El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le abrió la puerta a la comunidad Kaxipayiñ para discutir el levantamiento de una medida cautelar por la cual se le cobraba una multa económica por el conflicto en las tierras en discusión, en el lago Mari Menuco. Son 260 hectáreas que están dentro del relevamiento territorial, en disputa entre el club y los mapuches. Ahora el expediente lo tiene el TSJ, que analizará si dará o no lugar a la suspensión de cobros millonarios a la comunidad originaria.
Se trata de una causa que viene desde 2017, cuando la jueza María Eugenia Grimau determinó el cobro de astreintes a la comunidad mapuche por “turbación de la posesión”. La magistrada dio por sentado que la posesión de esas tierras las tenía el club, y los abogados de los Kaxipayiñ recusaron esa medida y llevaron la discusión hasta le máximo órgano judicial de la provincia de Neuquén.
Eran alrededor de 25 mil pesos por día de astreintes, cada vez que los mapuches realizaban alguna acción directa sobre las tierras y se habían acumulado casi $13 millones durante la pandemia. Hubo una apelación, pero la Cámara Civil rechazó el pedido de la comunidad. Y ahora el TSJ declaró el recurso extraordinario “parcialmente admisible”.
La Resolución Interlocutoria N°16, firmada por Germán Busamia, Gustavo Mazieres y el secretario Roberto Cosentino, salió el pasado viernes 10 de febrero, luego de una semana compleja entre el club y los Kaxipayiñ. Hubo 20 presentaciones judiciales por un bloqueo que hizo la comunidad en el portal de ingreso a Mari Menuco, para acelerar el proceso del relevamiento de tierras, que tiene que entregar el gobierno provincial. Los mapuches piden “la cartografía”, es decir, cuáles son los límites asignados a la “propiedad ancestral”. Entre esas tierras están las 260 hectáreas cerca de Mari Menuco, y otras ubicadas en inmediaciones de los yacimientos de Vaca Muerta.
El planteo de los abogados de la comunidad Kaxipayiñ sed argumenta en que el proceso de relevamiento territorial de las tierras en disputa, elimina el riesgo que tuvo en cuenta la jueza Grimau al otorgar la cautelar a Mari Menuco, y, por lo tanto, el cobro de astreintes. En el sentido en que “ambas partes deberían ceder sus pretensiones sobre las tierras”, hasta que concluya el relevamiento. El pasado 14 de septiembre de 2021 el club y la comunidad firmaron un acta acuerdo, en el cual la comunidad se somete al relevamiento territorial dispuesto por la Ley 26.160. Por lo tanto, los abogados sostuvieron que el cobro de astreintes “no tiene sentido”.
Por otra parte, desde la Confederación Mapuche se mostraron satisfechos de recibir las primeras tres de las 14 carpetas del relevamiento territorial en Vaca Muerta. Indicaron que “puede significar una bisagra para resolver una relación de conflicto lógico por una industria que se instaló a la fuerza y sin el consentimiento de las comunidades afectadas”.
Las comunidades reclaman la puesta en marcha del relevamiento territorial en las localidades alcanzadas por el desarrollo de la producción no convencional. Una de ellas, que aún no tiene la personería jurídica, es Fvta Xayen, una comunidad que se autodeteminó en medio de un conflicto por usurpación de campos privados, donde se llegó a una mediación penal, antes de que sus actores sean condenados.
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