La desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén será investigada por la Justicia Federal

Por pedido de la querella, la investigación de la desaparición de Luciana Muñoz será traspasada a la Justicia Federal. Se resolvió en razón de que se podría estar ante un caso de trata de personas.

El juez de garantías Lucas Yancarelli fue quien resolvió este martes declarar la incompetencia de la Justicia provincial y remitir la investigación por la desaparición al fuero federal.

La decisión se adoptó tras un pedido de la querella particular, representada por el abogado de la familia de la joven y con la adhesión del Ministerio Público Fiscal. Ambas partes consideraron que existen elementos suficientes para que el caso sea investigado como un presunto delito de trata de personas, delito del ámbito federal.

Esto implica el envío de todo el legajo a la fiscalía federal, que deberá revisar las medidas tomadas hasta el momento y decidir el rumbo tendiente a dar con la joven o al menos esclarecer qué le ocurrió.

Desde la fiscalía neuquina indicaron que la resolución tuvo también en consideración el contexto de especial vulnerabilidad de la joven desaparecida, atravesado por factores como la pobreza, el consumo problemático de estupefacientes y la prostitución, lo que pudo haber elevado su riesgo ante redes de trata.

La actividad se realizará el lunes en la sede del Tribunal Oral Federal de Neuquén.

El caso

Luciana Muñoz Aguerre, de 21 años, fue vista por última vez el 13 de julio de 2024, entre las 11 y las 12 del mediodía, cerca de su domicilio en el barrio Gran Neuquén Norte.

Los numerosos rastrillajes y operativos que se dispusieron para dar con ella no dieron resultados.

La única pieza misteriosa con la que aún cuenta la fiscalía es Maximiliano Avilés, expareja de la joven desaparecida Luciana Muñoz, quien será llevado a juicio por haber mentido al ser entrevistado por los investigadores.

Avilés es investigado por haber mentido en dos declaraciones que brindó en la causa que investiga la desaparición de Luciana Muñoz. El 24 de agosto del año pasado, fue imputado por el delito de falso testimonio -dos hechos en concurso real- en carácter de autor.

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Es que, a 46 días de la desaparición, la Justicia decidió detenerlo luego de que éste dijera no haber estado con Luciana el día de la desaparición, cuando en realidad hay otros testimonios que lo complican y que dan cuenta que estuvo con la joven, discutió y la llevó a su casa. Luego la tecnología ha hecho su trabajo y lo ha ubicado en inmediaciones del lugar de la desaparición, a pesar de que él mismo no sostiene que "no la veía hace mes y medio".

A mediados de octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la nacionalización de su búsqueda y dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita dar con su paradero. Entre los fundamentos se contempla la hipótesis de que el hecho puede vincularse a la trata de personas.

La resolución, firmada por Patricia Bullrich, la ministra de seguridad nacional, fue publicada el viernes 31 de octubre en el Boletín Oficial y ordena además la difusión de su foto en todo el país a través de la Policía Federal Argentina.

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La medida representa un paso clave para la familia y la Asamblea por Luciana, que desde hace meses impulsaban una campaña nacional con el objetivo de “que su foto esté en todo el país”. En agosto pasado, viajaron a Buenos Aires para reunirse con organizaciones, legisladoras y referentes sociales, en busca de que el caso trascendiera los límites provinciales y se aplicara el Protocolo de Palermo, utilizado en causas de trata de personas.