Estafó a una abuela de 94 años y quiso arreglarlo con cajas de leche

Un empleado de una entidad bancaria estafó a una abuela de 94 años al robarle 80 mil pesos de su cuenta a través de extracciones en cajeros automáticos. Ahora la Justicia lo acusó por la estafa y su abogado defensor intentó arribar a una salida alternativa, pero la fiscalía debe hablar primero con la víctima. La magistrada avaló los cargos y rechazó el pedido de una probation para el estafador.

En una audiencia de este lunes, el asistente letrado de la Fiscalía de Delitos Económicos Juan Narváez le formuló cargos a J.H.S. por el delito de "defraudación especial por el uso de una tarjeta de crédito obtenida mediante engaño" (cuatro hechos).

Es que, de acuerdo a la teoría fiscal que introdujo el representante del Ministerio Público Fiscal, los hechos fueron cometidos por el acusado en su tiempo que trabajó como empleado del Banco Provincia de Neuquén y fue despedido luego de una investigación interna de la entidad.

De esta manera, el acusado, quien se desempeñaba en el anexo de jubilados del BPN, "debía entregar una nueva tarjeta de débito a la víctima, pero jamás lo hizo. En lugar de hacerlo, entre el 16 y el 19 de julio realizó cuatro extracciones de 20 mil pesos cada una", causándole un perjuicio total a la víctima de 80 mil pesos.

En diálogo con LM Neuquén, Soledad, la sobrina de la damnificada, había confiado: “El viernes 30 de julio de 2021, fuimos al cajero automático a retirar dinero y nos desconoció la tarjeta de débito, lo que nos pareció una rareza muy grande”. Ante esta situación se comunicaron con la entidad bancaria, desde dónde les informaron que "el 7 de julio de 2021 se había generado y entregado un plástico nuevo", a lo que ella les indicó que nadie había solicitado un plástico nuevo.

"Ahí comenzamos a sospechar de algún tipo de maniobra irregular”, expresó la mujer y contó que radicaron una denuncia policial. Además, hizo lo propio en la Fiscalía de Delitos Económicos y envió un mail al banco adjuntando las denuncias y solicitando los registros de las cámaras de la zona de cajeros.

Con el devenir de la investigación, la fiscalía logró establecer cuál fue el empleado deshonesto y este lunes lo sentó en el banquillo de los acusados.

A su turno, el abogado defensor no negó los hechos ni la calificación; por lo que la magistrada a cargo de la audiencia Carolina García avaló la acusación y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

Sin embargo, el defensor luego planteó una posibilidad de una salida alternativa. La suspensión de juicio a prueba -probation- implicaba que en el plazo de un año, el acusado debería abonarle 2000 pesos mensuales a la víctima en concepto de reparación económica y donar 4 litros de leche en polvo por mes al hospital regional.

Consultada la fiscalía sobre esta posibilidad, el asistente Narváez indicó que aún no lo habían charlado con la víctima. Es por ello, que la magistrada no hizo lugar a la petición de la probation. Asimismo se supo que le habría dicho al abogado defensor que "los jueces deben controlar la legalidad y la razonabilidad" y que el pedido era irracional.