El aberrante hecho se produjo el viernes y el informe de la autopsia confirmó que la causa de muerte fue paro cardiorrespiratorio por trauma abdominal. La pequeña había quedado al cuidado de Sosa porque su madre debía realizar trámites en una oficina de la Anses. Según relató Raúl Sosa, padre del detenido, su hijo le pidió ayuda porque “la beba no respiraba bien”.

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La niña fue atendida en un centro de salud en Almirante Brown y 92, adonde llegó casi sin signos vitales, y trasladada de inmediato en una ambulancia al Hospital Cestino de Ensenada, donde los médicos intentaron sin éxito reanimarla. Jonathan Sosa llegó al hospital en la ambulancia y permaneció allí durante varios minutos. Mientras revisaban a la pequeña, los médicos constataron que tenía signos de abuso en los genitales.

Fuego: Indignados, los vecinos incendiaron la casa en la que habría ocurrido el abuso.

Poco después llegaron efectivos de la Comisaría Segunda de Ensenada, del gabinete de delitos sexuales y funcionarios municipales, pero Sosa ya no estaba en el hospital, por lo que se dispuso su pedido de captura. Lo detuvieron horas después mientras se trasladaba hacia La Plata en bicicleta.

El detenido tiene antecedentes: había cumplido una condena de dos años de cárcel entre 2015 y 2017 por tentativa de robo en poblado y en banda, en las Unidades 9 de La Plata y 45 de Melchor Romero.

Efectivos de la policía científica peritaron la casa en la que Sosa vivía con la madre de la beba. La noticia se conoció rápidamente en el barrio y los vecinos, indignados, incendiaron la vivienda. La investigación está caratulada como violación seguida de muerte y está a cargo de María Cecilia Corfield, de la UFI N° 15 de La Plata.

Cambio clave en el Código Penal

El Senado de la Nación convirtió en ley la modificación del artículo 72 del Código Penal: a partir de ahora, el abuso sexual infantil ya no es un delito de instancia privada sino pública, por lo que el Estado está obligado a investigar de oficio. Cualquier ciudadano puede hacer la denuncia si conoce el hecho de que un menor de 18 años es víctima de abuso sexual, y el Poder Judicial está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.

La autora del proyecto convertido en ley, la diputada Carla Carrizo, impulsó esta reforma argumentando que la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratifiquen la denuncia era un obstáculo para que haya justicia.

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