Cinco estudiantes fueron agredidos en una residencia

La Unión de Inquilinos Neuquinos (UIN) denunció ayer irregularidades en una residencia para estudiantes universitarios del barrio Alta Barda. La titular de la organización, Pamela Gaita, aseguró que al menos cinco jóvenes fueron agredidos y amenazados por los dueños del hospedaje, que no se encuentra en condiciones para funcionar. Además, detalló que hacían contratos apócrifos.

El miércoles, dos estudiantes que habían anunciado que se mudarían a otra vivienda se contactaron con la UIN al encontrarse con que los propietarios no les dejaban retirar sus pertenencias bajo el pretexto de que tenían alquileres y multas pendientes. Por el conflicto, que terminó con un joven golpeado, intervino personal de la Comisaría Cuarta.

“Me pedían 9 mil pesos para dejarme ir. Cuando llegó la Policía, el dueño dijo nuevamente que le debía plata, entonces le exigí que mostrara los recibos originales porque yo siempre le pagué, pero no pudo mostrarlos porque es todo irregular”, indicó Federico Blanco. En ese momento la dueña del lugar le pegó en la cara.

Minutos más tarde llegó Mariano Russo, el otro joven involucrado, quien tampoco pudo retirar sus pertenencias. “Me dijeron que recién a las 19 podría sacar mis cosas. Cumplida la hora, empezaron con excusas para no dejarme entrar. Recién a las 23 logramos terminar con esta locura”, explicó.

Gaita puntualizó que el valor de la residencia era de 3 mil pesos mensuales y que también les cobraban otros 3 mil pesos por única vez en concepto de “matrícula universitaria”, a pesar de no tener relación alguna con la Universidad del Comahue. Además, contó que les hacían multas por motivos insólitos, como dejar la ropa doblada sobre la cama.

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“Esto surge porque no hay un control específico a las pensiones ni tampoco a las locaciones e inmuebles que están en alquiler. Nos preocupa porque son chicos que están solos y tienen que estar expuestos a estas cosas”, manifestó Gaita.

Explicó que la mayoría de los estudiantes proviene de otras provincias y del interior neuquino. “Ante tener que salir a buscar un dormitorio que vale 8 mil pesos más otros tres meses, estos chicos terminan cayendo en este tipo de residencia”, explicó.

“Los dueños no facturaban, les daban un recibo y hacían contratos basados en la Ley 23091, que lleva tres años derogada”, concluyó.

Además de Russo y Blanco, otros tres estudiantes abandonaron la residencia por los constantes abusos que sufrieron.