Quedó firme la condena por corrupción a una exministra de Chubut que contrataba ñoquis
El STJ rechazó el recurso de su defensa y cerró la resonante causa “Noquis Calientes”, confirmando la pena de Cámara tanto para ella como para sus "empleados".
Corrupción: quedó firme la condena a una exministra de Chubut que contrataba ñoquis.
El Superior Triubunal de Justicia de Chubut dejó firme este viernes 29 de mayo de 2026 la condena contra Cecilia Torres Otarola, exministra de Desarrollo Humano y Familia, en la causa "Ñoquis Calientes", uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años en la provincia.
De este modo, quedó firme la condena a dos años y ocho meses de prisión en suspenso y una dura sanción complementaria: quedará inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Torres Otarola fue diputada y ministra provincial durante la gestión del ex gobernador Mariano Arcioni.
La máxima autoridad provincial local rechazó las impugnaciones extraordinarias presentadas por su defensa y la que representaba a sus "empleados" y confirmó íntegramente lo resuelto en junio de 2025 por la Cámara Penal de Trelew cuando desestimó una apelación al fallo de primera instancia.
Además, les impuso a los condenados las costas del proceso.
Cosa juzgada
De este modo, la máxima autoridad judicial de la provincia cierra todas las instancias posibles para la causa en la jusitica local.
El fallo fue firmado por los ministros Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidán —quien presidió el acuerdo—, Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto con el juez de Cámara Martín Roberto Montenovo, en el expediente N° 7308 de la Oficina Judicial de Rawson.
Otros tres condenados, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, también vieron confirmadas sus penas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
Las impugnaciones habían sido presentadas por la defensora particular Florencia Barba, representante de los tres, y por el abogado Romano Cominetti, defensor de Torres Otarola.
El "retorno" para la diputada
La causa "Ñoquis Calientes" investigó dos esquemas de corrupción atribuidos a Torres Otarola en distintos momentos de su trayectoria como funcionaria pública.
El primero ocurrió durante su período como diputada provincial: según acreditó la Justicia, exigía a sus asesores legislativos la entrega de aproximadamente el 50% de sus salarios.
El dinero era recolectado por su colaboradora Silvana Cañumil, también condenada en primera instancia y por la Cámara, y luego transferido a cuentas vinculadas a Torres Otarola.
Culpable de concusión
El STJ ratificó que esa conducta configuró el delito de concusión, previsto en el artículo 266 del Código Penal.
Esa figura corresponde a los casos en que la exigencia de un pago o contribución, ya sea para sí mismo o para un tercero, se realiza a través de una una imposición directamente vinculada al cargo que ocupa un funcionario público, y no a un acuerdo voluntario.
Los jueces del tribunal superior consideraron, en acuerdo con el tribunal y la Cámara, que la entonces legisladora había incurrido en ese delito.
"Empleados" que vivían muy lejos
El segundo tramo de la investigación estuvo centrado en las designaciones que Torres Otarola realizó durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.
La Justicia acreditó que nombró a Rodera como directora general y a Solari Rodera y Reto Trelles como directores provinciales, pese a que los tres tenían domicilio en Buenos Aires y nunca cumplieron funciones efectivas en Chubut.
Para el STJ, las designaciones se realizaron sabiendo que los nombrados no prestarían tareas, lo que configura fraude a la administración pública.
Los magistrados remarcaron que la maniobra provocó un perjuicio económico al Estado provincial mediante el uso indebido de estructuras y recursos públicos.
La causa Ñoquis Calientes
La denuncia original fue presentada por el contador Martín Sandoval, exfuncionario de Torres Otarola, quien declaró que varias de las personas contratadas no solo no vivían en Chubut, sino que jamás habían pisado la provincia.
La investigación y el juicio oral estuvieron a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, actual titular de la Fiscalía de Trelew.
La causa se extendió durante cuatro años.
El juicio oral comenzó en diciembre de 2024 y derivó en la condena de cinco de los siete imputados originales; dos fueron absueltos por falta de pruebas.
Con este fallo del STJ, se convierte en la primera causa por ñoquis en Chubut que alcanza una condena firme.
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