Está acusado de haberlo amenazado con presentar el caso si no le conseguía un puesto en el Estado. En 2024, la sospecha sobre el alcalde tuvo alta repercusión.
Un abogado acusado de haber usado una denuncia de abuso sexual como herramienta de presión contra el intendente de Trelew, Gerardo Merino, fue elevado a juicio oral por el delito de coacciones agravadas.
El juez Gustavo Castro hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso que el caso pase a debate público. La fecha de la primera audiencia todavía no fue fijada.
El imputado es Gastón Bordier, a quien acusan de haberle exigido al intendente que había asumido unos meses antes le consiguiera un puesto de asesor en la Dirección de Transporte de la provincia, bajo amenaza de presentar una denuncia de abuso sexual en su contra.
Su clienta y supuesta víctima de Merino era Belén Tromador, empleada municipal, quien a su vez habría reclamado su pase a planta permanente del Municipio. También fue imputada por el caso.
La presunta extorsión del abogado
Según estableció la fiscalía, el 26 de abril de 2024 abogado y jefe comunal se reunieron en el estudio jurídico de Bordier, donde éste reiteró sus exigencias.
El intendente le preguntó directamente si lo estaba extorsionando. La respuesta del abogado, según la acusación, fue: "No, esto es así. Si no, sigo con la denuncia", y le dio un plazo de 48 horas para cumplir.
Siempre según la fiscalía, al vencerse ese término Bordier volvió a contactarlo solo para avisarle que avanzaría con la acusación.
Mensajes de WhatsApp que son clave
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran mensajes de WhatsApp que Bordier habría enviado al intendente.
En uno de ellos, el abogado le escribió: "Mirá Gerardo, vamos a acomodarla porque esto pasa a mayores, yo hoy estoy yendo a Rawson, estoy certificando las denuncias, ya tengo certificando por escribano los mensajes, ya tengo oficio de las telefonías de a quién pertenecen los números”, enumeraba.
El mensaje continuaba: “ Entonces yo no la quiero hacer jodida por el tema de Belén Tromador. Yo te cumplo hasta mañana, mañana vos y yo hablamos. No la estiremos con Marito y compañía. No jodamos con este tema. Vos y yo nos sentamos a hablar y la acomodamos. Esto no se trata de ver quién la tiene más larga."
Pedirían una dura pena
Los hechos investigados abarcan el período comprendido entre abril y noviembre de 2024, cuando se hizo la denuncia, que tomó estado público con alta repercusión en Trelew y todo Chubut.
La causa también es impulsada por la querellante Gladys Olavarría, abogada del intendente.
Tanto fiscalía como querella, según informó Canal 12, irían por una pena de hasta 10 años de prisión para el acusado. Se espera que en el debate oral declaren el intendente y Tromador.
De escándalo a posible extorsión
El 15 de noviembre de 2024, Tromador radicó la denuncia por abuso sexual, llevando adelante el plan que —según la fiscalía— había acordado con su abogado.
La acusación tuvo impacto político y mediático inmediato sobre el intendente, que había asumido el cargo apenas un año antes, en diciembre de 2023.
Sucede que un importante intendente de la provincia, aliado político del gobernador Ignacio Torres, que por entonces cursaba su primer año de gestión, afrontaba una grave acusación de abuso sexual.
Frente a la trascendencia pública del caso, el jefe comunal se presentó de manera espontánea ante la fiscalía y entregó su teléfono celular como prueba.
Una conversación tergiversada
El análisis del dispositivo, según informó su abogada, reveló conversaciones completas que no coincidían con los chats aportados por la denunciante.
"Advertimos que habían eliminado una gran cantidad de mensajes cruciales. Presentamos el chat completo del intendente, y ahí se puede verificar que no es tan contundente la evidencia presentada por la otra parte", declaró en su momento la representante legal del alcalde trelewense.
La denuncia de abuso fue desestimada por el Ministerio Público Fiscal. "No existe evidencia ni física ni psicológica de que la señora haya sido abusada", confirmó Olavarría.
La desestimación quedó firme en agosto de 2025 y el caso cambio diametralmente. Ahora, tanto la denunciante como su abogado pasaron a ser los juzgados por presunta extorsión.
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