Los costos de la mala praxis del Gobierno

Hay que remontarse a la década del ‘30 del siglo pasado, para encontrar un antecedente de mala praxis estatal en la Argentina como los que están saliendo a la superficie en estás últimas semanas.

Fue durante la gestión de Agustín Pedro Justo a quien acompañaba como vicepresidente, Julio Argentino Roca (h). El 1 de mayo de 1933 se firmó un acuerdo comercial entre la República Argentina y el entonces Imperio Británico, en el cual quedaba explícito que este último se comprometía a continuar comprando carnes argentinas, en tanto y en cuanto, su valor fuera inferior al de los demás proveedores mundiales. Como contrapartida, nuestro país aceptaba la liberación de impuestos para productos británicos, al mismo tiempo que tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. Quedó en la historia como el pacto Roca-Runciman, en alusión al vicepresidente argentino y el encargado de negocios británico, Walter Runciman, que fueron los que finalmente sellaron con su firma el acuerdo.

Con el tiempo, quedó demostrado el enorme perjuicio económico que generó este pacto, no solo al erario público sino a todo el sistema ganadero local.

Si bien no se puede hacer una comparación lineal, el quebranto al fisco que puede dejar la mala praxis del gobierno de Cristina Fernández con la estatización compulsiva de YPF y el manejo discrecional de las estadísticas públicas tiene aristas conceptuales similares al daño que genero al sistema el acuerdo ganadero de los ‘30. El gran ganador de aquel entonces, los empresarios e importadores del Imperio Británico. En la actualidad, este lugar es ocupado por los fondos de inversión de Estados Unidos y del Reino Unido, cuyo daño al erario público podría alcanzar en total hasta 19.500 millones de dólares; algo impensable de pagar en la situación en la que se encuentra la economía del país.

El caso YPF

El juicio se remonta a abril de 2015. Trata el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en mayo de 2012.

Primero estuvo a cargo del Juez Thomas Griesa, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, fallecido en 2017, para pasar a manos de Loretta Preska quien unificó las demandas de los fondos de inversión Burford y Eton, inversores que litigan contra el Estado argentino.

Ambos piden un resarcimiento económico argumentando que, al momento de llevarse a cabo la expropiación, no hubo una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, algo que contempla el estatuto de la empresa.

El monto que está en juego en esta demanda podría llegar a los 18.000 millones de dólares, según anticipo la parte demandante. Obviamente, es muy difícil que logre alcanzar esa cifra. Pero por menor que sea, 2.000, 4.000 o 10.000 millones de dólares, el Estado argentino deberá hacerse cargo de esa maniobra cuyo autor ideológico fue el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en aquel entonces ministro de Economía de la Nación. Dinero que, en definitiva, saldrá de los bolsillos de los contribuyentes, no de los funcionarios que pergeñaron esta maniobra.

Los trabajos realizados al momento muestran la magnitud del daño.

Al momento de trascender la posibilidad de una expropiación, la reacción de los inversores fue inmediata: salieron a vender sus acciones. Para entender las consecuencias de esta medida es necesario monitorear la evolución de la acción de la petrolera. Para ello, hay que remontarse a mediados del 2000.

El entonces presidente Néstor Kirchner, convenció a Repsol, que poseía el 97% de las acciones de YPF, de la conveniencia de incorporar capital local en la petrolera. Kirchner favoreció la entrada del Grupo Petersen, de la familia Esquenazi, que no tenía experiencia en el sector, pero sí una estrecha relación con el mandatario. El Grupo terminó con el 25% de las acciones de YPF sin poner un dólar sobre la mesa. Kirchner convenció a Repsol de que financiase, a través de créditos, la compra de sus propias acciones por parte de los Eskenazi, que irían pagando su deuda a través de los dividendos que diese la compañía. El acuerdo se selló en 2008, cuando el Grupo Petersen compró el 15% de las acciones; en 2011 se haría con otro 10%.

El acuerdo funcionó mientras la relación fue buena con los Kirchner. Pero, tras la muerte del expresidente, y en paralelo con el descontento del Gobierno por la situación de déficit energético, las cosas cambiaron.

Fue entonces que comenzó a evaluarse la posibilidad de expropiar a la empresa. En mayo de 2011 los primeros rumores llegaron al mercado. La acción de la empresa en la bolsa de Nueva York se ubicaba en ese entonces arriba de los 50 dólares. A partir de ese momento comenzó su derrumbe hasta que, un año después, se terminó efectivizando el desembarco del Estado en la petrolera. En mayo de 2012, los papeles de YPF se derrumbaron hasta tocar los 12 dólares. Poco más de una década después, la acción se mantiene -con distintos vaivenes- por debajo de este valor.

