajo el seudónimo de "Chris Jabnoski".

La víctima se anotició de esta condición de manera imprevista mediante un mensaje de difusión masiva recibido en su teléfono celular, confirmando que durante la etapa inicial del pedido de dinero no existía indicio alguno que asociara a la prestamista con el ejercicio del pastorado evangélico.

Las condiciones pactadas para la devolución del capital contemplaban un esquema de cuotas fijas de pago semanal. En una primera instancia, la deudora debía abonar $52.600 cada siete días. Sin embargo, tras perder su fuente laboral y sufrir los primeros atrasos en el cronograma, los administradores incrementaron los valores de forma unilateral, elevando la cuota semanal a $70.000.

La mecánica de cobro implementada no contaba con ningún tipo de contrato escrito ni respaldo legal, gestionándose la totalidad de las operaciones mediante mensajes de whatsapp. En ese contexto, los prestamistas aplicaban severos castigos económicos ante el menor incumplimiento horario.Según contó la denunciante, si la transferencia del dinero se demoraba tan solo un minuto respecto del horario límite exigido, se le aplicaba de inmediato un recargo de $65.000.

El ahogo financiero se profundizaba si el pago no se concretaba en la misma jornada y pasaba al día siguiente, sumando un recargo automático de otros $65.000. Asimismo, cuando los cobradores se personaban físicamente en el domicilio particular de la deudora para exigir el dinero en efectivo, le adicionaban una tarifa extraordinaria de $85.000 en concepto de gastos de viáticos y combustible.

A pesar de que la mujer llegó a pagar una cifra acumulada de $4.000.000 —multiplicando por dieciséis el monto originalmente otorgado—, las exigencias de dinero nunca cesaron. La damnificada explicó que debió volcarse a la venta ambulante en la vía pública para reunir ingresos diarios, pero la totalidad de lo recaudado era entregado a los prestamistas para frenar la presión en lugar de destinarlo a la alimentación de sus propios hijos.

Foto: captura Telenoche.

El hostigamiento escaló hacia amenazas de extrema violencia a partir de octubre, intensificándose en el mes de diciembre. Los agresores amedrentaban a la víctima asegurándole que enviarían a presas liberadas a irrumpir en su casa para destrozar sus pertenencias, dispararle y dejarla en silla de ruedas. Durante la cobertura televisiva, se exhibieron capturas de pantalla de los mensajes recibidos, entre las que figuraba una foto de la vía pública cercana a su domicilio acompañada con la frase: "Estamos yendo a buscarte, sabemos dónde vivís".

Ante el peligro inminente para su integridad física y la de su familia, Mabel formalizó la correspondiente denuncia penal en las instalaciones de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, las autoridades judiciales se encuentran investigando el funcionamiento de la presunta red usurera, la legalidad de la firma y la identidad de los responsables detrás de las extorsiones.