ALEJANDRO OLIVERA
NEUQUÉN
La mutual Sol de Mayo llevó a juicio a Participar, luego de que no cumpliera con la entrega de las tierras que le vendió en Valentina Norte por un monto de 2,5 millones de pesos. Aparentemente, el loteo se realizó sobre un terreno que no le pertenecía a la organización. Por el hecho, hay 27 familias damnificadas.
No es la primera vez que la entidad es denunciada por una supuesta estafa (ver aparte). Incluso, el edificio de la organización, vinculada al Colegio Médico, fue allanado en noviembre pasado por pedido de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales.
La causa, que fue presentada en junio de este año, está en manos de la jueza Alejandra Cristina Bozzano del Juzgado Civil Nº 2. La querella busca la reparación del daño ocasionado a los 27 socios de la mutual que aún no tienen los terrenos que le compraron a Participar por un monto total de 2,5 millones de pesos.
“Nos entristece tener que denunciar a una organización como la nuestra. Sin embargo, nuestros socios necesitan una respuesta en forma urgente”. Víctor Zárate Vocero de la comisión directiva de la mutual Sol de Mayo
El vocero de Sol de Mayo, Víctor Zárate, explicó que el acuerdo entre las mutuales se celebró en febrero de 2014 con un plazo de entrega de tres años. Se trataba de un proyecto en conjunto que buscaba brindarles soluciones habitacionales a los afiliados a un costo menor que el que regía en ese momento. “Nos sentimos engañados, fuimos de buena fe a hacer un trato que beneficie a nuestros socios”, indicó.
Luego de agotar las instancias de diálogo, donde aseguran que recibieron respuestas evasivas, los damnificados recurrieron al Concejo Deliberante y mantuvieron una reunión con el presidente, David Schlereth, quien les comunicó que los terrenos que compraron no le pertenecían a Participar.
El abogado de los damnificados, Milton Hernán Kees, aclaró que se trata de una denuncia dirigida a la organización por incumplimiento de contrato. El juicio se encuentra en las primeras etapas, por lo que aseguró que las definiciones no se conocerán en el corto plazo.
“Se busca el cumplimiento del contrato firmado o una indemnización. Frente a estas situaciones, lo primordial es recuperar esta inversión”. Milton Hernán Kees Abogado querellante
Tras la presentación, la Justicia embargó 10 propiedades de la mutual. Se trata de una medida cautelar que tiene como fin que, en el hipotético caso de que haya un resultado a favor del querellante, el defendido no se pueda declarar insolvente. “Creemos que con el valor de esas propiedades, se podría cubrir lo que se pagó”, aseguró.
Los querellantes demandan casi 7 millones de pesos, aunque el monto dependerá de las pruebas aportadas. Reclaman la restitución de lo abonado, pago de la cláusula penal, lucro cesante y daño a la imagen comercial de la mutual Sol de Mayo.
LM Neuquén llamó a Participar, pero nunca fue atendido.
27 familias
Pagaron pero hoy no tienen nada
El terreno de la discordia está ubicado en Laprida 6865, al lado de la base de la empresa Indalo, en el corazón del barrio Valentina Norte. Se trata de un espacio que tendría 27 lotes de 300 metros cuadrados cada uno y que incluiría todos los servicios. Los damnificados pagaron sus tierras en 36 cuotas fijas, pero a la hora de que les entregaran los terrenos la mutual Participar alegó inconvenientes.
En febrero de 2014, cuando se selló el acuerdo entre ambas mutuales se estimó en tres años el plazo de entrega.
Los dos casos anteriores en los que fue acusada
NEUQUÉN
La mutual Participar ya fue acusada anteriormente de incurrir en estafas por dos proyectos inmobiliarios en el barrio Confluencia. En ambos casos comercializaron tierras que no les pertenecían. En total, se registraron unas 157 familias damnificadas por las maniobras que habrían realizado.
Los casos anteriores fueron escandalosos. Se trataba de dos planes de viviendas: el comprendido entre las calles Ricchieri, Copahue y la costa del río Neuquén (Loteo Plan G), y el ubicado en Obrero Argentino, Copahue, Los Álamos y El Chocón (Loteo Plan C). En el primero, 61 familias se quedaron sin la casa propia, mientras que en el segundo fueron unas 96.
En ambos casos, los denunciantes aseguraron que la mutual Participar les había vendido tierras que no eran de su propiedad. El fiscal de Delitos Patrimoniales, Marcelo Jara, pudo comprobar que la mutual no había adquirido las seis hectáreas correspondientes al Plan G, por lo que en noviembre de 2016 ordenó un allanamiento en las oficinas de la entidad.
Cabe destacar que en los lotes destinados al Plan C, una empresa privada comenzó con un emprendimiento inmobiliario. La gravedad del caso motivó que los damnificados se movilizaran en reiteradas ocasiones al Concejo Deliberante, donde se reunieron con los concejales en busca de respuestas.
En este contexto, los damnificados aportaron la documentación requerida para demostrar que realizaron la transacción comercial y pidieron que suspendan la Ordenanza 13302, que permitía que la constructora continuara con las tareas en el lugar. Sin embargo, las flojas respuestas de los concejales dejaron insatisfechas a las familias, quienes los acusaron de “favorecer” a la empresa.
Los problemas con Participar comenzaron en 2012 e involucran a dos comisiones directivas distintas que, según las víctimas, siempre las evadieron, al punto de comunicarles por e-mail que los trabajos en los terrenos se habían retrasado.
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