Preocupación por la salud de Julio Iglesias: un viaje de urgencia puso en alerta a la familia

Julio Iglesias, sumado al grave escándalo mediático y judicial que se encuentra viviendo, estaría pasando por una situación de salud muy delicada, según le informaron a su esposa, Miranda Rijnsburger, los empleados que lo atienden en su residencia de Punta Cana.

Varios medios españoles se hicieron eco de la noticia. La prestigiosa periodista Gema López aseguró que el cantante habría pasado de estar tranquilo y con fuerzas a un enorme desánimo. Esto se da, según explicó, tras las contundentes rechazos de la Audiencia Nacional a las peticiones que presentó el abogado del ícono de la canción romántica en español en el marco de las denuncias que recibió por parte de exempleadas por supuesto abuso sexual.

Ante el drástico cambio de ánimo de Iglesias, los empleados de la mansión de Punta Cana se comunicaron de inmediato con su esposa, Miranda Rijnsburger, para ponerla al tanto de la situación.

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A raíz de esto, la mujer decidió suspender por completo las actividades que tenía previstas en Miami para viajar a República Dominicana y estar al lado del cantante. Miranda se encontraba en esa ciudad estadounidense con sus hijos a pedido de Julio Iglesias, que no quería que su familia se viese afectada por el escándalo que sufre tras las denuncias en su contra.

En tal sentido, según López, la esposa del cantante "ha decidido reunirse con Julio porque el personal que está junto a él le ha comunicado que la situación es muy muy delicada".

La fiscalía española archivó la causa

La Fiscalía española archivó este viernes la causa que investigaba abusos presuntamente cometidos por el cantante Julio Iglesias al alegar falta de competencia dado que los hechos denunciados ocurrieron en otra jurisdicción. La Fiscalía de la Audiencia Nacional desestimó así la investigación abierta contra el cantante español luego de las denuncias presentadas contra él por dos exempleadas por agresión sexual y otras vejaciones.

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“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía” para iniciar la investigación, indicó el Ministerio Público de aquel país en un comunicado. “Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas”, se aclara en la resolución de la justicia española.

Entre las razones expuestas por la fiscalía también surge que, luego de haberles otorgado a las denunciantes la condición de testigos protegidos y de tomarles declaración, se concluyó que las mujeres no solo no eran de nacionalidad española, sino que en ningún momento viajaron con Iglesias allí. Así, se repara en la falta de “vínculo personal o territorial” con el país.

Por otro lado, la justicia local esgrimió que el cantante asegura que “ni reside en España, ni mantiene su centro de vida, intereses y actividad” en el país, pese a contar con diversas propiedades en el lugar. Por su parte, desde Women’s Link Worldwide, la ONG que representa legalmente a las dos mujeres, cuestionaron la decisión de la fiscalía española, la cual tildaron de “lamentable”, y afirmaron que avanzarán en otras acciones legales.

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“La decisión de la Fiscalía es lamentable porque pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia”, apuntaron desde la organización, al tiempo que anunciaron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales”.

Y advierten: “El Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio. La justicia debe ser posible más allá de las fronteras”.

La organización que representa a estas dos mujeres, había señalado la semana pasada que la denuncia se radicaba en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron los hechos mencionados, porque la legislación española podía ser “una opción interesante para darle acceso a la justicia” a las denunciantes, según señaló en una conferencia de prensa Jovana Ríos Cisnero, su directora ejecutiva.