Gloria Ruiz ejerce su defensa por presunta "inhabilidad moral" y pide la nulidad de la investigación

La suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz se presentó este miércoles en la Comisión A de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Neuquén para ejercer su defensa ante el informe que hicieron los diputados por supuestas irregularidades en su gestión, que podrían determinar su inhabilidad moral para ejercer el cargo.

En principio, se habían generado dudas con respecto a si la presidenta de la Cámara iba a asistir o no al encuentro. Finalmente, con quince minutos de demora, Ruiz llegó con su abogado defensor, Carlos Broitman.

Tras un largo cruce entre la defensa y los diputados por el proceso establecido para ejercer el descargo, una hora más tarde tomó la palabra Ruiz, que pidió la nulidad de la decisión de la comisión investigadora por no haber cumplido el debido proceso para investigarla.

"Todos los constitucionalistas coinciden en que para declarar la inhabilidad moral era más simple hacerlo en la sesión", dijo Broitman y aclaró que haber iniciado una investigación abre la puerta para apelar a la vía de la Justicia Federal. "Se equivocan y esto va a quedar marcado para la historia", afirmó.

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Claudio Espinoza

Agregó que la investigación para determinar la "inhabilidad moral" busca generar un halo de transparencia sobre un proceso que no la tiene. "Pido libertad de conciencia, que el que tenga que levantar la mano obligado que especifique por qué lo hace", afirmó, retomando la acusación de Ruiz a presiones políticas sobre los legisladores provinciales.

"La investigación da por cierta información de la Fiscalía que asegura que la presunción de inocencia no está rota y por la cual la vicegobernadora Ruiz no está imputada", aseguró Brotiman, quien señaló que los casos de expulsiones se dan por hechos de extrema gravedad y no de forma "imprudente y apresurada" como pretenden hacer los diputados provinciales.

Un largo preludio para la defensa

Al llegar a la sala, el abogado solicitó autorización para ingresar cuatro cajas de pruebas documentales y para que pueda ser defendida por un "especialista en PowerPoint"

A eso, el presidente de la comisión A, Ernesto Novoa, aclaró que la reunión de comisión "no es un tribunal". "Queremos escuchar a la vicegobernadora por los siete puntos que se la cuestionan, después ella verá si ejerce la defensa o no", dijo y agregó: "Aquí no producimos la prueba, los archivos que le fueron entregados a la vicegobernadora fueron a sólo efecto de que pueda elaborar su defensa, no hay fiscal ni defensor. El proceso no es judicial sino político".

En la comisión se aclaró que los archivos que la defensa quiera utilizar como prueba se deben presentar a través de las plataformas específicas, mientras que se pidió que Ruiz haga una defensa verbal con respecto al informe final de la comisión investigadora.

Pese a la insistencia de su abogado, el presidente de la comisión aclaró que todas las pruebas iban a ser puestas a disposición de los diputados para su posterior lectura, pero que la reunión de comisión apuntaba solamente a escuchar el descargo o defensa de la vicegobernadora, temporariamente suspendida.

Tras la intervención del diputado Francisco Lépore, finalmente se autorizó el ingreso de las cajas de documentación probatoria y también se aceptó proyectar un PowerPoint para explicar las pruebas. Después de varias discusiones y cruces entre la defensa y los diputados, y mientras Ruiz permanecía callada, se hizo una pausa en el encuentro para acceder a las pruebas.

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Ruiz había solicitado el viernes hacer uso de tres días más para, según explicó, presentar “punto por punto” los elementos que refuten las acusaciones, más allá, dijo, que los diputados ya tienen “la decisión tomada de expulsarme”.

Broitman aclaró que citarán como testigos a distintos funcionarios de la la Legislatura de Neuquén que cumplen funciones de Auditoría o Despacho dentro de la institución. Por el caso de los cuestionamiento de los banners que pagó la gestión de Ruiz, Broitman solicitó que se presente a declarar el dueño de la empresa y agregó que, en caso de no querer presentarse, que lo convoquen a través de la fuerza pública, "si tiene pruritos para presentarse en la Legislatura".

