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La Mañana justicia

Caso Tecker: "No vamos a aceptar ningún acuerdo"

Lo afirmó la abogada de la familia, Gisela Moreira. Es por la golpiza que sufrió. Hay cuatro policías acusados.

Sixto Mesa y Jorge Sevilla, los dos efectivos policiales de la Comisaría 17 acusados por golpear brutalmente a Roberto Tecker al punto de casi provocarle la muerte tras pisarle la cabeza y el abdomen, declararon este jueves ante fiscalía para sostener su versión de los hechos. La familia de la víctima aclaró que no están dispuestos a aceptar ningún acuerdo y quieren ir a juicio.

Luego de que los uniformados declararan en fiscalía, la querellante Gisela Moreira indicó: “Vinieron a reforzar su teoría del caso, esto es, que Roberto fue detenido porque había una riña entre diferentes personas que estaban alcoholizadas, que él se puso a insultar a los policías y que por eso lo detuvieron y le provocaron las lesiones”.

En este sentido, la abogada apuntó: “Obviamente, minimizaron las heridas que Roberto tenía y no pudieron dar cuenta de cómo había llegado al hospital con riesgo de muerte. Los testimonios y las pruebas con las que contamos dan cuenta de que no fue así”.

Además, Moreira aclaró que actualmente la causa está en período de investigación y no descartan solicitar una extensión del plazo para seguir produciendo pruebas.

“Estamos trabajando con las pruebas y en asistir a otras víctimas que han pasado por esta misma situación, para animarlas a que denuncien, que expresen lo que sucede en las comisarías de Neuquén, porque no queremos que le ocurra a ninguna persona”, sentenció.

En cuanto a la situación de Roberto, su hermana Liliana expresó: “Está con estrés postraumático, todavía tiene cierto resquemor a volver ahí, al barrio La Sirena. Ha quedado desestabilizado emocional y económicamente”.

Al respecto, Liliana detalló que tras la brutal agresión su hermano quedó sin empleo y que el Estado está completamente ausente ya que no recibió ningún tipo de asistencia psicológica.

“El Estado hoy es el que está en falta, ya que la Policía cometió este tipo de incumplimiento como funcionario público. Nosotros esperábamos otra actitud de parte de los organismos de Derechos Humanos del Estado provincial, como también del Ministerio de Desarrollo Social y del gobernador”, concluyó la abogada Moreira.

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