Vicente Muleiro: “Todavía queda un polo autoritario donde están agazapados los restos de la dictadura”
¿Quiénes fueron los colaboradores civiles de los militares?
En primer lugar, hay que hablar de una suerte de patriciado tardío que se siente desplazado de la historia argentina ya a partir de la Ley Sáenz Peña. Un núcleo de ellos, formado por estudiantes de Derecho y Economía de 20 años, en 1946 arma el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina (AJDA). ¿Quién lo presidía? José Alfredo Martínez de Hoz, con 20 años. Ese grupo resiste políticamente a ese fenómeno nuevo que es el peronismo. Y aunque hacen profesión de fe democrática de la boca para afuera, se les escapan argumentos del tipo “la soberanía de los numerosos obtura la soberanía de los mejores” o “la continuidad de la democracia finalmente deriva en una dictadura”, y van tomando el camino del golpismo.
Todos los apellidos de AJDA participan de la Revolución Libertadora. Después, en sus 30 años se ubican en empresas agropecuarias y multinacionales, pero siguen en el camino del golpismo: intervienen en todos los golpes de los ’60 y ’70, y también en los cuartelazos que se dan entre los mismos militares. Es impresionante cómo se repiten los nombres. Además de Martínez de Hoz, hay otros como Raymundo Podestá, los hermanos (Juan y Roberto) Alemann, los hermanos (Carlos y Luis) García Martínez, a (Juan Ramón) Aguirre Lanari, Carlos Muñiz, a Jorge Wehbe... Están en todos los elencos ministeriales golpistas y por supuesto en el de Martínez de Hoz en 1976, una mesa chica del Club Azcuénaga armada por Jaime Perriaux, ex ministro de (Alejandro) Lanusse, y de dónde sale el plan económico. En esa mesa chica están también Jorge Zorreguieta, Horacio García Belsunce padre y (Mario) Cadenas Madariaga, entre otros.
Yo creo que están los dos elementos en una misma cinta de Moebius inescindible. Hay una ideología arcaica que no soporta el peronismo y hay intereses económicos muy fuertes. Y para imponer su mirada de la sociedad, se valen del integrismo católico, que les permite tranquilizarse creyendo que matan en nombre de Dios cuando en realidad están matando por negocios y para imponer un esquema socioeconómico que sólo se puede imponer desarticulando toda la marea social que habían sido las décadas del ‘60 y el ‘70.
¿Qué instituciones de lo civil aparecen jugando fuertemente en esta complicidad?
La Iglesia se comportó directamente como un vicariato castrense. Sobre todo el episcopado, porque sabemos que había otra Iglesia y otros curas. Eso explica que todavía siga sin hacer el verdadero pedido de perdón que le debe a la sociedad y al país. La Iglesia hizo mucho más que lavarse las manos: bendijo el golpe y colaboró en las matanzas. Eso está probado en el caso del cura (Christian) Von Wernich, pero hay muchos otros. Ya es hora de que la Iglesia abra sus archivos y haga algo para ayudar a aliviar el dolor.
¿Y los grupos económicos?
También en un primer nivel. La Asamblea Permanente Gremial Empresaria (APGE) se hace a los solos fines del golpe para armar el exitoso lockout patronal del 14 de febrero de 1976 como un guiño de apoyo y una prueba de amor a los militares. Es más, les ofrecieron hacer otro lockout el 22 de marzo y los militares dijeron que no era necesario. Ya estaba todo cocinado, claro. El elenco de grupos económicos que se conformó en la dictadura, en ese momento “la patria contratista”, adquiere un poder muy fuerte que condiciona al gobierno de (Raúl) Alfonsín y sus suaves intentos por tener un esquema económico no tan ultraliberal son permanentemente bombardeados. Son los que vuelven a la gloria con Carlitos (Menem) –lo dice haciendo cuernos con su mano derecha- y con los traspasos rentísticos que pagó y está pagando la sociedad. Y ahora están crujiendo, no porque les vaya mal, sino porque ya no gozan del control del Estado para ligar aquellas lluvias de dólares.
¿Cuál fue la complicidad de los medios?
En un clima anómico en lo político y tenso en lo social, con operativos desesperados de la guerrilla y la Triple A en la calle, los medios contribuyen a atizar el fuego del desorden. Y lo hacen coligados con los intereses de quienes conforman buena parte de su mundo de anunciantes y de sus redes económico-sociales. Y, sin duda, el punto máximo de complicidad es el caso de Papel Prensa, en el que la Junta entrega a los principales diarios del país un negocio realizado con la metodología que caracterizó a la dictadura: robo, muerte, secuestro ilegal y torturas. Así se desapropió una empresa y se constituyó el monopolio que todavía padecemos.
¿Cuáles son las condiciones actuales que habilitan discutir hoy la complicidad civil?
Creo que en una primera etapa después del fin de la dictadura, los sectores civiles lograron esconderse detrás de esa gran condena social sobre los militares. Hoy, con la resurrección de los juicios y la condena penal a los militares, el foco puede abrirse en busca de otras complicidades. Básicamente, esto lo habilita el olvido de Carlitos –otra vez los cuernos- al dejar fuera de la amnistía el robo de bebés, sin duda por error, y luego, en 2004, cuando se establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y el comienzo de los juicios. En este contexto salen a la luz 604 casos de desapoderamientos de empresas, entre los que Papel Prensa es sólo uno, muy grave y muy simbólico, pero sólo uno de muchos.
Ahí surge la complicidad de la Justicia.
Claro, eso habla de cómo el Poder Judicial, que todavía seguimos padeciendo, fue otro de los que se sintieron muy cómodos y las consecuencias de su accionar también siguen hasta hoy con la patria cautelar que, por ejemplo, no permite que se ponga en vigencia la Ley de Medios, sancionada por el Congreso, y obturando los juicios todo lo posible. Son todas consecuencias directas de un poder judicial que forma parte del polo autoritario en este país.
¿Esta discusión podrá derivar en procesos judiciales contra civiles?
Con los instrumentos que hay, se puede siempre y cuando rocen delitos de lesa humanidad. De hecho, en La Plata este año van a ser juzgados los abogados Jaime Smart y Alberto Rodríguez Varela (ex ministros de justicia, bonaerense y de la Nación, durante la dictadura), ambos denunciados por participar de torturas a detenidos en centros clandestinos. Y el transcurrir de los juicios consigue que vayan saltando muchos casos, como la participación de jueces y políticos, que quizá no pueden ser juzgados, pero que reciben una sanción social que les impide aparecer en la vida pública llevándose todo por delante como han acostumbrado hacer.
¿La democracia ya ha ganado la batalla en este sentido?
Todavía queda un polo autoritario donde están agazapados los restos de la dictadura. Es un agujero negro al que hay que visitar y no olvidar. Esa es la tensión que hay hoy, entre ese polo y otro democrático popular. La única manera de que se gane la batalla cultural de la democracia es con continuidad democrática, prosecución de los juicios y, fundamental, renovación total del Poder Judicial.
¿La dilatación en la resolución del caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble es un ejemplo acabado de todas estas complicidades?
Absolutamente. Este caso tiene la complicidad de todos estos sectores de la sociedad civil y demuestra que aún tienen poder. Resolver esto es una gran deuda de la democracia.
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