Perpetua a 8 penitenciarios por torturar y matar en U9
Otros seis funcionarios recibieron penas menores y uno fue absuelto.
Neuquén. En un fallo histórico en la región y a nivel nacional, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a ocho agentes penitenciarios a prisión perpetua por haber torturado hasta la muerte a Argentino Pelozo Iturri en 2008. Además, otros seis funcionarios recibieron penas de prisión efectiva por no denunciar el hecho y ocultar información.
Luego de seis meses de iniciado el juicio por la muerte de Pelozo Iturri, ayer se dio a conocer el veredicto unánime del tribunal conformado por los jueces Marcelo Grosso, Orlando Coscia y Alejandro Vidal. A raíz de varios testimonios, principalmente de ex presos que presenciaron de algún modo la brutal golpiza, los jueces condenaron a prisión perpetua a los agentes Pablo Sepúlveda, José Retamal, José Quintana, Orlando Jhon, Javier Pelliza, Daniel Romero, Pablo Muñiz y Carlos Vergara.
Además, fueron condenados los ex funcionarios Daniel Huenul (jefe del Cuerpo de Requisa), José Sosa (subdirector de la Unidad) y Héctor Ledesma (director de la Unidad) a penas de entre seis y siete años de prisión por no haber evitado las torturas y por falsedad ideológica.
Por otro lado, Miguel Carrilao y Juan Carlos Heredia, ambos funcionarios del área de salud de la prisión, fueron condenados a tres años y seis meses, y cuatro años de prisión, respectivamente.
Finalmente, el entonces jefe regional Gabriel Grobli también fue condenado a seis años de prisión. El único absuelto fue el médico Mario Leyría.
El fallo condenó no sólo a los penitenciarios sino también a distintas autoridades que “o bien consintieron la situación, o bien la eludieron, adoptando una actitud indiferente frente a una golpiza ilegal, omitiendo actuar como su condición de funcionario le imponía”.
Por ello, los jueces federales consideraron que durante el juicio, las partes acusadoras lograron poner al descubierto las maniobras realizadas para ocultar lo ocurrido.
Torturas, malos tratos y muerte
Argentino Pelozo Iturri (38) cumplía una condena por homicidio en Ezeiza, cuando el 5 de abril del 2008 fue trasladado a Neuquén -sin notificar a su juez de Ejecución-. Tres días después, fue brutalmente golpeado en el buzón del pabellón N° 10 donde se encontraba alojado.
Según el relato acreditado en el documento de 525 páginas, fue trasladado por los agentes hasta la Sección Asistencia Médica, donde murió antes de llegar al hospital Castro Rendón. En principio, la autopsia decretó que había fallecido por muerte súbita, pero los testimonios de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los asignados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, pudieron “acreditar sin lugar a ninguna duda que Pelozo Iturri murió como consecuencia de la golpiza que le propinara el personal de requisa”.
En este sentido, el tribunal también exigió que se rectifique en la partida de defunción de Pelozo Iturri que su fallecimiento fue por “tortura seguida de muerte”.
“Pelozo murió víctima de torturas, pero también de un sistema penitenciario perverso, que no está a la altura de una organización estatal creada para los altos fines previstos en la ley”, concluyó el extenso fallo, que sentará precedentes.
“La impunidad era la regla y acá decimos ‘se acabó’
Tras escuchar el veredicto del tribunal, el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, expresó su satisfacción con el trabajo realizado por la institución constituida como querellante en la causa.
“Es una condena justa. Es una buena sentencia, esto va a servir de antecedente”, aseguró Mugnolo y explicó que “es un quiebre conceptual sobre el respeto de las personas que están privadas de la libertad”.
A su lado, el abogado de la PPN, Rodrigo Borda, afirmó: “Están empezando a haber fallos en el país que marcan que este tipo de prácticas son inaceptables. La tortura es una práctica generalizada y sistemática, lamentablemente”.
Durante los alegatos de cierre realizados en diciembre, el abogado había solicitado la prisión perpetua para siete de los acusados y que el resto de los imputados también reciba penas de prisión efectiva de acuerdo a su responsabilidad en torno al caso.
“La impunidad era la regla en estos casos. Acá es como si dijéramos ‘se acabó la impunidad’”, expresó el procurador y confió: “En este caso inclusive fui interpelado por uno de los jefes máximos diciéndome ‘no es cierto que pasó todo esto, pruébemelo’, como diciendo ‘a nosotros la mano de la Justicia no nos llega’”.
La Procuración Penitenciaria de la Nación fue creada en 1993 y desde 2004 goza de autonomía respecto del Poder Ejecutivo. La principal tarea de este organismo es controlar la actividad de la administración penitenciaria y velar por los derechos de las personas privadas de su libertad.
“El hecho no deja de ser trágico. Murió una persona a golpes y tendrán que ir presos, es la respuesta que la ley tiene prevista”, concluyó Borda.
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