Las cárceles del horror, sin gas y colapsadas

Un habeas corpus presentado por la precaria situación de la cárcel U32 de Zapala, que está sin gas desde el 23 de marzo, puso al desnudo las falencias en las unidades penales del interior de la provincia. Incluso, desde el Gobierno admitieron que el presupuesto previsto para los penales es mínimo y ya está casi agotado pese a que todavía no se ha llegado a la mitad del año.

Todo esto fue tratado en una audiencia pública que se realizó el pasado 19 de mayo en la sede judicial de Zapala producto de un habeas corpus que presentó la abogada defensora de distintos internos.

A la misma tenía que comparecer la secretaria de Estado y Seguridad, Marianina Domíguez, pero no fue. Solo se presentó el ingeniero Miguel Garretón director provincial de política penitenciaria a quién la jueza de ejecución penal, Alicia Rodríguez, le pidió explicaciones y celeridad en las obras necesarias para cumplir con la ley.

Vale recordar, que cuando una persona es condenada el único derecho que se ve afectado es el de circular libremente, el resto está garantizado no solo por la constitución nacional sino también por tratados internacionales. Pero la letra suele diferir mucho respecto de la realidad.

marianina dominguez seguridad neuquen

Evitar una tragedia

La historia arranca con olor a gas, aunque en la U32 de Zapala también huele a cloaca porque los baños se rebalsan con frecuencia y “los presos terminan caminando en la mierda”, confió una fuente vinculada a la causa que sigue la justicia en Zapala.

Lo cierto es que el reclamo por el olor a gas se transformó en un habeas corpus y finalmente el personal penitenciario convocó a Camuzzi para hacer una inspección.

¿Dónde está Camuzzi? Cruzando la calle, literalmente. Por lo que cuando los inspectores observaron la obra de la U32, no solo observaron que había una perdida, sino que carecía de mantenimiento por lo que una tragedia estaba latiendo.

Por este motivo, Camuzzi resolvió retirar el medidor y el penal quedo sin gas.

Si bien las autoridades del penal advirtieron de esta situación desde la Dirección de Política Penitenciaria no hubo una respuesta y las quejas de los internos se hicieron sentir, así como también las mañanas con grados bajo cero.

Para evitar que la situación derivara en algo inmanejable, las autoridades penitenciarias salieron a comprar cable y estufas eléctricas. Los presos hicieron un precario tendido eléctrico para conectar los aparatos, pero comenzó a saltar la térmica a cada rato.

Por su parte, el personal penitenciario compró leña para calefaccionar una sala donde pasaron a realizar distintas tareas administrativas.

En eso sí hay coherencia, todo sufren el frío en la cárcel de Zapala.

Expediente en trámite

Ante la ausencia de Domínguez, el director de Política Penitenciaria Miguel Garretón tuvo que brindarle explicaciones a la jueza de ejecución penal.

El funcionario aseguró que ya están firmadas las facturas y elevado todo a Hacienda para la compra. El expediente en soporte papel es el N° 1100 – 000565/22 y el electrónico es N° 00670755 caratulado “s/instalaciones”. El registro de SAFIPRO es 401. Todo por un monto total de $738.624,72. También he pedido detectores de pérdidas de gas para instalar en las UD del interior”, dijo Garretón.

Además, aclaró: “Si se aprueba la compra, se tardaría dos semanas aproximadamente en realizar los trabajos que se pueden hacer con los internos”.

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Sin presupuesto

Desde que la cárcel de Senillosa, que tenía 600 plazas, fue entregada al servicio penitenciario federal, las cárceles neuquinas se sobrepoblaron y desde 2019 hay promesas de ampliación que no se han materializado.

¿Qué le dijo Garretón a la justicia? “El Gobernador aprobó la construcción y ampliación de las UD22 y UD32 este año. Ya hay asignación presupuestaria para eso, y ronda los 36 millones de pesos. El plazo de construcción es de 3 meses aproximadamente. La ampliación para la UD32 seria apta para que vivan 8 internos”, explicó.

Lo que tienen pensado hacer es una pequeña cuadra, al menos eso se especula de acuerdo a la escasa información brindada por el funcionario.

“Es un afano pagar ese dinero por una cuadra. Estamos hablando de 18 millones de pesos cada una. Una casa por cooperativa está en unos 10 millones de pesos”, expresó una fuente consultada por LMN.

Lo cierto es que Garretón también admitió ante la jueza que no cuenta con recursos su Dirección y que ya tiene casi agotado el presupuesto 2022.

“Este año, pedí un presupuesto de 65 millones de pesos, pero desde el ejecutivo solo me asignaron 13 millones de pesos. De esos trece, 10 millones de pesos se van en equipos de calefacción. Solo me quedan 3 para el resto de cosas y repuestos del año”, sinceró el funcionario.

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Resolución de la justicia

La jueza de ejecución ordenó oficiar a la secretaria de Estado y Seguridad , Marianina Domínguez; al subsecretario de Seguridad, Lucas Gómez; Al titular del Ministerio de Economía, y al titular del Ministerio de Hacienda, para en el lapso de 48 horas se ponga a disposición del ingeniero Garretón la suma de pesos $738.624,72 y/o el monto resultante que figure en SAFIPRO 401, “a los fines de proceder con urgencia a la reparación de las instalaciones y red de gas de la Unidad de Detención U32 por estar agravadas las condiciones de detención de la población carcelaria y personal penitenciario”.

Pero esto no es todo, además citó para una próxima audiencia que se realizará en los próximos días al titular de Unidades de Detención de la Provincia Comisario Mayor Caro y a la secretaria de Seguridad Marianina Domínguez.

Y dejó sentado la jueza: “cuando es citada por la justicia es una carga publica y que, habiendo sido citada personalmente, a pedido de las partes, se reitera la citación bajo apercibimiento de ser traída por la fuerza pública”, es decir si no va la Policía, auxiliar de la Justicia, deberá ir a buscar a Caro o Domínguez, subirlos a un móvil y trasladarlos para que comparezcan ante la jueza.