El tarifazo y Shell ponen a Aranguren en la mira judicial

El fiscal Carlos Stornelli imputó al ministro de Energía por polémicas medidas en su área.

El fiscal federal Carlos Stornelli imputó ayer al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a raíz del aumento de tarifas de gas sin haberse realizado audiencia pública previa, y por ser uno de los "beneficiados" de esa medida porque figura como accionista de la petrolera Shell, de la cual fue presidente hasta el año pasado.

Fuentes judiciales informaron a NA que el requerimiento fue presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, a cargo de la causa.

La denuncia fue presentada días atrás por los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes consideraron que hubo una irregularidad puesto que previo al aumento de la tarifa de gas debía realizar una audiencia pública, tal cual establece la ley.

En otro tramo de la denuncia sostienen que Aranguren se vio directamente beneficiado por el aumento de gas, al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell.

"Siendo directivo de dicha compañía y según consta en sus declaraciones juradas y de su propio relato, recibió una cantidad variable de opciones y/o acciones de Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS), hasta llegar al monto que manifestó al 31 de diciembre de 2014 por la suma de 13.188.436,49 pesos", señalaron.

"Dichas acciones forman parte del patrimonio del Ministro y, desde luego, su valor fluctúa con la actividad de la empresa. De esta manera, mientras RDS acreciente su actividad y se mantenga como una empresa líder en el mercado de la energía, el patrimonio de Aranguren se mantendrá en alza junto con el aumento del valor de sus títulos accionarios", añadieron.

Por eso, los denunciantes advirtieron que existe un "conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell", amén de violación a la ley de Ética Pública por incompatibilidad.

"Aranguren renunció a la Presidencia de la empresa el 30 de junio de 2015, no habiendo transcurrido los tres años desde esa renuncia hasta su designación como ministro de Energía, conforme lo prescribe la Función Pública", añadieron en la denuncia.

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