Qué dijo la jueza del beso con un preso tras las críticas a su decisión de ampliar los recreos de detenidos

La jueza de Ejecución subrogante de Chubut, Mariel Suárez, que en 2022 protagonizó un escándalo por un video que la mostraba besándose con un preso en la cárcel de Trelew, rompió el silencio tras la polémica por su decisión de ampliar el recreo de los detenidos en una comisaría de Comodoro Rivadavia.

En una entrevista dijo que evalúa qué instancias legales seguir y denunció violencia institucional dentro del Poder Judicial.

Además, reclamó por su obra social, sus sueldos pendientes de pago y el reconocimiento de su antigüedad en la justicia.

Qué dijo luego de las críticas

Suárez sostuvo que se está desinformando y que le llamó la atención que, a partir de su reciente decisión, volviera a circular información sobre el jury que derivó en su destitución y posterior restitución en el cargo.

En ese sentido, cuestionó el uso público de un video del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew que, según sostiene, se obtuvo de manera ilegal.

"Me restituyeron y ese no fue el motivo de la destitución", aseguró en diálogo con La Opinión Austral. Y se preguntó por qué los medios insisten con esa versión.

En ese marco planteó: "¿Qué me queda a mí para hacer como mujer si me siguen vapuleando?".

Además, adelantó que evaluará los pasos a seguir ante la repercusión de su intervención en la resolución de hábeas corpus del 16 de septiembre de 2026, ante un recurso presentado por defensores públicos en representación de seis detenidos de la Seccional Sexta de Comodoro.

La decisión sobre el recreo de los presos

La resolución de Martínez dispone una ampliación gradual del recreo para seis detenidos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.

Hasta ahora salían una hora por día de sus celdas. El nuevo régimen permite llegar de manera progresiva a hasta seis horas diarias destinadas a aseo, limpieza y esparcimiento.

El planteo lo hizo la Defensa Pública, que constató que los internos pasaban hasta 22 horas diarias encerrados, en celdas de aproximadamente 3 por 4 metros.

Los abogados expusieron la falta de recursos humanos y materiales de la Policía para custodiar el aseo, el esparcimiento y las visitas de forma segura, además de roces de convivencia entre los alojados en la sede policial.

Por eso pidió extender el esparcimiento hasta las 23.

La jefatura policial y las autoridades de Seguridad argumentaron que había que priorizar el orden y la integridad física en la dependencia.

Mariel Suárez, jueza de Chubut.

Propusieron una ampliación gradual entre las 16 y las 22, de manera fraccionada, sujeta al comportamiento de los detenidos y al refuerzo de la custodia de la Unidad Regional.

La audiencia se hizo en la Oficina Judicial, con representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad de Chubut, autoridades policiales, la Defensa Pública y cuatro de los reclusos.

La jueza Suárez homologó la propuesta consensuada, contra el compromiso de los internos de mantener la conducta.

También ordenó al jefe de la comisaría elevar informes periódicos y dejó asentado que emitirá por escrito su resolución sobre el fondo del hábeas corpus.

El argumento de la Defensa Pública

El abogado de la Defensa Pública, Julián Pulgar, explicó cuando se conoció la decisión de Martínez que la Ley de Ejecución contempla períodos específicos para el aseo, la limpieza, las visitas y el esparcimiento de las personas privadas de su libertad.

Señaló que en la Seccional Sexta esas condiciones no se cumplían por la falta de recursos y por dificultades de convivencia entre algunos detenidos, según los argumentos de los propios policías a cargo de los calabozos.

Pulgar sintetizó el fundamento así: "Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización".

Las críticas del gobernador de Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había cuestionado la resolución en diálogo con Canal 7 de Chubut.

La calificó como "una tomada de pelo más" de la Justicia y volvió a mencionar la controversia generada por un otra resolución judicial, que le ordenó a su administración incluir carne en las comidas que se les sirve a los precios de la cárcel y la alcaidía de Trelew..

"Hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes", se quejó Torres luego de difundida la decisión de la jueza, que fue restituida en su cargo en julio de 2026.

El mandatario sostuvo que los jueces garantistas parecen "más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas".

Además, definió la situación como "triste, indignante y frustrante" y anticipó que el Ejecutivo provincial apelará el criterio adoptado.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Los dichos causaron gran impacto en el Poder Judicial, sobre todo porque el fallo se basa en la homologación de un acuerdo derivado de un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública.

Según se informó, a la par de las críticas, la jueza recibió apoyo y solidaridad de algunos sectores de la Justicia y de otros ámbitos.

"Violencia institucional"

Más allá de la polémica pública por los recreos de los detenidos, la jueza se refirió a conflictos administrativos dentro del Poder Judicial y los calificó como episodios de violencia institucional contra ella.

Como ejemplo, contó una situación que enfrentó recientemente, luego de su restitución, cuando pidió un certificado de servicios para presentarse a un concurso.

El documento incluyó sus antecedentes de destitución, que el STJ declaró nula.

. "Tuve que pedirle a la oficina de género del Superior Tribunal que intervenga", explicó, para que rehicieran el certificado limitado a fecha de ingreso, funciones y lugar de trabajo.

Y cuestionó: "Lo conseguí, me dieron el certificado, pero eso es violencia institucional".

El reclamo judicial pendiente tras su restitución

Otro reclamo de la jueza luego de que logró su restitución es por su cobertura médica.

Suárez contó que, cuando fue a atenderse con un médico, todavía no tenía obra social, pese a ser jueza penal desde 2009.

"Yo soy una empleada que imparte justicia y no tengo obra social", cuestionó, y se preguntó quién la atendería si le pasara algo.

Sostuvo que su situación no debería impedirle acceder a la cobertura que corresponde a su relación laboral.

Agregó que no le pagaron los sueldos, que no le reconocen la antigüedad y que sigue con "peleas internas".

"Es mucha la violencia institucional", insistió.

La jueza confirmó que seguirá participando de concursos dentro del Poder Judicial en igualdad de condiciones: "Yo soy una concursante más", afirmó.

Igualmente, reconoció que la exposición de su caso vuelve difícil separar su actividad profesional de la repercusión pública, y mantiene abiertos sus reclamos mientras analiza posibles presentaciones.

Escándalo, destitución y regreso al cargo

A fines de diciembre de 2021, cámaras de seguridad del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew registraron una visita de Suárez a Cristian Omar "Mai" Bustos, condenado por dos homicidios, entre ellos el de su hijastro, un bebé de nueve meses.

Las imágenes, difundidas semanas después, mostraban contacto físico y un aparente beso, y derivaron en una denuncia, una investigación administrativa y un proceso de jury.

En noviembre de 2023, un Tribunal de Enjuiciamiento la destituyó por mayoría.

Consideró que no había sido imparcial en el juicio en el que ella misma había condenado a Bustos, y que había mentido (dijo tener fiebre) para ausentarse de una audiencia en Comodoro Rivadavia y quedarse en Trelew para hacer la visita.

Paralelamente, en octubre de 2024, la jueza fue sobreseída en la causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, iniciada por la acusación de una fiscal.

El tribunal penal consideró su conducta "éticamente reprochable", pero entendió que no configuraba delito.

Ese fallo, probablemente, abrió la puerta para que Martínez avanzara ante la Justicia para volver a su cargo.

En junio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut finalmente anuló la destitución y ordenó su restitución en el cargo.

Entendió que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Báez, había actuado con parcialidad por haber intervenido antes en la investigación.