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La Mañana economía

El Gobierno no puede anclar las expectativas inflacionarias

La deuda que registra el Banco Central creció 150% en un año alcanzando los 12 billones de pesos. Un número que está íntimamente ligado a la emisión monetaria de la entidad. Oficializaron otro gran pasivo del país: la pobreza. Duro revés judicial para YPF.

Fue una semana compleja para la administración Fernández.

Uno de los grandes problemas que enfrenta el ministro de Economía, Sergio Massa, es la aceleración que están mostrando los precios en la economía del país.

Todo indica que, difícilmente, el año en curso termine con una inflación por debajo de los tres dígitos. El dato clave para sostener este argumento se resume, en parte, de los números que surgen del último informe presentado el miércoles por el el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El trabajo resalta que la deuda de la entidad, alcanzó los 12 billones de pesos. De esta cifra, unos 9,6 billones corresponden a Leliqs y poco más de 2,6 billones a pases. Semejante masa de dinero representa hoy al 11% del Producto Bruto Interno (PBI) del país; para el argentino bimonetarista, equivale a unos 57.000 millones de dólares.

La dinámica que muestra la entidad financiera es preocupante, porque termina impactando en la economía real. El Central intenta esterilizar los pesos que emite -que van a compensar los desequilibrios fiscales del Estado- buscando evitar presiones sobre los precios y los dólares que existen por fuera del mercado oficial. La herramienta para ello es la colocación de Leliqs a los bancos a una tasa de interés muy alta, lo que termina retroalimentando la bola de nieve. Por mes, termina pagando más de 650.000 millones de pesos (3.100 millones de dólares), solo por intereses.

Para esta misma fecha del año pasado, el BCRA tenía una deuda de poco más de 4,7 billones de pesos, reflejando un crecimiento interanual del 150%, una montaña de pesos adicional superior a los 7 billones de pesos en solo doce meses.

Por otra parte, las proyecciones privadas señalan que el total de pasivos de la entidad monetaria madre, para el cierre del año en curso, podría alcanzar más de 25 billones de pesos; un serio problema para la próxima gestión presidencial.

Toda la serie de datos demuestra que esta herramienta solo cumple parcialmente la esterilización de los pesos emitidos. Si bien, por ahora, los bancos se quedan en moneda local con las Leliqs y no van al dólar (demanda que haría subir la cotización), los precios en la economía doméstica continúan con su tendencia creciente.

Para mantener esta rueda sin fin, los pesos que se necesitarán a futuro van a salir de nuevas emisiones del Banco Central. Por lo tanto, son altas las probabilidades de que que la tendencia de precios en el mercado doméstico pueda amainar, salvo que existe alguna medida estructural -de fondo- que cambie las reglas del juego y, en consecuencia, el actual escenario.

¿Cuál puede ser esta medida estructural? Este tipo de desequilibrio monetario siempre termina derramando: afectando al tipo de cambio o la inflación. Algunos economistas ortodoxos advierten que desactivar esta bomba creciente de Leliqs puede derivar en una devaluación, como mecanismo para licuar esa deuda. Sin embargo, no se vislumbran esta salida durante el gobierno de Alberto Fernández.

Desde el entorno del ministro esta semana dejaron trascender -cuando crecían las versiones en esta línea- que “si hay devaluación, Sergio (Massa) renuncia”. Aseguran que “devaluar en este momento sería un suicidio político”.

Este es otro de los argumentos del mercado anticipando las crecientes expectativas inflacionarias, por lo menos hasta las próximas elecciones.

cristina Fernández de kirchner

Llegar a agosto, el objetivo político

Para la mayor parte de los economistas consultados, la manera más ordenada de salir de esta peligrosa bola de Leliqs es con un plan integral de reformas estructurales en la economía, recuperando la credibilidad y aumentando el crédito que habilite una suba de la demanda de pesos como para que esa deuda vaya bajando progresivamente. Pero, para poner en marcha un plan como el mencionado, se necesita tiempo. Un activo con el que Massa hoy no cuenta.

“Tenemos que llegar a las PASO de la manera más ordenada posible si queremos tener algún tipo de posibilidad en las próximas elecciones”, adelantó la fuente de Economía.

Con esta premisa, el Gobierno termina haciendo lo que puede y no lo que debe. “Cualquier reforma estructural que queramos implementar nos llevará mucho más de cinco meses, que es el primer punto de llegada que se puso el ministro”, continuó el funcionario. Para Economía sería muy riesgoso encarar reformas y no poder dar continuidad de las mismas en el tiempo. “Podría ser peor el remedio que la enfermedad”, confió la fuente.

En una democracia racional, la política debería arbitrar los medios para poder dar continuidad a un programa como el que se esta mencionando. Si hay acuerdo entre las principales fuerzas para aplicar un plan de reformas estructurales y consensuar el tiempo objetivo que se necesita, las elecciones de agosto -y también las posteriores- solo serían algo anecdótico. Lo importante -y urgente- sería poner en marcha ya un plan económico que mejore las expectativas y calidad de vida del conjunto de la sociedad.

Pero estamos en la Argentina, un país donde el sentido común es uno más de los activos poco abundantes. Otra deuda de la democracia.

Mientras tanto, sigue creciendo la pobreza

En medio de la disputa política sobre como sigue el país, el jueves otro duro informe oficial salió a la luz: los niveles de pobreza e indigencia.

Pobreza, desnutrición. Argentina.

Los datos del segundo semestre del año pasado destacan que la pobreza llegó al 39,2% de la población y afectó a más de 18,6 millones de argentinos. En el semestre previo, se había ubicado en el 36,5% y afectaba a 17,3 millones de argentinos.

Una simple cuenta matemática confirma que el Gobierno generó 7.200 nuevos pobres diarios durante los últimos seis meses del año anterior.

Pero hay un dato que es importante de destacar. El último informe del Indec, presentado el jueves en forma oficial, corresponde a la última parte del año pasado. Los datos económicos de lo que va del 2023 son realmente preocupantes y la incidencia sobre los indicadores sociales pueden ser determinantes para perforar el techo del 40% de pobreza en el próximo informe que se oficializará en septiembre.

Lamentablemente, muchos son los que ya naturalizan estos números. Frías estadística que en definitiva reflejan el profundo estado de degradación -moral, social y política- por el que está atravesando el país en su conjunto.

Duro revés de YPF en la justicia de EE.UU.

Un afiche alusivo a la expropiación de YPF, en el centro porteño. (Noticias Argentinas)

Cerrando la dura semana, la administración Fernández recibió otra mala noticia, esta vez de los tribunales norteamericanos. La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en el año 2012. Si bien la decisión fue favorable para la petrolera de bandera, todo recae sobre la Nación argentina. Fuentes del ministerio de Economía aseguran que quedan dos instancias para apelar, pero igualmente deberá depositar una garantía que, en principio no debería ser mayor a los 500 millones de dólares. “Esto no tiene impacto real. Ya están los abogados de la compañía junto al Estado argentino apelando la medida”, confiaron allegados del ministro Massa.

El golpe se hizo sentir entre los inversores: las acciones de YPF en Wall Street se desplomaron cerca del 4% en solo un par de horas. Como contrapartida, la acción del fondo Burford, que es el que demanda por la expropiación y cuyos papeles cotizan en la bolsa de Londres, saltaron más de 30%.

Según un cálculo que hicieron los demandantes, esto podría tener un costo para el Estado entre 8.000 millones y 18.000 millones de dólares.

Hay que recordar que, en mayo de 2012 por la expropiación del 51% de las acciones, el Gobierno de Cristina Kirchner pagó a la española Repsol poco más de 5.000 millones de dólares.

Hoy el 100% de la empresa tiene un valor bursátil de 3.300 millones de dólares. Claramente, uno de los peores negocios que hizo la administración de Cristina Fernández para el erario público. A esto se le suma ahora este juicio que se llevará de las arcas del Estado otros varios miles de millones de dólares. Con el paso de los años, la Argentina sigue pagando la mala praxis económica de sus funcionarios. El relato, aquí también, se desploma frente a la realidad de los hechos.

Pero el ministro Massa pudo traer una buena noticia de Estados Unidos. A última hora del viernes, luego de que la Justicia de los Estados Unidos fallara por el caso YPF, el titular de la cartera oficializó el desembolso del FMI por 5.400 millones de dólares.

En forma inmediata, el Banco Central informó que las reservas subieron 2.500 millones, sumando casi 30.000 millones de dólares. Un dato menor, teniendo en cuenta la extrema falta de divisas que necesita la economía argentina para poder moverse.

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