Ni Argentina está más cerca de recuperar las Malvinas, ni el Reino Unido se muestra más dispuesto a la negociación. Pero hay propuestas para recuperar la soberanía.
Pocos días atrás, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus se anotó un nuevo “logro” en su gestión: el Parlamento Centroamericano aprobó por unanimidad la “Declaración de Respaldo de Solidaridad Centroamericana y República Dominicana, a la República de Argentina, en su Reclamo ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas sobre las Islas Malvinas Argentinas”.
La declaración, una cucarda más en el palmarés de Filmus, se suma a otras muchas tan rimbombantes como intrascendentes, pues en nada parecen haber modificado la posición argentina o británica. Ni estamos más cerca de recuperar las Malvinas, ni el Reino Unido se muestra más dispuesto a la negociación. Tal vez nos haga sentir menos solos, pero nada hace pensar que la declaración del Parlacen vaya a generar efectos diferente a otras anteriores que descansan en algún rincón de la Cancillería, como las del Mercosur, la de la extinta Unasur o la de la Celac, todas ellas conmovedoras por lo solidarias e ineficaces.
Cercanos a celebrar el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, es un buen momento para pensar qué nueva acción política podría verdaderamente acercarnos a una solución al conflicto soberano que en un parpadear de ojos cumplirá dos siglos.
Esa inquietud, la de generar un hecho político nuevo, fue la que movilizó al abogado argentino especialista en derecho internacional Marcelo Kohen -representó a la Argentina en los conflicto con Uruguay, por las pasteras, y con Ghana, por la Fragata Libertad- a viajar a las islas en 2018 para presentar la que hasta el momento es la única propuesta concreta que existe para recuperar la soberanía sobre el archipiélago y que en lo fundamental se resume a cuatro palabras: “Soberanía argentina, autonomía isleña”.
Mientras la mayor parte de los argentinos tiene una idea bastante difusa sobre las condiciones en las que la Argentina podría ejercer la soberanía sobre las islas, la propuesta de Kohen tiene el mérito de la concreción: tomando antecedentes de otras disputas soberanas, prevé la constitución de una provincia especial con un régimen aduanero, fiscal, migratorio y monetario propio, la coparticipación de lo producido por la explotación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva, y, la medida más polémica, la posibilidad de que los isleños puedan realizar un referéndum a los 30 años de vigencia del sistema y adquirir la soberanía plena. Tanto la propuesta como su libro Las Malvinas entre el derecho y la historia (escrito junto a Facundo Rodríguez) pueden leerse online en el sitio http://www.malvinas-falklands.net/.
Soberanía argentina, autonomía isleña, es un proyecto que prevé la constitución de una provincia especial con un régimen aduanero, fiscal, migratorio y monetario propio
A fines de 2019 tuve la oportunidad de viajar a Malvinas por una invitación del gobierno isleño cursada a través de la embajada británica en Buenos Aires. Poco antes de viajar, contacté a Kohen, con quien hasta entonces sólo había cruzado pocas palabras el día en que fui a escuchar la presentación de su propuesta en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) en 2018. Durante nuestra charla por Skype -vive en Suiza desde hace décadas-, Kohen deslizó, casi en forma de chiste, algo que hasta ese momento nunca había pensado, y que tras escucharlo me pareció de lo más evidente: para la ley argentina, los nacidos en territorio argentino son argentinos; quienes nacieron en las Malvinas, entonces, son argentinos: así, los kelpers son argentinos.
Y aún más: la propia constitución argentina, cuando establece que la recuperación de las Malvinas y el ejercicio pleno de la soberanía son “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, aclara que debe respetarse “el modo de vida de sus habitantes”. Algo parecido a lo que dicen las resoluciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas que Argentina esgrime para exigir al Reino Unido una negociación, que piden tener en cuenta “los intereses de los habitantes”.
