Familias de desaparecidos en la dictadura, molestas por la toma de imágenes en un juicio

Referentes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la última dictadura militar en la región expresaron su malestar por las filmaciones que realizó el personal de Prefectura Naval Argentina durante las audiencias del octavo juicio por delitos de lesa humanidad que se realizan en esta ciudad que tienen como imputados al ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Marcelo Ortiz, acusados de la omisión de promover la persecución penal de los delitos padecidos por 23 víctimas y como partícipes de sus privaciones ilegales de la libertad.

En la audiencia del 15 de diciembre pasado, la última del año, la Fiscalía a cargo de Miguel Palazzani consultó al tribunal encabezado por la jueza María Paula Marisi si la mencionada fuerza había solicitado autorización para tomar imágenes en el ingreso a la sala del Tribunal Oral Federal al 1500. Palazzani señaló que había observado que personal de custodia filmaba mientras el público ingresaba a la sala para presenciar la audiencia. La jueza respondió que no sabía por lo tanto solicitó información al responsable de la fuerza quien respondió que era normal filmar mientras trabajan como parte de la labor de custodia.

SFP Juicio Escuelita (34).JPG

Inés Ragni, madre de Oscar Ragni, desaparecido desde el 23 de diciembre de 1976, declaró en el juicio que tiene como imputados al ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Marcelo Ortiz, acusados de la omisión de promover la persecución penal de los delitos padecidos por veintitrés víctimas y como partícipes de sus privaciones ilegales de la libertad. Foto: Sebastián Fariña Petersen.

En esa audiencia declararon Oscar Massei, quien por entonces se desempeñaba como abogado, y Natalia Schedan, hija de Carlos Schedan, quien continúa desaparecido tras haber sido secuestrado el 11 de junio de 1976, cuando fue a buscar a su compañera e hija a la sede de la Policía Federal en Neuquén capital, donde habían sido llevadas a esa dependencia tras un operativo.

La jueza Marisi solicitó la ampliación por escrito de esa modalidad y requirió que se le enviaran las fotografías y filmaciones. Desde Prefectura expresaron en un comunicado que la toma de imágenes son realizadas "con el único fin de graficar la actividad realizada por el personal de la institución, su presencia y correcto uso del uniforme”. Agregaron que se trataba de ordenes internas de la custodia de Prefectura para el operativo de seguridad en las audiencias del juicio.

Familiares de víctimas de la dictadura señalaron que será un tema a plantear cuando se reanuden las audiencias de este juicio, el 1 de febrero, "porque esta actitud intimidatoria puede afectar a familiares de las víctimas y testigos cuando tengan que declarar".

SFP Juicio Escuelita (21).JPG

Desde Prefectura Naval Argentina expresaron que la toma de imágenes son realizadas "con el único fin de graficar la actividad realizada por el personal de la institución, su presencia y correcto uso del uniforme”. Foto: Sebastián Fariña Petersen.

Cabe señalar que hasta el momento ninguna de las fuerzas que se desempeñan como custodia en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la ciudad de Neuquén había realizado toma de imágenes.

Este juicio es el primero que aborda la responsabilidad de funcionarios judiciales durante el terrorismo de Estado. Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras Ortiz ejerció como procurador fiscal federal ante ese órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985. Antes de ejercer esas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Los acusados

Duarte y Ortiz llegaron a este juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. El ex juez federal también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

SFP Juicio escuelita genocidas militares edicion 8 (10).JPG

El fiscal Miguel Palazzani advirtió que personal de custodia filmaba mientras el público ingresaba a la sala para presenciar la audiencia del 15 de diciembre. Foto: Sebastián Fariña Petersen.

En el escrito de elevación a juicio, se precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, Oscar Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli, Carlos Cháves, César Giliberto, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.

También el matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero, ambos desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses.