El Gobierno recorta fondos a las provincias y crecen los conflictos con los sindicatos

Un informe privado plantea que el incremento de la conflictividad sindical en las provincias está asociado al recorte de fondos que lleva a cabo el gobierno nacional, ya sea por la caída de la coparticipación de impuestos o por fondos no automáticos, como los ATN.

Así lo indica el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un reporte donde señala que este año se produjeron 101 conflictos entre las gobernaciones y los sindicatos. De ellos, solo un 33% estaría resuelto.

El estudio señala que "en promedio, el primer cuatrimestre de 2026 muestra una caída de 5,6% en Recursos de Origen Nacional y de 7,2% en Coparticipación". "A esto se suma que, desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos propios de las provincias han sufrido una caída real promedio del 16% en comparación con el promedio de la etapa anterior", señala el CEPA.

El trabajo indica que "para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones". "El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado", detalla el informe.

En ese sentido, considera que "la caída de la recaudación implicó ajustes en algunos de los sectores donde se concentra el gasto".

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"De allí que todas las provincias argentinas presenten casos de conflictividad en sectores como educación, salud, seguridad, jubilaciones y justicia", describe el trabajo.

Sostiene al respecto que "desde inicios del 2026 se registraron al menos 101 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país".

"El 66,3% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 33,7% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria", indica el reporte

El mismo sostiene además que, en respuesta a esta situación, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 219/2026 un régimen de anticipos financieros para 12 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), por hasta $400.000 millones.

"El decreto reconoce que dichas provincias se ven impedidas transitoriamente de atender sus compromisos presupuestarios más urgentes, y establece que los anticipos deberán reintegrarse dentro del ejercicio fiscal mediante retención automática de coparticipación", dice el CEPA.

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Provincias en déficit

Un informe de la Fundación Mediterránea destaca que en 2025 las provincias argentinas terminaron con un déficit financiero del 0,4% del PBI, lo que marcó un deterioro importante respecto del 2024, en el que habían concluido con superávit de 0,1% del PBI.

"En el año 2025 el conjunto de provincias habría finalizado con un déficit financiero de alrededor de 0,4% del PIB, cuando en 2024 se había observado un superávit del 0,1%", dice el reporte.

El informe señala que "en el año 2023, previo al actual período de gobierno, se produjo un déficit financiero en el consolidado de provincias equivalente a 0,3% del PIB".

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"Tras una caída real de ingresos del 12,8% en 2024, y un ajuste en el gasto de 14,9%, en dicho año las provincias pudieron exhibir un superávit financiero de 0,1% del PIB", explica el trabajo.

En ese sentido, señala que "en 2025 revirtieron el ajuste, pues subieron más las erogaciones (6,5%) que los ingresos (2,9%), de modo que volvieron al déficit financiero".

El deterioro de la situación fiscal de las provincias el año pasado tuvo como trasfondo las elecciones, que implican un incremento de gasto, un freno de la actividad y un recorte de las transferencias a los estados subnacionales.

"Si se considera la evolución acumulada entre 2023 y 2025, los ingresos totales de provincias cayeron 10,3%, en valores constantes, cuando sus erogaciones bajaron un 9,4%", indica el estudio.