Una jueza ordenó suspender el tarifazo en Santa Cruz

Hizo lugar a una presentación realizada por un senador nacional y concejales de Río Galegos.

La jueza Marta Yánez, magistrada subrogante del Juzgado Federal de Río Gallegos, suspendió hoy la aplicación del aumento en las tarifas de gas en todo el territorio provincial, al hacer lugar a una presentación realizada por un senador nacional y concejales de esa ciudad.

El dictamen había sido firmado por el fiscal de Primera Instancia Gonzalo Miranda, ante una acción de amparo presentada por el senador Alfredo Anselmo Martínez y los ediles Daniel Alberto Roquel y Fabián Leguizamón.

Yáñez declaró admisible la acción de amparo, al considerar que la resolución del Ministerio de Energía que fijó las nuevas tarifas a cobrar por la empresa Camuzzi Gas del Sur, y que incrementó el precio del servicio de provisión de gas en casi un 500%, es "violatoria de los derechos de los vecinos".

La jueza solicitó a la cartera nacional que notifique por sus canales internos a todas y cada una de las entidades, así como también a todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, para que puedan tomar participación en estos actuados.

Ayer el Fiscal de Estado de Chubut, Diego Martínez Zapata, realizó también una presentación ante la Justicia Federal, por instrucción del gobernador Mario Das Neves, para frenar la suba en la tarifa de gas y su impacto en los usuarios de la provincia.

La demanda se formalizó en el Juzgado Federal de Rawson, alegando la supuesta inconstitucionalidad de la decisión del Estado nacional.

El funcionario explicó que "formalizamos la presentación de esta demanda con dos medidas cautelares a los efectos no solo de tutelar los bienes y servicios del Estado provincial, sino también se solicita que se haga extensiva esta medida a toda la ciudadanía del pueblo del Chubut y obviamente también a las pequeñas y medianas empresas".

La presentación apuntó a mantener la matriz productiva y las fuentes laborales de la provincia, y señaló que uno de los fundamentos centrales es "la arbitrariedad y la ilegalidad manifiesta, por cuanto se ha violado la audiencia pública que prescribe en materia de servicios públicos la normativa específica, obviamente teniendo en cuenta el alto impacto que tiene en el poder adquisitivo y en el bolsillo de todo usuario y consumidor de este esencial servicio público".

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