Ñoquis Calientes en Chubut: solicitaron penas que van hasta tres años y seis meses de prisión

El Ministerio Público Fiscal de Chubut, por intermedio del fiscal general jefe Omar Rodríguez, solicitó este martes condenas que van de los dos años a los tres años y seis meses de prisión para los exfuncionarios y empleados públicos que fueron encontrados culpables por hechos de corrupción en el marco de la causa conocida como “Ñoquis Calientes”.

Según informó ese organismo tras la audiencia de cesura de pena llevada a cabo en horas de la mañana, para Cecilia Torres Otarola se solicitó un castigo de tres años y seis meses de prisión.

Además, para la ex diputada provincial y ex ministra de familia de la provincia se pidió “la inhabilitación especial perpetua y la devolución de los montos de perjuicio provocados a la administración pública que se determinen de acuerdo con lo expuesto en la respectiva acusación”.

Según explicó oportunamente el Ministerio Público Fiscal chubutense, “la exfuncionaria fue hallada culpable en cuatro hechos del delito de fraude a la administración pública y tres hechos del delito de exacciones ilegales”. Este último cargo, explicó el ente, “significa el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores”.

En ese marco, la Justicia acreditó que esta maniobra se la realizó al denunciante del caso, el contador Martín Sandoval, y a otros dos asesores por ella designados, Erica Paludi y Alexis Gangas.

En su momento, Sandoval, ex funcionario de Torres Otarola, declaró que muchas de las personas contratadas no sólo no vivían en Chubut, sino que jamás habían pisado la provincia.

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Martín Sandoval, el exfuncionario que denunció corrupción en Chubut.

Dijo, además, que gracias a la denuncia realizada por lo que ocurría en el ministerio salió a la luz “lo que se vivió en la Legislatura entre 2015 y 2019” cuando “se contrataban los asesores y de lo que cobraban se quedaban con un monto y el resto iba a una caja política para otras actividades”. Esta modalidad, aseguró, “era una especie de apriete”.

La denuncia, puntualmente, había sido radicada por proponer el nombramiento de funcionarios públicos, una persona en la Legislatura y luego tres en el Ministerio, sin que exista contraprestación laboral alguna.

Las penas para el resto de los acusados de la causa “Noquis calientes”

Además de Torres Otarola, también fueron encontrados culpables Silvia Cañumil, Retro Trelles, Mara Rodera y Facundo Solari Rodera.

Para Cañumil, quien había sido nombrada como directora general, el fiscal pidió “dos años de prisión en suspenso más adicionales y cosas y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”. Además, deberá presentarse en forma trimestral hasta la realización de determinados cursos y devolver el monto del perjuicio ocasionado.

En tanto, para los restantes tres acusados encontrados culpables, quienes se desempeñaron en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, el pedido fiscal también pidió dos años de prisión en suspenso, con adicionales y costas como partícipes necesarios respecto del fraude a la administración pública.

En paralelo, sobre ellos pretende que pese una “inhabilitación para ejercer cargos públicos, reglas de conducta y la devolución de montos percibidos en su momento en concepto de haberes”.

La doctora Marcela Pérez Bogado y los doctores José Ennis y Carlos Richeri se tomarán el plazo legal para emitir sentencia. Esto sucederá, seguramente, en el mes de febrero, después de la feria judicial, según expresó el Ministerio Público Fiscal.

Causa “Ñoquis calientes”: el veredicto y dos acusados absueltos

A Torres Otarola se la encontró culpable de pedirle a sus asesores legislativos que le depositen la mitad del sueldo, acción que coordinaba y ejecutaba Cañumil, informó aquel organismo a fines de diciembre tras la lectura por videoconferencia del veredicto por el cual resultaron absueltos Branco Rodera Neira y Jackelina Rodera, otros dos imputados.

Los jueces destacaron que estas maniobras también quedaron acreditadas por los testimonios de empleados de planta permanente que debieron realizar tareas que no efectuaba los contratados por Torres Otarola, se mencionó oficialmente.

El gobernador chubutense, Ignacio Torres, celebró el veredicto y aprovechó la ocasión para recordar que puso en marcha un inédito Censo a Empleados Públicos con el obketivo de “denunciar a todos aquellos vivos que, como estos delincuentes que fueron condenados, cobraban un sueldo sin ir a trabajar”.