"Somos sobrevivientes": la fundadora de ATTA declaró en el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko

María Belén Correa vive en Alemania, pero una parte de su vida sigue puesta en Argentina: en las compañeras que conoció, en las que fueron asesinadas y en las historias que busca rescatar del olvido. Este viernes, en la penúltima jornada del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko, llevó esa memoria ante el jurado popular.

Su testimonio puso en palabras el contexto de violencia en el que transcurren las vidas de muchas travestis y mujeres trans.

En la Sala 12, Roberto Daniel Sánchez escuchó el anteúltimo testimonio previo al lunes 19 de octubre, cuando el jurado popular dará a conocer su veredicto.

Con asistencia del juez técnico Luciano Hermosilla, deberá decidir la culpabilidad o no de Sánchez por el homicidio triplemente agravado por ensañamiento, violencia de género y odio a la identidad trans.

Una identidad construida en medio de la persecución

Investigadora, militante y fundadora de ATTA y del Archivo de la Memoria Trans, Correa declaró como testigo de la querella y reconstruyó una historia colectiva que también es personal. Habló de la persecución policial, la expulsión de las familias, las dificultades para acceder a la educación y la salud, las barreras para conseguir un empleo formal y los asesinatos que, según explicó, presentan patrones que viene registrando desde 1998.

“Eva Belén Carlocchia, socialmente soy conocida como María Belén Correa”, comenzó su presentación. Explicó que adoptó ese nombre en un contexto de persecución, en 1992. Un año después fundó la Asociación de Travestis Argentinas, hoy ATTA, y en 2001 se fue del país. Desde el exterior, impulsó redes de organización de América Latina y el Caribe.

En 2012 fundó el Archivo de la Memoria Trans, un espacio dedicado a recuperar y preservar las historias, fotografías y documentos de una comunidad históricamente perseguida.

En su declaración, vinculó esa trayectoria con la sanción de la Ley de Identidad de Género. “Siempre decimos que esa ley es la democracia de las personas trans”, afirmó. Explicó que el reconocimiento de la identidad permitió avanzar en derechos elementales: poder estudiar sin ser expulsadas por su identidad, recibir atención en un hospital y ser enterradas con el propio nombre.

Pero también advirtió que las condiciones de vida de las generaciones anteriores estuvieron marcadas por la expulsión y la necesidad de escapar. Para explicar por qué las mujeres trans que superan los 40 años son, en sus palabras, sobrevivientes, recurrió a su experiencia y al trabajo documental.

“Las que como yo tenemos más de 40 es porque nos escapamos”, sostuvo. Y contrastó esas trayectorias con las de las generaciones más jóvenes, que crecieron después de la Ley de Identidad de Género. La edad, en su relato, no es solamente una cifra: también habla de quiénes pudieron sobrevivir a décadas de persecución y de quiénes quedaron en el camino.

De la expulsión familiar a la calle

Correa describió la exclusión como un mecanismo que comienza muchas veces en la infancia. La expulsión de la casa o de la escuela puede cerrar las posibilidades de acceder a una educación, a un empleo y a una vida autónoma. En su reconstrucción histórica, señaló diferencias entre las décadas: mientras que en los años setenta y ochenta muchas travestis eran expulsadas de sus hogares, en los noventa algunas se alejaban de sus familias para evitar que la persecución también alcanzara a sus seres queridos.

Recordó que el hostigamiento no se limitaba al ámbito familiar. Las instituciones educativas y sanitarias también funcionaban como espacios de exclusión. Relató situaciones en las que compañeras llegaban gravemente enfermas a los hospitales y eran retiradas por una puerta trasera, sin recibir el trato que necesitaban.

Su propio recorrido estuvo atravesado por la persecución policial. Recordó los edictos que sancionaban la vestimenta considerada contraria al sexo y las detenciones que podían durar meses en décadas anteriores. En los años noventa, explicó, las detenciones podían extenderse por 24 horas, pero la violencia y las amenazas seguían presentes.

La primera Marcha del Orgullo de Buenos Aires, en 1992, fue parte de un proceso de organización que también buscaba denunciar los abusos policiales y las coimas. Correa contó que su actividad pública le generó conflictos con integrantes de las fuerzas de seguridad y otros sectores de poder.

En 2001, después de que una entrevista publicada en la revista Para Ti expusiera su identidad y su historia, comenzaron a llegar amenazas a la casa de su familia. Su madre, asustada, la responsabilizó por haber llevado la violencia al hogar. “Travesti carbón, va manchando a quienes tiene alrededor, entonces decidí irme del país 10 días después”.

La salida fue una forma de protegerse, pero no significó abandonar su trabajo. Desde el exterior continuó organizando redes y recopilando historias para reconstruir una memoria que, según planteó ante el jurado, no puede reducirse a las estadísticas.

Trabajo sexual, abandono y vulnerabilidad

Uno de los ejes de su declaración fue la relación entre la exclusión social y el trabajo sexual. Correa explicó que, cuando una persona crece sin contención familiar y encuentra cerradas las puertas de la educación y el empleo, las posibilidades de construir un proyecto de vida se reducen.

