Acusarán a dos empresas por las compras directas de la Policía

Las compras direccionadas de la Policía se siguen sumando y ya son 26 los procesos irregulares por los cuales fueron beneficiadas dos empresas en más de 4 millones de pesos. Por este motivo, la Fiscalía de Delitos Económicos, que solo iba a acusar a un oficial, a cargo del área de Contrataciones, decidió sumar a los dos empresarios.

La acusación será por el delito de defraudación a la administración pública, al policía en carácter de autor y a los empresarios como partícipes necesarios. Al oficial también se le sumará el incumplimiento en los deberes de funcionario público y se analiza si existe tráfico de influencias.

El caso, revelado por LMN el 23 de febrero, da cuenta de que un oficial, que en la gestión anterior se desempeñaba en la División de Contrataciones, que dependía del Departamento de Finanzas y de la Dirección de Administración, había quedado involucrado en el direccionamiento de compras directas en beneficio de dos empresas.

Sacarse el lazo del cuello

La denuncia inicial la radicó el 4 de diciembre el ex director de Administración de la Policía, Manuel Gómez, quien acercó la documentación de una auditoría interna de los procesos de adquisición, directos o por licitación, que se realizaron durante el 2019.

Gómez realizó dicha presentación porque, de acuerdo con la ley de responsabilidad financiera, debe rendir cuentas durante 10 años por todos los procesos realizados durante su gestión y, en caso de irregularidades, podría tener que responder con su patrimonio.

La denuncia de Gómez fue para cubrirse, porque en la medida que se sigue investigando, las pesquisas dan cuenta de que el ex director de Administración sospechaba de algunos manejos irregulares.

Sin ir más lejos, LMN indagó y pudo confirmar que el año pasado se le pidió a Asuntos Internos avanzar en una investigación sobre el área de Contrataciones, cosa que nunca ocurrió porque hubo muchas trabas en el camino. Es decir, la propia Policía sabía que algo se estaba haciendo de manera irregular, pero la superioridad no permitió avanzar en la investigación.

Lo cierto es que Gómez le entregó al fiscal de Delitos Económicos, Marcelo Jara, un bloque de 43 procesos, que cuando fueron analizados, con la colaboración del Departamento de Informática de la Policía, se descubrieron inicialmente 13 irregularidades.

Esto dio pie a que el fiscal Jara solicitara a los informáticos que continuaran revisando y así salieron a la luz más irregularidades con el mismo patrón. A la fecha, sobre un bloque analizado de 80 procesos, ya se descubrieron 26 compras direccionadas destinadas a beneficiar a dos empresas.

"El beneficio a las empresas ya supera los 4 millones de pesos, por lo que decidimos avanzar en la acusación sobre los empresarios que se vieron beneficiados con esta maniobra", explicó Jara a LMN.

Ahora, se aguarda que se notifique formalmente a los empresarios del proceso al que serán sometidos para que designen abogado defensor. Por su parte, el oficial ya fue puesto en disponibilidad por la actual Jefatura y fue notificado de la pronta imputación.

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La maniobra

El oficial que será acusado conocía al detalle el manejo de las contrataciones. Durante seis años se desempeñó en la División de Contrataciones y en 2019 fue ascendido a jefe, es decir que controlaba todos los movimientos y por su escritorio pasaban todas las compras diarias, por lo que sabía cuáles podía direccionar.

De manual, la División de Contrataciones de la Policía debe remitir las invitaciones a los proveedores para el concurso de precios de distintos elementos que se necesita adquirir.

Se trata de un procedimiento destinado no solo a garantizar la transparencia en las compras, sino también a obtener el mejor precio posible.

Para ello, desde Contrataciones se manda un mail a los proveedores que están cargados en una base de datos con sus respectivos correos electrónicos. Este es un procedimiento automatizado.

Lo que se descubrió en los peritajes es que hubo "una alteración manual de los correos electrónicos de algunos proveedores", explicó el fiscal Marcelo Jara.

Dichas alteraciones consistieron en modificar manualmente sílabas, puntos, guiones bajos o la extensión de la dirección de correo de los proveedores que se buscaba excluir del proceso. Es decir, existió voluntad de dejar fuera del proceso a determinadas empresas, que son las que se han visto perjudicadas por la maniobra.

De esta forma, el pedido de cotización para una compra determinada salía supuestamente para todos los proveedores, pero solo llegaba a uno solo, que era la empresa que terminaba ganando.

Si bien las invitaciones se pueden enviar desde dos cuentas de correo que tiene la Policía, una con la extensión neuquen.gov.ar y otra con gmail.com, todas las irregularidades surgen desde la primera cuenta.

"Los mails manipulados son rebotados y eso se puede advertir en la bandeja de entrada del correo. Pero todos los procesos se hicieron desde la extensión neuquen.gov.ar porque era la cuenta que manejaba solo este oficial", detalló Jara.

En el informe que remitió el Departamento de Informática de la Policía, durante todo el 2019 tuvo unos 450 mails rebotados de procesos de compras donde se alteraron manualmente los correos de las empresas que no querían que participaran. El accionar se incrementó a fin de año, cuando la gestión de Rubén Tissier estaba de salida. Ahí se advierten, entre noviembre y diciembre, casi 150 mails rebotados.

Son los que se detectaron al analizar la cuenta de correo con la extensión neuquen.gov.ar. Se trata de invitaciones cursadas durante el 2019.

La fiscalía continúa investigando para poder establecer si la maniobra el oficial la realizaba por su cuenta, es decir que manipulaba el proceso para que ganara determinada firma, y si había algún tipo de retorno de parte de las empresas para con el policía.

También buscan determinar si la maniobra la realizó a pedido de algún superior, cosa que solo podrá ser revelada por el oficial o los empresarios acusados.

Fueron direccionados por el oficial que era el jefe del área de Contrataciones. Por ahora solo analizaron parte del 2019.

Es el beneficio que obtuvieron estas dos empresas durante el año pasado. La Fiscalía de Delitos Económicos les formulará cargos próximamente.

El 12 de diciembre asumió la actual conducción y al día siguiente se inició una investigación interna sobre el oficial sospechado. Se lo pasó a disponibilidad simple para evitar un posible entorpecimiento en la investigación. El 16 de diciembre se efectivizó la disponibilidad por la cual el oficial no se encuentra trabajando.

La fiscalía trabaja en la causa desde el 4 de diciembre, con la ayuda del departamento de Informática y de Delitos Económicos de la Policía.

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