Semana que ha dejado muchas novedades de cara a lo que vendrá. Uno de los hechos más destacadas fue la aprobación en la Legislatura neuquina del proyecto de ley que evita el pago del impuesto a las ganancias en los sueldos de los trabajadores estatales y legislativos neuquinos. La cámara también aprobó la normativa que autoriza al Ejecutivo provincial a redireccionar los recursos del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN) para cubrir el desequilibrio de las cuentas del ISSN. La propuesta también habilita a utilizar los recursos de dicho fondo para “hacer frente al pago de servicios de deuda pública”.
Los legisladores indicaron a regañadientes que no es la mejor solución pero que es la única alternativa de poder llevar algo de tranquilidad a las cuentas publicas provinciales, de cara al traspaso del gobierno que se producirá el 10 de diciembre próximo.
El viernes, la calma y satisfacción, reinaban en el ánimo tanto del actual gobernador, Omar Gutiérrez; como en el equipo del mandatario electo, Rolando Figueroa. No es para menos, las actuales autoridades aseguraban, mediante ley, el no pago del impuesto a las ganancias de los asalariados estatales provinciales y metían mano al FEDeN para equilibrar las cuentas del ISSN. En la sesión de la semana pasada, ganaron todos.
Docentes bajo la lupa
Quien también acelera el ritmo de su gestión es el ministro de Educación y Gobierno, Osvaldo Llancafilo. A menos de seis meses de terminar su mandato, el titular de la cartera ha bajado líneas de acción bien definidas sobre los que entiende debe ser “priorizado” en lo que queda de gobierno.
Se profundiza el accionar territorial en cada edificio escolar de la provincia atendiendo las demandas de la comunidad y exigiendo, a las empresas contratadas, terminar en tiempo y forma con las obras que están en marcha. “No vamos a llegar a tener al 100 por ciento de los establecimientos en perfecto estado. Va a haber un porcentaje menor que va a estar en obra, pero la idea es que el 95 por ciento esté en plenas condiciones de habitabilidad”, solicitó hace unas semanas atrás el ministro a su grupo de colaboradores más estrechos.
El ministerio y el Consejo Provincial de Educación, están en la etapa final de una auditoria externa encargada de controlar las carpetas medicas del personal del sistema de educación. La consultoría comenzó en setiembre del año pasado y ya comienza a arrojar sus primeros resultados.
Un festival de certificados médicos
El último informe entregado al ministro y a las autoridades del CPE indica que “entre enero y mayo se presentaron 75.763 certificados, los cuales fueron auditados en su totalidad”. El dossier entregado a Llancafilo y a la presidenta del CPE, Ruth Flutsch, menciona que “existen certificados que están justificados debidamente” pero que “hay otros que no reúnen los parámetros que respalden su validez”. Una forma elegante de indicar que los auditores detectaron muchos certificados médicos “mentirosos” o “truchos”.
Los auditores, fijan como antecedente que durante el trabajo realizado entre setiembre y diciembre del año pasado se había detectado que “un mismo profesional había emitido 34 certificados en un mismo día”.
Los abusos detectados y probados llevaron al ministro Llancafilo a producir encuentros de trabajo con el Ministerio de salud y los colegios de profesionales. El tema es una “papa caliente” que va de escritorio en escritorio y abarca oficinas del CPE, de la cartera de Salud y de las asociaciones de profesionales de la salud. Los médicos involucrados en la emisión de “certificados truchos” llegaría a mas de diez y la mayoría estarían siendo investigados exhaustivamente. Desde el ministerio de Gobierno dejaron trascender que varios facultativos, involucrados, habrían ejercido presiones sobre el cuerpo de médicos auditores que denunciaron la “anormalidad” detectada.
¿Falsos médicos?
Por estos días y por orden de Llancafilo, los abogados del ministerio y del CPE se presentaron ante la justicia una denuncia por “falsificación de Matricula” de un médico con actuación en la provincia. Los certificados apócrifos llegarían a 200, ya estarían identificados individualmente logrando determinar la identidad de cada agente que los presentó. La causa mencionada sería el inicio de “algo mucho más gordo, que podría involucrar a más personas”, según indicaron a este cronista.
Los “pesquisas” de Medicina Laboral también pudieron confirmar otros abusos que se estarían realizando a través de las licencias médicas “extendidas”. Así fue como se pudo comprobar el caso de una docente que goza de una licencia medica desde hace varios años y que vive en Barcelona, España. Los auditores, generaron los encuentros a través de Zoom, para tomar contacto con la docente neuquina, ahora catalana. El mismo informe da cuenta que “se convoca a junta médica digital a una agente que presentaba certificado por salud mental, de larga data. Durante la junta médica, tomamos conocimiento que la señora estaba viviendo en España (Barcelona) desde fines del año 2022”, indica el departamento auditor. Y en su informe agrega “durante la junta, no se evidencian síntomas limitantes para realizar sus tareas y se le otorga el ALTA LABORAL”.
“Enferma” por Barcelona
El informe detalla que “la agente apela la decisión adoptada ante la Junta Medica del CPE, y desde ese sector se comunican con la Directora Provincial de Medicina Laboral informando que no se le podría realizar la Junta de apelación porque una médica integrante de la misma, es la profesional tratante de la agente infractora”. A la docente radicada en Barcelona, se le abrió un sumario y podría llegar a sufrir la baja del sistema.
Casos como el detallado anteriormente abundan. Se han detectado situaciones similares con personal de Educación con licencia médica prolongada que estarían radicados en localidades de distintas provincias de nuestro país. En los informes figuran docentes y profesores radicados en Córdoba, Mendoza, Salta, La Rioja, Tucumán, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Todos bajo auditoria y bajo sumarios.
Estado ausente, ganancia de los “vivos”
El trabajo que se lleva realiza desde hace un año rindió sus primeros frutos. Desnuda los abusos cometidos contra el estado por la falta de controles y la connivencia de distintos sectores, responsables, que durante décadas miraron para otro lado; mientras el despilfarro era cada vez más grande.
Fruto del abuso de la emisión de certificados médicos, sin patologías probadas, el estado neuquino; durante el 2022 abonó un promedio de 750 millones de pesos mensuales; y sufrió un nivel de ausentismo en las aulas de un 30 por ciento promedio.
Los controles realizados de manera externa, habrían impactado en una baja del ausentismo y el consecuente redireccionamiento de fondos que hasta hace poco tiempo eran “liquidados” en concepto de licencia por enfermedad.
Mantiene Llancafilo la vara alta en su convencimiento de profundizar medidas que lleven a la reconciliación entre padres, alumnos y docentes. Una lucha que recién comienza, que a decir de los resultados parece ser el camino correcto. Habrá que ver hasta donde las “corporaciones” lo aceptan y acompañan.
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