Tobares confirmó que Neuquén trabaja en un nuevo Código Penal Juvenil: qué pasará con la Ley 2302 y el alojamiento para adolescentes

El Gobierno de Neuquén trabaja en un nuevo Régimen Penal Juvenil para adecuar la normativa provincial a la Ley Nacional 27.801, que desde el 5 de septiembre alcanza también a adolescentes de 14 y 15 años. La iniciativa todavía se encuentra en una etapa de análisis y revisión y busca modificar el Código Penal Juvenil neuquino para adaptarse a la nueva normativa nacional.

Así lo confirmó a LM Neuquén el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien explicó que distintos organismos interinstitucionales trabajan en la elaboración del proyecto. La intención, según señaló, es armonizar el sistema neuquino a la nueva normativa nacional conservando, al mismo tiempo, herramientas y prácticas que la provincia desarrolla desde 1999 con el régimen de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

¿Qué pasará entonces con la Ley 2302? "Seguirá vigente", respondió Tobares y explicó que, hasta que Neuquén sancione su nuevo Código Procesal Penal Juvenil, la adecuación al régimen nacional se instrumenta “fundamentalmente” mediante la aplicación de esa ley provincial, complementada por convenios internacionales y otras normas vinculadas con la temática.

Sin delitos graves

Las estadísticas de la Fiscalía Penal Juvenil de 2025 permiten dimensionar el universo que potencialmente podría incorporarse al nuevo régimen, aunque no significan que todos esos adolescentes vayan a tener una causa penal. De los 883 autores menores de edad registrados ese año, 428 tenían menos de 16 años, es decir, el 48,53%. Son los adolescentes que, bajo el régimen anterior, no podían ser sometidos a un proceso penal por su edad, pero ahora sí podrían ser imputados.

Pero ese número no equivale a nuevas causas. Sobre la base de la experiencia del fuero, se estima que la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años podría representar alrededor de 50 casos adicionales por año que lleguen a las instancias de acusación, mientras que el impacto inicial en cantidad de ingresos e identificaciones por parte de la Policía pueda ser mayor.

De los más de 800 casos con autores menores registrados en la provincia, 78 —el 9,21%— fueron clasificados como delitos graves, mientras que entre los hechos más frecuentes aparecen lesiones leves, amenazas simples, hurtos y robos simples. El dato ayuda a entender por qué el cambio en la edad no debe leerse solamente como una incorporación de adolescentes al sistema carcelario: la nueva legislación prevé respuestas alternativas y reserva la privación de libertad para los casos de mayor gravedad, penados con un máximo de 15 años, por debajo de la ley anterior.

Claudio Espinoza

“La potencialidad de que un chico esté alojado en un penitenciario, es posible”, reconoció Tobares frente a este escenario. Sin embargo, manifestó que los datos estadísticos que recopilan a lo largo de los años en cuanto a conflicto penal juvenil son "residuales" y puntualizó: "Queremos llevar tranquilidad, a partir del 5 de septiembre pedimos día a día informes sobre nuevos delitos cometidos entre adolescentes de 14 a 18 años y los datos siguen siendo alentadores, no hubo delitos graves".

Como desafío tras la modificación de la edad de imputabilidad desde los 14 años, el ministro señaló: "nos obliga como Estado a reforzar políticas públicas para que los niños desde la primera infancia hasta los 18 años encuentren acciones llenas de valores más tempranamente para reducir los indicadores de criminalidad".

Dónde se alojarán los adolescentes privados de su libertad en Neuquén

En este contexto otro interrogante que deberá resolver la provincia es qué ocurrirá si un juez dispone la privación de libertad de un adolescente de 14 o 15 años. En este punto, el propio ministro reconoció que todavía no cuentan con un espacio a la altura de las circunstancias. "El dispositivo Hue Lihué hoy no reúne todas las condiciones de seguridad necesarias", dijo en relación al alojamiento de adolescentes que deban cumplir una pena bajo las características del nuevo régimen.

Por eso, el Gobierno trabaja en el diseño de una infraestructura específica para adolescentes partiendo de la base del dispositivo ubicado en el barrio Provincias Unidas de la capital neuquina. Consultado acerca de cuáles son las condiciones de seguridad que restan asegurar, Tobares aclaró que "no me imagino características de una unidad penitenciaria tradicional", sino en un espacio con "objetivos socioeducativos, medidas no punitivas, aulas, talleres y otros servicios necesarios para acompañar el proceso de reeducación y resocialización".

“Si bien las unidades para adultos tienen aulas y talleres, en cuanto a ese espacio hay que replicarlos para una estructura para adolescentes, pero es necesario incorporar otro tipo de servicios”, explicó y agregó que la idea es que el edificio pueda concentrar los servicios necesarios para "evitar que los adolescentes tengan que ser trasladados permanentemente".

