Crianceros de Villa Nahueve: sigue sin resolverse el conflicto por las tierras

El conflicto por la tierra en la zona de Villa Nahueve, y en parte de la provincia, sigue sin resolverse y dos crianceros están al borde del desalojo, por una emitida por el Juzgado Civil de Chos Malal, tras haberse presentado un privado con título de propiedad, a pesar de que la familia reside sobre esas hectáreas en producción desde hace más de 30 años.

Se trata de los crianceros de la zona de Villa Nahueve: Robinson Valdez y Gerardo Palma quienes fueron intimados en los últimos días y esperan que la justicia pueda revertir el fallo en su contra. El primero logró una instancia de mediación, mientras que el segundo debe esperar soluciones oficiales.

"No sé cómo hacen algunos para tener de un día para otro un título de propiedad, mediante qué canales, cuando hay crianceros que se mueren sin poder lograrlo. En el caso de las tierras de Palma, se presentó un título de propiedad a nombre de Lagos Gorsky, que tenemos entendido que fue desarrollador en El Chocón”, señaló tesorero de la Cooperativa Campesina LTDA, Juan Ruppel.

En tanto que, en el caso de Robinson Valdez, se acercó Sepúlveda Valdemar, quien le disputó la tierra ante la Justicia sin contar con título de propiedad, y le propuso una mediación por fuera del Juzgado Civil. “Se van a juntar las partes para generar una mediación. Los dos abogados se reunirán para representarlos en una mediación. La idea es llegar a un acuerdo y presentarse ante la Justicia”, sostuvo Ruppel.

La diputada por el Frente de Todos, Soledad Salaburu, junto a su par Darío Peralta presentaron en la Legislatura de la provincia un proyecto de comunicación dirigida al Congreso de la Nación para que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2023 la vigencia de la suspensión dispuesta en el artículo 19 de la Ley nacional 27.118 de Agricultura Familiar.

El artículo 19 hace referencia a la suspensión por tres años toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares al momento de la entrada en vigencia de la norma.

La legisladora indicó que se elevó un pedido de informes a la Dirección de Tierras de la Provincia para que dé cuenta de la situación de estos crianceros y la forma en que se otorgó ese título de propiedad a un privado siendo que había una familia trabajando la tierra.

Villa Nahueve

Especulación inmobiliaria

“La Provincia no está interesada en avanzar en un banco de tierras fiscales ya sean nacionales, provinciales o municipales destinadas a la producción de la agricultura familiar”, dijo Salaburu y agregó que “si no hay iniciativa para empezar a regular, lo que prima es siempre el negocio vinculado al turismo o a la especulación inmobiliaria”, como se podría dar en Villa Nahueve a partir de la construcción de la represa.

Represa de Villa Nahueve

Desde la Cooperativa Campesina LTDA del norte neuquino indicaron que autoridades de Tierras se pusieron en contacto con el abogado de la Secretaría de Agricultura de la Nación por el abordaje del conflicto por el desalojo de los productores.

El tesorero de la Cooperativa señaló que a partir de que el caso del posible desalojo de Palma y Valdez repercutió en toda la provincia, cada vez reciben más consultas de crianceros de Rincón de los Sauces y de la zona sur que están atravesando situaciones similares.

“Más allá de estos dos casos, cuya respuesta es apremiante, se puso en conocimiento de la opinión pública sobre esta irregularidad y se amplió el debate de la tenencia de la tierra en la provincia”, añadió.

Ruppel sostuvo que “no puede ser que no se hagan de la gestión anterior. No puede ser que nadie se haga cargo de este título de propiedad dado de forma ilegal”. E indicó que Tierras podría anular ese título de propiedad dado que el criancero “Palma también plantó frutales, la alameda en todos estos años. Si Tierras se cerciora de la ocupación, se apega a la ley 263 puede anularlo”.

En el caso del título de propiedad otorgado a ese privado, para enmendar la situación, la legisladora Salaburu observó que “siempre hay una decisión política de fondo” y que el Estado tiene, como última instancia, el recurso de la expropiación de la tierra.

“La Dirección de Tierras entregó un título de propiedad sin chequear. Vendió tierras con gente viviendo adentro desde hace décadas. Entiendo que con voluntad política se puede resolver”, cerró la diputada.