El comerciante señalado por balear a un adolescente quedó con domiciliaria

El comerciante del oeste capitalino señalado por balear a un adolescente en medio de un saqueo a un kiosco fue acusado por el hecho y estará detenido en prisión domiciliaria mientras se avanza en la investigación. El juez interviniente prohibió la difusión de la información que permite identificarlo y ubicarlo ya que el imputado y su familia recibieron amenazas.

Según la teoría del hecho que presentó en audiencia este miércoles el fiscal del caso Andrés Azar, el episodio ocurrió el pasado 21 de agosto alrededor de la medianoche, cuando un grupo de unos siete adolescentes se hicieron presentes en un kiosco del oeste con intenciones de saquearlo. Así, forzaron la entrada del local y se apoderaron de diversos elementos, como cajas con zapatillas, llaveros, accesorios, auriculares, cables USB, entre otros.

En medio de este caos, la víctima de 15 años -cuya identidad se resguarda-, "quien se hallaba a escasos metros del lugar y no formaba parte de dicho grupo, se acercó y recogió una de las cajas de zapatillas que se hallaban tiradas en la vereda, momento en que el imputado, desde la planta alta de la vivienda lindante al local comercial en cuestión, le efectuó un disparo de arma de fuego que ingresó por región escapular izquierda, afectando la región central del canal medular, lo que provocó parálisis completa por debajo de la línea mamilar".

Desde entonces, el adolescente se encuentra internado en el Hospital Castro Rendón y ha presentado evolución, aunque no se sabe si hay esperanzas de que dicha parálisis se modifique.

Por esto, tras detallar las pericias realizadas por el personal policial y los testimonios de testigos recabados, Azar pidió formular cargos contra el imputado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

No obstante, una de las pruebas claves para acreditar la autoría descansa en la posesión del arma utilizada para herir a la víctima, la cual hasta el momento no pudo ser hallada.

Este fue uno de los puntos que atacó la defensa pública ejercida por Ivana Dal Bianco y Pablo Marazzo, quienes resaltaron una "insuficiencia de evidencia" al señalar algunos testimonios contradictorios y puntualmente la carencia del arma utilizada, la cual no pudo ser hallada en el allanamiento a la vivienda del imputado que tuvo lugar al día siguiente del hecho.

También criticaron las entrevistas que le realizó personal policial a dos adolescentes de 13 y 14 años. A pesar de estar sus padres presentes, Dal Bianco señaló que de acuerdo al protocolo reglamentado por tratarse de un grupo vulnerable y menores de 16 años, las mismas deberían haber sido practicadas por profesionales y en instancia de Cámara Gesell.

"De la propia prueba de la Fiscalía surge que hay cosas que no están bien hechas. Son declaraciones ilegales realizadas por la Policía y convalidadas por la Fiscalía", sostuvo la defensora.

Además de esto, afirmó que de acuerdo a la teoría de la defensa, el acusado informó a la Policía y luego se acostó a dormir junto a su pareja, negando rotundamente la autoría. El propio imputado también tomó la palabra para dar su versión de los hechos.

Incluso, resaltó que no quedó claro en qué lugar físico cayó el cuerpo del adolescente, una cuestión imprescindible para establecer fehacientemente la trayectoría del disparo.

Su colega Marazzo se apoyó en los mismos puntos para requerir que no se avale la formulación de cargos y expresó: "Se trata de una acusación sumamente grave, la cual es insuficiente y prematura".

SFP Comerciante asusado de disparar a joven durante saqueo (7).JPG

Sebastian Fariña Petersen

Tensión en la sala

Al tomar una vez más la palabra, el fiscal Azar criticó duramente los planteos de la defensa, a los cuales tildó de "dignos de estudiantes de secundaria". Ante el estupor de la sala, el juez Mauricio Zabala lo frenó de inmediato y le requirió que se abstenga de atacar a la parte opuesta por fuera de los límites jurídicos. Tras esto, el fiscal sostuvo su acusación.

Asimismo, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación -principalmente por el no hallazgo del arma-, pidió que al acusado se le dicte una detención preventiva por un plazo de cuatro meses.

Los defensores se opusieron teniendo en cuenta que niegan la autoría del hecho en manos de su defendido y ofrecieron alternativamente el dictado de comparendos semanales en comisaría (dado que el imputado se ha mantenido a derecho y se ha presentado al ser convocado desde que inició la investigación) o, subsidiariamente, el dictado de la prisión domiciliaria.

Finalmente, luego de un breve cuarto intermedio, el juez Zabala avaló la formulación de cargos en los términos requeridos y dictó la prisión domiciliaria por cuatro meses, mismo plazo establecido para concluir la investigación.