¿Qué significa aquello que manda la Constitución de “respetar el modo de vida” de los argentinos que viven en Malvinas? Básicamente, que lo que hoy es un pueblo de unos 3000 habitantes de habla inglesa, religión mayoritariamente protestante, apacible vida isleña y costumbres británicas continúe siéndolo el día que la Argentina haga efectivos sus derechos soberanos. Es decir: no, no vamos a poder mudar allí al conurbano, ni tampoco podremos imponerles el locro cada 9 de julio (por más que mucho ganarían los isleños incorporando ese alimento en el crudo invierno malvinense).
Por el contrario, una efectiva incorporación de las Malvinas y sus habitantes a la Argentina antes que modificar a los isleños muy probablemente nos modificará a los argentinos (continentales).
Según una muy bella conferencia que el francés Ernest Renan dio en 1882, lo que define a una nación no es ni en la raza, ni en la lengua, ni en los intereses, ni en la afinidad religiosa, ni en la geografía ni las necesidades militares. Para Renan, lo que une a los ciudadanos en una nación es “tener glorias comunes en el pasado y una voluntad común en el presente. Haber hecho grandes cosas juntos, querer aún hacerlas”.
Mientras pasa la gorra de las declaraciones de apoyo en organismos regionales, una Secretaría de Malvinas podría ya, hoy mismo, en primer lugar, hacer el esfuerzo de reflotar el pasado común, la herencia de glorias y pesares compartidos que existe entre patagónicos e isleños, pero también en un sentido más amplio entre argentinos y británicos, y que excede por mucho al conflicto bélico de 1982. En otras palabras: agrandar la argentinidad tanto como sea necesario para que los argentinos nacidos en las islas se sientan incluidos en ella.
Pensar a los kelpers como argentinos no sólo nos obliga a revisar el pasado, sino sobre todo a repensar el presente y el futuro. Ni la política de seducción menemista, ni el aislamiento kirchnerista; ni okupas, ni enemigos: los isleños son (deben ser) parte de la solución al problema y aunque no gocen del derecho a la autodeterminación, por supuesto que tienen derecho a ser escuchados (como cualquier ciudadano). Otras consecuencias son más concretas aún: ser ciudadano en el siglo XXI es tener derecho a la inclusión digital; el único país en condiciones de ofrecer un cable submarino de internet a los isleños es la Argentina. ¿Deberíamos reconocerles ese derecho y poner ese cable a su disposición?
Este tipo de asuntos seguramente son los que podrían ser materia de discusión en el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes que se creó el año pasado en la órbita de la Presidencia de la Nación mediante una ley Congreso. El proyecto, que el Gobierno envió en abril, fue aprobado en agosto y reglamentado en octubre, y el Consejo fue conformado en noviembre.
Con un diseño muy parecido al que incluía la propuesta de Kohen, el Consejo está encabezado por el presidente, su canciller Felipe Solá, el secretario Filmus, el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella; legisladores del oficialismo y la oposición; diplomáticos, académicos -incluido el propio Kohen- y ex combatientes, además del director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Desde su conformación, ha tenido varios encuentros vía Zoom, en un clima de cierta concordia y debate abierto.
La virtualidad, que hasta el momento ha conspirado contra la elaboración de propuestas concretas para las cuales se necesitan un diálogo y una confidencialidad más propia de la presencialidad, permitirá sin embargo echar un vistazo a los debates que Consejo viene dando el próximo martes 8 de junio, cuando varios de sus integrantes participen del evento sobre "Construcción de una política de Estado sobre Malvinas: el papel del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas”. Junto a Filmus y Kohen, estarán también la ex gobernadora y actual diputada por Tierra del Fuego Rosana Bertone, el diputado del PRO Federico Frigerio y la senadora neuquina Lucila Crexell, del MPN.
Seguramente habrá que esperar los primeros calores de la primavera para que, sumados al avance de la campaña de vacunación, el Consejo pueda reunirse de modo presencial y empiece a cumplir con el objetivo para el que fue creado: elaborar propuestas concretas para acercarle al presidente. En tiempos de grieta, la posibilidad de que la política argentina se dé un acuerdo transversal sería un buen signo de salud democrática.
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