Bullrich complicada: no cierran su causa de Vaca Muerta

La fiscal federal Cristina Beute bochó el sobreseimiento de Patricia Bullrich, que había sido acusada en 2017 dar la orden de un allanamiento ilegal con Gendarmería, por orden de YPF en tierras reclamadas por la comunidad mapuche Campo Maripe en Vaca Muerta.

Ahora será la Cámara Federal de General Roca la que analizará el fallo apelado por Beute, donde el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva sobreseyó a la líder del PRO nacional y ex ministra de Seguridad de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, y de su segundo, Pablo Nocetti.

“La orden impartida vulneró preceptos de orden constitucional y convencional”, expresó la fiscal federal en unos de los párrafos del texto de la apelación.

Los Campo Maripe intentaron llegar a sus domicilios, pero se encontraron con fuerza federales cortando los caminos en el yacimiento.

Los Campo Maripe reclaman derechos en tierras donde opera YPF.

Los Campo Maripe reclaman derechos en tierras donde opera YPF.

Sebastian Fariña Petersen

Los hechos ocurrieron en el apogeo del macrismo y las prácticas de seguridad que intentaron imponerse en Vaca Muerta en el contexto de la tensión con los pueblos originarios que reclaman el relevamiento territorial.

Entre el 21 y 22 de junio de 2017, Bullrich dio la orden a efectivos de Gendarmería Nacional para irrumpir en el yacimiento Loma Campana sin orden judicial y a pedido de la empresa YPF, que buscaba hacer reparaciones y mantenimientos de equipos.

La fecha es anterior al procedimiento de Santiago Maldonado en Cushamen, Chubut, donde se denunció la desaparición y persecución de esas fuerzas federales, en un año muy complejo para la relación entre el gobierno nacional y los pueblos originarios.

Beute destacó en la apelación que “el suceso delictivo que se atribuye a la por entonces Ministra de Seguridad de la Nación consiste en haber dictado una orden contraria a la Constitución Nacional y a las leyes, dirigida a efectivos de Gendarmería Nacional, orden que afectó indebidamente garantías constitucionales de los habitantes, por no contar con la correspondiente orden judicial”.