Crimen en barrio Confluencia: la víctima recibió 11 puñaladas

El fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez formularon cargos hoy contra el hombre que asesinó a puñaladas a Hugo Daniel González del Valle y por el intento de femicidio de su expareja en el barrio Confluencia de esta ciudad. La autopsia reveló que la víctima recibió 11 estocadas.

Gutiérrez relató que los hechos ocurrieron el 18 de noviembre, entre las 22:30 y las 23:30, cuando el imputado, identificado por las iniciales como J.L.L., se presentó en la vivienda de su ex pareja, ubicada en el barrio Confluencia de Neuquén. En un momento, mientras ambas personas compartían bebidas alcohólicas, llegó a la casa un inquilino de la mujer, quien vivía en una habitación de alquiler ubicada en el mismo lote, pero minutos después se retiró.

La funcionaria judicial explicó que la mujer se alejó un momento de la habitación, pero al regresar encontró a J.L.L. consumiendo estupefacientes y comenzó una discusión, en la que el imputado le recriminó cuestiones relacionadas con el inquilino y le preguntó en qué lugar guardaba los “cuchillos grandes”. La mujer, por temor, no le respondió, pero J.L.L. tomó un cuchillo tipo tramontina, le advirtió que luego le tocaría a ella y se dirigió a la habitación externa en la que estaba el inquilino.

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Claudio Espinoza

Mientras escuchaba gritos, la mujer se dirigió al portón del patio que da a la calle para escapar debido a que vio que el imputado salía de la casa del inquilino con el cuchillo en la mano y se dirigía a donde estaba ella. En ese momento pasó una vecina y la mujer, luego de lograr abrir el portón, se refugió detrás de ella, mientras que el imputado volvió a ingresar a la casa.

El hombre recibió otras agresiones "post mortem"

Gutiérrez y Azar explicaron que la Policía llegó minutos después del ataque protagonizado por el asesino, alertada por otros testigos, y detuvo al imputado, que se resistió. En el lugar estaba la víctima, ya muerta, con al menos 11 heridas punzo cortantes. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la muerte fue producto de un corte en el cuello, más allá de que el cuerpo también fue objeto de agresiones “post mortem”.

La representante del MPF encuadró los hechos en los delitos de homicidio simple en concurso real con homicidio agravado por femicidio y por el vínculo, en el segundo caso en carácter de tentativa, en calidad de autor (artículos 42; 45; 79 y 80, inciso primero, del Código Penal).

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Claudio Espinoza

Gutierrez precisó al juez de garantías Juan Manuel Kees que el imputado y la mujer víctima fueron pareja durante 5 años y que, más allá de que estaban separados desde hacía 3 años, mantenían relación debido a que el imputado había desarrollado un vínculo con la hija menor de la mujer, aunque no es su padre biológico. Durante ese tiempo, resaltó un historial de violencia de género y familiar de parte del imputado respecto de ella y de otros dos hijos varones de la mujer, registrados con sucesivas órdenes judiciales para restringir el acercamiento emitidas por juzgados de familia. “Al día siguiente que cesaban, el imputado se presentaba en la casa”, explicó Gutiérrez.

Prisión preventiva por seis meses

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías coincidió con la acusación de la fiscalía y descartó la opción planteada por la defensa del imputado, que intentó atenuar la calificación respecto del ataque a la mujer, por considerar que se trató sólo de una amenaza, sin intenciones reales de darle muerte. “Debo analizar si, luego de haberla amenazado de muerte con un cuchillo, y haber dado muerte a la víctima, dirigirse a ella con un cuchillo constituye una tentativa. Y en esta instancia entiendo que sí”, evaluó el magistrado, y tuvo por formulados los cargos.

Luego, Azar argumentó la necesidad de imponer a J.L.L. una prisión preventiva por 6 meses, a partir de los riesgos procesales de no sometimiento al proceso (no tiene arraigo ni un domicilio fijo), pero también de entorpecimiento de la investigación y de la necesidad de proteger a la víctima y a testigos.

La defensa solicitó, en cambio, una detención domiciliaria en la casa de un familiar que es pastor religioso en una localidad de Río Negro. El juez descartó esta opción por considerar que no se trataba de una medida "idónea" para contrarrestar los riesgos procesales y, a partir de los argumentos de la fiscalía, fijó el plazo de investigación en 4 meses y ordenó la prisión preventiva por el plazo de 6 meses solicitado.