Ante ese pedido, Novoa aclaró que la comisión A no tenía facultades para convocar a los testigos como carga pública. Por el contrario, debían presentar testigos que ellos hubieran convocado y que quisieran presentarse voluntariamente a colaborar en su defensa.

El diputado provincial del PRO, Marcelo Bermúdez, leyó el escrito que ellos presentaron incluso decía que tenían el listado de testigos y que preferían proteger su identidad a solicitud de estas personas. "Ustedes se iban a encargar de traerlos y pedían mantener su reserva porque tenían miedo y querían reservar su identidad, decidimos reservar su identidad y escucharlos a las 13 sin asesores y sin prensa, pero ustedes lo iban a traer, no nosotros", expresó.

"Es la tercera vez que estamos esperando un descargo. Se supone que en ese descargo tienen que cuestionar el informe con las pruebas necesarias y testimonio. Ustedes se tienen que encargar de que estén esos testimonios si los necesitan para cuestionar el informe", expresó el legislador provincial.

El diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, hizo más preguntas y expresó: "Que quede claro que esas personas que nombraron no fueron contactadas por ellos y que la única persona dijo que no iba a venir".

Ruiz aclaró que iba a volver a llamar al dueño de la empresa que confeccionó los banners, "a ver si puede venir a las 13 porque es clave que haga el descargo" y agregó que esperaban que los empleados de la Legislatura se presentaran porque eran funcionarios.

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Domínguez le respondió: "Ustedes dijeron que iban a traer a las personas temerosas y no trajeron a ninguna. Es la primera vez que una persona que está siendo acusada quiere determinar cómo va a ser el proceso. Es realmente insólito que lo quieran determinar con sus abogados cuando hay una comisión investigadora que elaboró este informe".

A su vez, leyó un informe del sindicato ANEL que repudió la convocatoria de los trabajadores legislativos para declarar como testigos sin aviso previo ni consentimiento. "Los trabajadores de carrera no somos responsables de la administración de los fondos del Poder Legislativos y las decisiones políticas que toman las autoridades electivas", señalaron los empleados en un comunicado que fue leído en la comisión.

"Es una falta de respeto que nos pidan que citemos a Juan o Pedro, la comisión investigadora ya trabajó y en este momento va a ejercer su derecho de defensa", dijo Domínguez.

Broitman, su abogado, pidió impugnar a la comisión investigadora porque Ruiz no había sido informada por su composición, pese a que la vicegobernadora estaba presente cuando se aprobó la resolución que indicaba que los presidentes de bloques iban a liderar la comisión. "La vicegobernadora no lo impugnó el 27 de noviembre, tampoco la cuestionó cuando se presentó el informe y tampoco el viernes pasado, cuando se la citó por primera vez", expresó Lépore.

La lectura de la defensa de Gloria Ruiz

Una hora después de la cita prevista, por fin Ruiz tomó la palabra para ejercer su derecho a la defensa. Decidió leer un texto previamente redactado.

"En mi carácter de vicegobernadora de la provincia de Neuquén, me presento a la comisión para ejercer mi descargo ante la malintencionada imputación que diera origen a la resolución que dispusiera de la separación preventiva en mi cargo", dijo y aclaró que la evaluación de su presunta "inhabilidad moral" va en contra de la reglamentación vigente y el reglamento interno de la institución.

"La facultad que nos convoca no genera injerencia con la división de poderes sino que la refuerza. La facultad de investigar es propia de la Legislatura para autocontrolarse y autorregularse", señaló y agregó que el procedimiento de investigación "fue un proceso no reglado" que viola las garantías constitucionales y los pactos internacionales. Entre ellos, citó el Pacto de San José de Costa Rica, que defiende los derechos humanos y la posibilidad de justa defensa.