Pese a los anuncios del Gobierno, en febrero de 2014 Repsol aceptó recibir por la expropiación poco más de 5.000 millones de dólares.

La presidenta Cristina de Kirchner lo oficializó en el acto de la firma de la promulgación de la ley con la expropiación del 51 por ciento de las acciones que posee Repsol de YPF.

Mirando en retrospectiva, fue un número elevado de quebranto para el Estado. Hoy el valor bursátil del 100% de la empresa se lo ubica en poco más de 3.000 millones de dólares, según la cotización de la acción al cierre de este último viernes. Ahora llega el juicio, por el que el Estado nuevamente tendrá que desembolsar otra enorme cifra en dólares. Desde el punto de vista económico, y dejando las pasiones de lado, no hay dudas que la expropiación no fue un buen negocio para el país.

El Gobierno insiste, al discutir el ingreso del Estados en YPF, en mirar esta operación de forma estratégica. Mantiene el relato sobre las expectativas que hay en el sector energético sobre Vaca Muerta y el rol que tiene la estatal dentro de este contexto. “Analizando los números de YPF del año pasado, creo que aquella decisión fue acertada. Fijémonos que pasa en el mundo hoy y fundamentalmente como consecuencia la crisis energética que deviene de la guerra”, confió recientemente el titular de la empresa, Pablo González, en una entrevista realizada por Jorge Fontevecchia en el diario Perfil.

El paso del tiempo terminará por definir esta discusión. Hasta ahora, la historia le está dando la espalda al relato oficial.

La causa de los bonos

El Tribunal Superior de Londres dio a conocer la semana pasada la sentencia sobre los pagos que cuatro hedge funds dijeron que el Estado argentino le debía por valores denominados en euros vinculados al producto interno bruto (PBI) de Argentina en 2013, los “cupones PBI”.

Según informó la agencia internacional Reuters, los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited demandaron al país en 2019, solicitando en ese entonces una indemnización de hasta 643 millones de euros.

El juez Simon Picken falló a favor de los cuatro fondos, señalando en su escrito que Argentina debe pagar esta cantidad más intereses, cifra que se eleva. hasta unos 1.330 millones de euros.

Los demandantes argumentaron que Argentina tenía “propensión” a manipular los datos económicos para ahorrar miles de millones de dólares. Aquí también estuvo la mano del actual gobernador Kicillof.

Susan Prevezer, destaca el cable de Reuters, representante de los fondos, dijo que las estadísticas económicas fueron “objeto de dirección política” en Argentina bajo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más millones que se irían por la mala praxis de la política de turno.

Cristina Kirchner

Reflexiones

En las últimas décadas, la mayor parte de los Gobiernos del país, elegidos por el voto popular o los que lo hicieron en forma de facto, han manejado el gasto público y tomado decisiones según su voluntad.

Desde la década del 70 a la fecha observamos que se vienen tomando medidas poco racionales, prometiendo en cada caso que, con ellas, el futuro de todos los argentinos estaba garantizado. Pasados los años, atónitos, observábamos como las consecuencias aparecían una y otra vez.

El tiempo, entre la medida tomada -apoyada por un ferviente relato político- y los efectos reales causados por ella, que por lo general se miden en décadas, termina anestesiando a la sociedad. Pocos recuerdan los nombres de los funcionarios que hicieron perder millones al país en estos últimos cincuenta años. Sin embargo la fría estadística, nos puede ayudar a reflexionar. A principios de la década del ‘70 la pobreza en la Argentina se ubicaba en torno al 4%; hoy ese indicador está cercano al 40%. ¿Quién puede decir que las medidas tomadas ayudaron a los ciudadanos del país?

Pero volviendo el reloj a la actualidad, ¿Hay responsables por los juicios multimillonarios a los que se está sometiendo la República Argentina? Nadie.

La historia de la empresa YPF, con sus idas y vueltas en todas estás últimas décadas, es sin dudas un dramático reflejo de lo que ocurrió en el país.

Habría que comenzar a pensar, si la mala praxis económica ejercida por un Gobierno no debería ser punible. O evaluar alguna otra alternativa que apunte a evitar las épicas y salvadoras aventuras de los funcionarios de turno que finalmente terminan por arruinar lo poco que queda en pie en nuestro país. Es solo una reflexión.