“Hay que planificar y resolver el problema de infraestructura en el menor tiempo posible”, sostuvo y también señaló que el dispositivo no podría ser mixto y que se deberá determinar si el Hue Lihué será destinado provisoriamente a varones. En cuanto a lugares medios abiertos indicó que también evaluarán si será necesario habilitar un edificio especial.

En tanto, el ministro planteó que los equipos interdisciplinarios que trabajan con menores cuentan con experiencia y que también existen operadores en el Hue Lihué con funciones de supervisión, cuidado y control personalizado. Sin embargo, consideró: "Es necesario reforzar la capacitación y adecuar las condiciones de seguridad a las características de los adolescentes, en definitiva, tiene que permitir ese abordaje interdisciplinario en condiciones dignas”.

Un régimen que busca evitar la cárcel

El régimen nuevo solo establece la privación de la libertad para casos graves y de un máximo de 15 años de prisión y, ademas, no está pensado exclusivamente alrededor de las penas privativas de libertad. Por el contrario, uno de sus ejes es ampliar las herramientas socioeducativas y las alternativas.

La nueva normativa establece una distinción a partir del análisis de la escala penal de los delitos y prioriza, en determinados casos, medidas alternativas. “La pena privativa es el último resorte al que el Estado recurre para lograr reeducación”, afirmó Tobares mencionando entre los resortes previos a la amonestación y una serie de prohibiciones de acercamiento, además de otras herramientas que, aunque no estaban expresamente reguladas, aseguró que ya se aplicaban en la práctica.

“Apuntan a la toma conciencia y formación”, explicó y agregó: "el objetivo es que el adolescente pueda superar situaciones de riesgo social y conflictividad". Tobares mencionó entre los factores que pueden contribuir al ingreso al sistema penal los problemas familiares, el abandono, la vulnerabilidad y los consumos problemáticos.

Por eso, remarcó que la intervención debe incluir educación, capacitación y formación laboral. “Todos los adolescentes tienen derecho y obligación de asistir a la escuela”, señaló. Según explicó, existen programas que se construyen desde los ministerios de Educación y Justicia y que pueden incluir capacitación en oficios o formación en una profesión, con una organización que permita compatibilizar esas actividades.

La finalidad, insistió, es que el adolescente pueda adquirir herramientas para reinsertarse socialmente y proyectar un futuro por fuera del conflicto penal. En cuanto a la inquietud por la falta de un programa específico que aborde el consumo problemático en niñas, niños y adolescentes, Tobares afirmó que evalúan darle prioridad.

Qué herramientas nuevas incorpora el Régimen Penal Juvenil en Neuquén

Tobares explicó que el proyecto incorpora instituciones que la Ley 2302 no contemplaba expresamente, aunque algunas herramientas ya habían sido construidas a través de fallos judiciales. "La figura del querellante es nueva e importante porque permite incorporar al proceso la dimensión del daño producido a la víctima, su familia y la comunidad", explicó como primer punto.

También destacó como novedades la justicia restaurativa y la remisión jurisdiccional. "A diferencia del criterio de oportunidad, esta herramienta permitiría que las partes puedan acudir a ella en cualquier etapa del proceso cuando entiendan que resulta inconveniente continuar con la intervención judicial sobre el adolescente", indicó.

Otro de los institutos que mencionó es el arraigo institucional: "ya estaba previsto en la Ley 2302, se trata de una herramienta mediante la cual el juez puede disponer que el adolescente sea restituido a un núcleo de contención ampliado, bajo control interdisciplinario permanente".

El hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva.

Sebastián Fariña Petersen

Pero Tobares reconoció que en algunos casos volver al mismo núcleo familiar que no logró contener al adolescente puede resultar perjudicial. Para esas situaciones, explicó que la nueva normativa incorpora el arraigo, una medida excepcional y voluntaria que requiere conformidad y permite que el adolescente quede bajo el cuidado de una familia que recibe instrucciones y recomendaciones para acompañar su proceso de resocialización.

La cesura y la posibilidad de una pena para menores de 18

Otro de los cambios a los que se refirió Tobares es la incorporación de la cesura al proceso penal juvenil. La Ley 27.801, que entró en vigencia integral en septiembre de 2026 establece la obligatoriedad del juicio de cesura como un derecho fundamental del adolescente.

Como en adultos, hay una primera etapa del juicio para emitir veredicto de culpabilidad o no culpabilidad y una segunda etapa de determinación de la pena. Así, la ley busca que el tribunal no condene a un adolescente basándose en su entorno social sino juzgando objetivamente "lo que hizo".