"Señores legisladores, el debido proceso legal es una garantía irrenunciable de las que gozan todas las personas, que representa la protección más fundamental para la defensa de sus derechos. Este debido proceso debe otorgarle al individuo la posibilidad de participar en todos los puntos del proceso", dijo y siguió leyendo varios párrafos cuestionando "el debido proceso" y la necesidad de llegar a una "decisión fundada, justa y razonable".

Citó varios casos de la Justicia Federal que sentaron jurisprudencia por no respetar los debidos procesos, la garantía de defensa de los acusados o por tener errores procesales. Aclaró que respetar el debido proceso implica el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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Claudio Espinoza

Señaló que debía "ser oída por los distintos poderes del Estado. Es sinónimo de tutela efectiva, que comprende la posibilidad del interesado de tener contacto directo con el órgano decisor dentro de un plazo razonable". También solicitó la independencia de los Poderes del Estado, que deberían estar libres de la incidencia de poderes políticos o privados. Reclamó que los órganos estatales sean imparciales, sin prejuicios ni intereses personales de ningún tipo en relación con las partes, que podría afectar la rectitud de su pronunciamiento.

Ruiz aseguró que la decisión que tome la Legislatura en estas condiciones debía ser considerado nulo y agregó que, de no hacerlo, la institución quedaría fuera de las normativas de ética en el ejercicio de la función pública.

"Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad", dijo y agregó que la parte acusatoria tiene la responsabilidad de probar el ilícito o el dolo del acusado, mientras que los acusados tienen que tener derecho a tener el tiempo suficiente para preparar su defensa.

A su vez, aseguró que en el informe de la comisión investigadora se presentaron pruebas que se obtuvieron sin respetar el proceso legal, y citó jurisprudencia que indica que las personas no están obligadas a declarar en contra de sí mismas.

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Claudio Espinoza

Agregó que las garantías constitucionales fueron veladas por un proceso "viciado y vejatorio de principios básicos de legalidad". Aclaró que la comisión investigadora evidencia un total desconocimiento del derecho que pretende que todo el cuerpo del Poder Legislativo tome una decisión basada en sus temperamentos.

De seguir con esta premisa, Ruiz aseguró que la decisión iba a "conducir el poder estatal a verdadero escándalo institucional. Quedará en la historia constitucional de la Nación y quedará marcado como una falta de respeto a los poderes del Estado neuquino".

La postura del abogado defensor

A su turno, habló Broitman, su abogado defensor, para señalar que "por más que tengan una decisión tomada" por parte de los diputados, reconoció que había una opción más simple de excluirla por inhabilidad moral con dos tercios de la cámara. "Esta comisión investigadora es el preludio de un grave antecedente por que podría llevar a la exclusión de esta Legislatura por parte de la Justicia Federal".

Aclaró que Ruiz todavía no está imputada por ningún delito y que la "presunción de inocencia no está rota". Detalló que la información llegó desde la Fiscalía a través de un acto nulo porque el BPN "rompe el secreto bancario e informa". "La investigación proviene de un acto viciado en la que no se respetaron las garantías, y las pruebas provienen de actos nulos", dijo y aclaró que los legisladores deben tener conciencia del principio de inocencia.

"La que quiso instaurar un proceso similar fue Elisa Carrió, quiso hacer un proceso similar a este para excluir a un miembro, con razón o sin razón", dijo y agregó: "Y en las formas es donde la Corte intervino, y la Corte la fulminó por voto de la mayoría".

Agregó que Estados Unidos sentó precedentes de expulsión de los miembros de la cámara pero que se dio en contadas ocasiones y por casos gravísimos, "no por hechos mediáticos como una pileta de natación". Insistió en que la expulsión debe ejercerse con mayor prudencia, en base a condenas, mientras que Ruiz no está siquiera imputada por los hechos de corrupción.