Australia obliga a Facebook a pagar por las noticias

Desde este jueves, 25 de febrero, Google y Facebook estarán obligadas a pagar a medios australianos por las noticias publicadas en sus plataformas, gracias a la aprobación de una ley pionera que se materializó hoy.

El ministro australiano del Tesoro, Josh Frydenberg, dijo este jueves que la ley va a garantizar "que los medios de comunicación reciban una remuneración justa por los contenidos que generen, lo que ayudará a mantener al periodismo de interés público en Australia".

La aprobación de la ley se da luego de un arduo debate y una caldeada mesa de negociación que lleva semanas, tiempo en el que Facebook prohibió la difusión de información noticiosa en su plataforma a páginas y usuarios de Australia.

Esto generó un rechazó tremendo en internautas que llevaron a cabo una campaña contra Facebook en Australia. "Boicot a Zuckerberg", "Borren Facebook" y "Facebook, tenemos que hablar", fueron tendencia en varios países desde el pasado 18 de febrero.

El miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, David Cicilline, acusó a Facebook de ser "incompatible con la Democracia", debido a esta decisión con los usuarios de Australia. Este funcionario se sumó al pedido de desinstalar Facebook, y sumó a Instagram y WhatsApp, plataformas que son propiedad de Facebook Inc.

Hace dos días, Facebook retomó su actividad en Australia, tras los cambios en la legislación sobre medios, restableciendo las páginas de noticias australianas y poniendo fin al apagón sin precedentes de una semana de duración.

Ambas partes se atribuyeron la victoria en el enfrentamiento, que ha atraído la atención mundial, ya que países como Canadá y Gran Bretaña consideran medidas similares para frenar las plataformas tecnológicas dominantes y preservar la diversidad de los medios de comunicación.

Mientras que algunos analistas afirmaron que Facebook había defendido su lucrativo modelo de recaudación de dinero por los clics en las noticias que muestra, otros dijeron que el compromiso -que incluye un acuerdo sobre cómo resolver las disputas- podría ser rentable para la industria de los medios de comunicación, o al menos para los editores con alcance e influencia política.