Anteriormente los juicios de cesura podían producirse cuando el adolescente alcanzaba la mayoría de edad y, en esos casos, una eventual pena podía cumplirse en instituciones destinadas a adultos. El nuevo escenario plantea una diferencia sustancial: ahora puede existir una pena para un adolescente que todavía tiene menos de 18 años.

"En el caso que nos ocupa, niños niñas y adolescentes que entran en conflicto con la ley penal, el periodo de censura, es uno de los temas a debatir entre los neuquinos y a definir en la Legislatura", sostuvo Tobares.

En este sentido agregó: "Es el instituto que separa el juicio de responsabilidad penal del momento de determinación de la pena, en los adultos ese intervalo suele ser corto, pero en el caso de los adolescentes adquiere una importancia diferente porque coincide con una etapa central de su desarrollo".

Por eso, señaló que la provincia trabaja para que el Hue Lihué tenga las condiciones necesarias para que, si un adolescente menor de 18 años debe permanecer privado de su libertad, pueda hacerlo en condiciones de seguridad y bajo un abordaje interdisciplinario.

¿La especialidad de las defensorías en niñez y adolescencia a la provincia de Neuquén?

Hasta ahora, frente a un proceso penal que involucrara a un adolescente en las circunscripciones del interior de la provincia, la defensa quedaba a cargo de defensores de procesos de adultos porque cuando se sancionó la Ley 2302, se crearon las Defensorías de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente pero la figura del defensor penal especializado en adolescentes quedó concentrada en la entonces primera Circunscripción Confluencia, en la capital.

Con la baja de la edad de punibilidad, la Defensoría Penal emitió una resolución que establece que, hasta tanto pueda concretarse la especialidad Penal Juvenil en todo el territorio provincial, cualquier hecho que involucre a adolescentes de entre 14 y 18 años y derive en un proceso penal juvenil deberá ser puesto en conocimiento de la Defensoría Penal del Niño de la Circunscripción Confluencia.

Consultado acerca de si el proyecto de adecuación del régimen penal juvenil en Neuquén contempla el requerimiento de extender la especialidad, Tobares sostuvo: "En principio, no por los datos con los que cuenta la provincia muestran que la participación de adolescentes en el sistema penal representa porcentajes residuales".

En este sentido, indicó: "Si analizas el proceso histórico de todas las especialidades del derecho del trabajo, familia, primero se generan las infraestructuras administrativas en la primera jurisdicción y se van ampliando, las estadísticas no indican que la cantidad de casos y de intervenciones implican montar una infraestructura especifica en la provincia, tiene que ser un objetivo a futuro".

Al respecto de los "porcentajes residuales", señaló "es un dato muy positivo, y también entendemos que es consecuencia de que tenemos una política pública en materia de educación, deportes y cultura, oferta de formación de oficios amplia para que adolescentes puedan encontrar respuestas que le permitan tener conciencia y planificar su futuro, sin entrar en conflicto con la ley penal".

El proyecto todavía debe llegar a la Legislatura

El proyecto de adecuación, según Tobares, está “bastante avanzado”, aunque todavía se encuentra sujeto a análisis y revisión.

La iniciativa deberá ingresar a la Legislatura como cualquier otro proyecto de ley y atravesar la discusión en las comisiones que tengan competencia sobre la temática. El ministro mencionó, entre otras, las áreas vinculadas con minoridad, trabajo, educación, economía y asuntos constitucionales.

Mientras ese proceso no concluya, la Ley 2302 continúa funcionando como la principal herramienta provincial para abordar los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Tobares planteó que la provincia cuenta con cierta tranquilidad por la vigencia de esa normativa y por su articulación con convenios internacionales y otras normas de protección de niños, niñas y adolescentes.

La Legislatura de Neuquén, en tensión con jueces garantistas.

La nueva legislación, sin embargo, obliga a Neuquén a adaptar sus estructuras y a prepararse para un escenario en el que adolescentes desde los 14 años pueden quedar alcanzados por el sistema penal.

El desafío, en palabras del ministro, no pasa solamente por modificar las normas. También implica contar con dispositivos, equipos interdisciplinarios y políticas públicas capaces de sostener el objetivo central que, según remarcó, atraviesa tanto la legislación nacional como la provincial: que el adolescente tome conciencia de sus actos, pueda reeducarse y tenga herramientas para reinsertarse socialmente.

En este sentido, Tobares consideró que Neuquén tiene una “ventaja comparativa” frente a otras jurisdicciones y solo busca armonizar la Ley 2302 con la nueva normativa nacional.