La Justicia determinó el castigo para Cecilia Torres Otarola en el marco de la causa conocida como “Ñoquis Calientes”.
Cecilia Torres Otarola es oriunda de Trevelin y su carrera política en la provincia de Chubut estuvo vinculada en varias oportunidades con cuestiones explosivas. La última de ellas derivó en una condena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa en la que fue encontrada culpable por hechos de corrupción en el marco de la causa conocida como “Ñoquis Calientes”.
Terapista ocupacional de profesión, labor que llegó a desempeñar en hospitales de distintos puntos de la provincia, la exdiputada y exministra chubutense estuvo en las filas de Mario Das Neves, Martín Buzzi y Mariano Arcioni, quien la separó de ese último cargo a mediados de 2020, en medio de un escándalo por las denuncias recibidas.
De todos modos, su protagonismo público no solo estuvo apegado a su actividad política y a la reivindicación de los derechos de la mujer que profesó, sino también a otras polémicas.
Por caso, en 2018, tuvo que salir a defenderse de las críticas por la publicación en las redes sociales de unas fotos en las que, de espaldas, lucía la camiseta de Lionel Messi.
“Un simple culo tapa toda la lucha. Tapa las leyes que logré, las que se aprobaron en apenas dos años de gestión: 40 proyectos en 2016, 46 en 2017, 13 en este 2018”, cuestionó en mayo de ese año, antes del Mundial de Rusia.
Posteriormente, fue designada por Arcioni en el cargo desde el cual, según la Justicia, cometió los delitos de defraudación a la administración pública y exacciones ilegales (concusión): ministra de Desarrollo Humano y Familia.
La denuncia fue realizada por el contador Martín Sandoval, un ex funcionario suyo, quien declaró que muchas de las personas contratadas por Torres Otarola no sólo no vivían en Chubut, sino que jamás habían pisado la provincia.
El pedido del fiscal y la condena para la exfuncionaria de Chubut
El Ministerio Público Fiscal de Chubut, por intermedio del fiscal general jefe Omar Rodríguez, solicitó el pasado 7 de enero una condena de tres años y seis meses para Torres Otarola.
Además, pidió “la inhabilitación especial perpetua y la devolución de los montos de perjuicio provocados a la administración pública que se determinen de acuerdo con lo expuesto en la respectiva acusación”.
Según explicó oportunamente el Ministerio Público Fiscal chubutense, Torres Otrola fue encontrada responsable de “cuatro hechos del delito de fraude a la administración pública y tres hechos del delito de exacciones ilegales”. Este último cargo, explicó el ente, “significa el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores”.
En resumen, a Torres Otarola se la encontró culpable de pedirle a sus asesores legislativos que le depositen la mitad del sueldo, según informó el Ministerio Público Fiscal a fines de diciembre, tras la lectura por videoconferencia del veredicto por el cual resultaron absueltos Branco Rodera Neira y Jackelina Rodera, otros dos imputados.
Los jueces integrantes del tribunal, la doctora Marcela Pérez Bogado y los magistrados José Ennis y Carlos Richeri, establecieron un castigo de tres años de prisión en suspenso, la inhabilitación para ejercer como funcionaria, el pago de las costas del proceso y apegarse a distintas normas de conducta. De todas maneras, continuará en libertad.
En tanto, para Silvia Cañumil, Retro Trelles, Mara Rodera y Facundo Solari Rodera, los funcionarios contratados irregularmente, la Justicia dictaminó un castigo de dos años de prisión en suspenso y la misma inhabilitación perpetua que Torres Otarola por “defraudación a la administración pública como partícipes necesarios en diversos hechos”.
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