Intiman a una obra social a pagar más de $2 millones por tratamientos a un niño

A pesar de un fallo de 2018 que obliga a la obra social de la Policía Federal a brindar cobertura a los tratamientos de un niño, la prestadora sigue incumpliendo y vulnerando los derechos del menor. Ahora, su familia se encuentra impulsando un nuevo reclamo porque deben casi 3 millones de pesos por prestaciones que forman parte del tratamiento ordenado al paciente.

El niño, que hoy tiene 11 años y presenta un retraso madurativo grave, es hijo de un empleado dependiente de la Policía Federal, por lo que se encuentra alcanzado por la cobertura ofrecida por dicho organismo.

No obstante, esta no es la primera vez que la familia del niño debe recurrir a intimaciones para conseguir que la obra social pague los tratamientos, y es que los problemas vienen desde que el niño tenía apenas dos meses, por lo que la jueza federal Carolina Pandolfi dictó la sentencia en la que ordenaba que se le brinde tratamiento al niño en diciembre de 2018, haciendo lugar al amparo presentado por su familia.

De hecho LMNeuquén dio a conocer el caso en abril de 2019, ya que transcurridos apenas cuatro meses desde dictada la sentencia, la obra social incurría en nuevos incumplimientos, haciendo caso omiso incluso a lo ordenado por la Justicia.

De acuerdo con lo informado en ese entonces a este medio por el abogado Alejandro Marco, quien representa a la familia, el niño tuvo un ACV antes de nacer, por lo que desde hace varios años se encuentra bajo distintos tratamientos relacionados con la kinesiología, la fonoaudiología y la psicomotricidad.

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“El niño tiene problemas motrices, no camina y ahora no está haciendo el tratamiento. Esto produjo un retroceso, porque al momento de que se produce la interrupción, él había empezado a avanzar, ya se paraba. Eso, fruto de mucho tiempo de trabajo continuo”, explicó Marco, quien aseguró en el reclamo impulsado en 2019 que se está vulnerando claramente el derecho del niño a acceder a una cobertura integral.

Ahora, seis años más tarde, la familia del niño atraviesa la misma situación. El niño sigue bajo tratamiento y hoy debe recibir asistencia de incluso más profesionales: de Kinesiología, de Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Psicomotricidad; todas ordenadas judicialmente.

Sin embargo, dadas las reiteradas faltas de pago, las prestaciones fueron suspendidas. Hoy, la obra social debe $2.672.281 (dos millones seiscientos setenta y dos mil doscientos ochenta y uno) más intereses y gastos. Las excusas que recibieron del sector administrativo fue que no se había cumplido con los pagos por "problemas informáticos".

"Dicha conducta le está causando un grave perjuicio atento a dicho incumplimiento", resaltaron en la nueva carta documento que se envió a la obra social del organismo el pasado 6 de febrero y en el cual se los intimaba a cumplimentar los pagos en un plazo de 24 horas, algo que no se cumplió.

Ahora, la familia del niño analiza hacer una denuncia penal por los reiterados incumplimientos, que claramente vulneran la calidad de vida del menor y su derecho de acceso a la salud.