Al referirse a su experiencia y a sus investigaciones sobre personas que viven en la calle, planteó que las trayectorias de vulnerabilidad no pueden analizarse como decisiones aisladas de las condiciones que las producen. Habló del hambre, la soledad y la falta de oportunidades, y de cómo esa sucesión de exclusiones puede empujar a las personas hacia situaciones cada vez más difíciles.

También cuestionó que la existencia de un cupo laboral trans sea suficiente si no se cumple efectivamente. Propuso invertir la pregunta: en lugar de contar cuántas personas trans acceden a un empleo formal, mirar cuántas siguen obligadas a recurrir al trabajo sexual porque no encuentran otra forma de sostenerse.

Ese planteo dialogó con otros testimonios escuchados durante el juicio por Azul Semeñenko. Algunas testigos relataron que, pese a tener empleos estatales, los ingresos no les alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas y debían volver a la calle para conseguir dinero.

Para Correa, esa vulnerabilidad no puede separarse de la violencia. Cuando una comunidad es expulsada de sus hogares, encuentra obstáculos para acceder a la salud y al trabajo y queda expuesta a la precariedad, también se multiplican las situaciones en las que sus integrantes pueden sufrir agresiones sin contar con protección suficiente.

Los patrones que registra desde 1998

Correa dedicó una parte central de su declaración a explicar el trabajo que realiza para documentar las muertes de travestis y mujeres trans. Desde 1998, reúne registros y reconstruye casos, diferenciando las muertes por accidentes, enfermedades y asesinatos, entre otras categorías.

“No son solamente números, son compañeras que mucho he conocido”, expresó. Explicó que cada registro corresponde a una vida, a una historia y a una persona que tuvo vínculos, afectos y una familia. También señaló que, muchas veces, son las propias compañeras quienes sostienen los reclamos de justicia cuando una de ellas es asesinada.

En ese recorrido, describió patrones que, según su investigación, aparecen en distintos crímenes contra personas trans. Habló de la violencia ejercida sobre los cuerpos, de las lesiones en zonas asociadas con lo femenino y de las formas de ocultamiento o descarte. En particular, se refirió a casos en los que los agresores intentan borrar las huellas de un encuentro sexual y a situaciones en las que las víctimas son abandonadas en bolsas o lugares apartados.

Para Correa, esas formas de violencia deben leerse en el marco de una deshumanización que niega la identidad, los vínculos y la existencia de las víctimas. Explicó que, en numerosos casos que documentó, los agresores eran clientes o personas vinculadas con el trabajo sexual de las víctimas.

Su interpretación fue contundente: detrás de esas agresiones hay una violencia que busca destruir aquello que el agresor identifica como femenino y eliminar las huellas de lo ocurrido. También advirtió que el abandono de los cuerpos y la falta de investigación contribuyen a que esas muertes permanezcan impunes.

En ese contexto, evocó a compañeras asesinadas y recordó la tarea que realizaba en los años noventa, cuando maquillaba a algunas de ellas antes de sus funerales. La memoria, explicó, no es un ejercicio abstracto: es una forma de devolverles identidad a quienes fueron reducidas a un expediente, una cifra o un cuerpo descartado.

“Las travestis tenemos familia, personas que nos quieren”, sostuvo al referirse a las víctimas y a lo que los autores de los crímenes presuponen: que “nadie las buscará o pedirá Justicia”. Su testimonio buscó desarmar la idea de que las travestis y mujeres trans están solas o carecen de vínculos afectivos y, al mismo tiempo, exponer las condiciones sociales que las vuelven más vulnerables a distintas formas de violencia.

La memoria ante el jurado

La declaración de Correa no reconstruyó el vínculo entre Azul y su presunto agresor ni aportó, por sí misma, pruebas directas sobre la autoría del crimen. Su aporte fue otro: presentar ante el jurado un contexto histórico y social, respaldado por décadas de militancia y documentación, para explicar la violencia específica que atraviesa a las travestis y mujeres trans.

Su testimonio llegó en la última etapa de un juicio que comenzó el 2 de octubre y que reunió declaraciones de familiares, compañeras de trabajo, personas que conocían a Azul y especialistas. La querella busca que el jurado valore las pruebas del caso en el marco de una acusación que contempla el ensañamiento, la violencia de género y el odio a la identidad de género.

Este sábado será la última jornada antes de que el jurado popular delibere. El lunes, sus integrantes deberán decidir si Roberto Daniel Sánchez es culpable o no del transfemicidio de Azul Semeñenko.

Correa llegó desde su historia personal y desde el trabajo de reconstrucción colectiva que sostiene a la distancia. En cada nombre que conserva, en cada fotografía recuperada y en cada caso que documenta, intenta impedir que las vidas de sus compañeras desaparezcan por segunda vez: primero, a causa de la violencia; después, por el olvido.