La reforma de la Ley de Ciberdelito de Daniel Ortega legaliza la censura y criminaliza el uso de las redes sociales y aplicaciones móviles en Nicaragua.
Daniel Ortega y una nueva reforma para silenciar las críticas.
En medio de un clima de creciente represión y control social, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo –su esposa y vicepresidenta- lanzó una reforma a la Ley de Ciberdelitos que generó temor en Nicaragua, ya que dar un “like” o reproducir un comentario crítico en las redes sociales puede ser motivo para terminar en prisión.
La Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó la modificación que criminaliza la difusión de información considerada “falsa” o “amenazante” en las redes sociales y aplicaciones móviles
Criminaliza la difusión de información considerada "falsa" o "amenazante"
Organismos de derechos humanos y activistas advirtieron que es un nuevo paso del matrimonio en su campaña para restringir aún más los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión.
La ley base, conocida como “ley mordaza”, está vigente desde 2018 y ha sido usada para silenciar cualquier crítica contra la pareja gobernante. Ahora se endureció la norma, agregando incluso un aumento de penas y la potestad de perseguir extraterritorialmente los supuestos “delitos informáticos”.
Qué estipula la norma
La ley de Ciberdelitos establecía la “investigación, persecución y sanción” de delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información” para todos aquellos que "difundan o publiquen información falsa o tergiversada”.
Ahora, con las modificaciones del régimen, agrega textualmente “el uso de redes sociales y aplicaciones móviles”, el único reducto que quedaba para poder cuestionar la deriva autoritaria del gobierno, ya que los medios están en manos oficialistas.
Hay penas de cárcel de 5 y 10 años por este tipo de "delitos"
El artículo dos también se amplió para condenar, además, a los “autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier persona que facilite o favorezca la comisión de los delitos previstos en la misma”.
Las sanciones contemplan penas de cárcel de varios años y multas exorbitantes, lo que representa una amenaza directa a periodistas independientes, activistas y ciudadanos que utilizan estos medios para compartir noticias, opiniones y denuncias.
Por “propagación o difusión de noticias falsas o tergiversadas” la pena es de hasta cinco años de cárcel. Y si la publicación incita a la discriminación, al odio, y a la violencia por motivos raciales, religiosos o políticos, llega a 10 años.
La decisión de Ortega y Murillo apunta al único segmento de comunicación que no controlaban: las plataformas de redes sociales y aplicaciones móviles como WhatsApp.
Un “like” puede ser determinante
La gran mayoría de los opositores detenidos por el régimen de Ortega fueron acusados, justamente, de “propagación de noticias falsas”. Para ello utilizan la famosa Ley 1042.
El régimen se arroga la facultad de determinar quienes incurren en noticias falsas en las redes sociales. Y rápidamente son detenidos, enjuiciados y condenados.
Durante los fraudulentos juicios, explica el diario La Prensa, los fiscales del régimen presentaron como pruebas del “delito” los retuits y los “me gusta” a comentarios de terceros.
Actualmente hay más de 200 presos políticos, entre opositores, periodistas y dirigentes estudiantiles. Más otra gran cantidad que fueron desterrados y desnacionalizados mediante la Ley de Ciberdelitos.
Este es el caso del tiktoker Cristóbal Geovanny López Acevedo, muy conocido en redes sociales. Pese a ser sandinista, fue condenado por defender en las redes a la Miss Universo Sheynisse Palacios ante los ataques del oficialismo.
También el filósofo y catedrático Freddy Quezada, también condenado porque dio un “me gusta” a una publicación en Twitter en la que se hacía referencia al poder de movilización que tendría la llegada de la Miss Nicaragua.
La policía, con todo el poder para detener sospechosos
En virtud de las nuevas normas, la policía sandinista accede a través de las telefónicas a “información de los titulares de la líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, ubicación de las antenas emisoras y receptoras”.
La policía no necesita una orden judicial para detener a "sospechosos"
También puede “realizar registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean necesarios”, sin necesidad de una orden judicial.
En paralelo, modificaron la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que pueda vigilar y reportar operaciones “sospechosas” de personas y entidades, transferencias electrónicas y proveedores de servicios de activos virtuales.
Y lo que alarmó a muchos nicaragüenses es que esto se aplica sobre las remesas familiares que vienen del exterior, uno de los principales sostenes de las familias. La autoridad tiene derecho a confiscar todo.
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