Con un DNU, Javier Milei puso fin al relevamiento de tierras indígenas: qué pasa en Neuquén

El gobierno de Javier Milei sacó un DNU y puso fin en estas horas a la emergencia territorial indígena establecida en la Ley 26.160 y la decisión es una bomba de tiempo en Neuquén. La emergencia estuvo vigente durante 18 años con múltiples prórrogas, debido a los conflictos judiciales y desalojos.

La Confederación Mapuche del Neuquén está en alerta y llamó a una conferencia de prensa frente a Casa de Gobierno. "Estamos definiendo este tema", dijo a LMNeuquén Jorge Nahuel, quien puso el foco en las tierras que reclaman las comunidades en los alrededores de Vaca Muerta.

En Neuquén hay relevamientos que están inconclusos y mucos de ellos son con comunidades que están en conflicto con las petroleras, como los Kaxipayiñ, Wircaew, Campo Maripe y Fvta Xayen (sin personería), entre otras.

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Javier Milei firmó el DNU que deroga la emergencia territorial indígena.

Qué dice el decreto de Javier Milei

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024, Nación puso fin a la emergencia territorial y las múltiples prórrogas que suspendía los desalojos en tierras reclamadas por comunidades originarias. En Neuquén hay varios conflictos abiertos y relevamiento sin concluir y aún se desconoce cuál es la postura oficial del gobierno de Rolando Figueroa.

La decisión, que también deroga el Decreto 805/2021, argumenta que la situación había generado inseguridad jurídica, conflictos territoriales y limitaciones al desarrollo económico en diversas provincias.

La Ley 26.160 fue sancionada en 2006 con el objetivo de frenar desalojos y avanzar en la regularización de tierras ocupadas por comunidades indígenas reconocidas oficialmente.

Sin embargo, el decreto que firmó Javier Milei y sus funcionarios este martes afirma que las sucesivas prórrogas de la emergencia propiciaron “un abuso del sistema”, con un incremento en la inscripción de comunidades sin cumplir los requisitos necesarios, lo que habría agravado los conflictos territoriales en lugar de resolverlos.

Entre los fundamentos, el decreto subraya que la extensión de la medida afectaba el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, y limitaba el uso productivo de las tierras, generando un “daño al sistema republicano de gobierno”.

Además, señala que se registraron 254 conflictos judicializados en distintas provincias, muchos de ellos vinculados a usurpaciones y hechos violentos, incluyendo incendios intencionales en bosques del sur del país.

El Gobierno defendió la decisión como un paso necesario para garantizar la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y atraer inversiones.

Sin embargo, la medida generó una inmediata reacción de rechazo por parte de organizaciones indígenas y sectores opositores. Es que se "veía venir" una medida, y se resolvió justo a un año del gobierno de Milei.

Esta vez, sí la vieron venir

La Confederación Mapuche de Neuquén calificó la derogación como un “acto de regresión en los derechos de los pueblos originarios”, mientras que referentes de derechos humanos advirtieron que la medida podría provocar un aumento de los desalojos y tensiones sociales.

Se conoció que representantes del sector productivo y propietarios de tierras celebraron la decisión que vienen siguiendo de cerca y que restablece la confianza en el sistema legal y permitirá avanzar con proyectos paralizados por disputas territoriales.

La derogación de la emergencia territorial indígena abre un nuevo capítulo en el histórico conflicto por la tierra en Argentina, que aún no termina de resolver: la tensión que hay entre los derechos de las comunidades originarias, la propiedad privada y el desarrollo económico.

Las próximas semanas serán clave para evaluar el impacto social, político y jurídico de esta medida que traerá repercusiones en Neuquén.