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Planes sociales: la repuesta de la jueza a los planteos del polémico abogado Alfredo Cury

Imputado como partícipe de la asociación ilícita montada en el Ministerio de Desarrollo Social, el letrado ejerce su propia defensa. Desestimaron sus pedidos.

Este viernes y tras una larga audiencia para ampliar la formulación de cargos a los acusados en la resonante causa por las estafas con planes sociales que involucran al Ministerio de Desarrollo Social provincial, la jueza Estefania Sauli imputó al ex ministro Abel Di Luca, Ricardo Soiza (ex director de Planes Sociales), Tomás Siengentharler (coordinador Provincial de Administración), Néstor Pablo Sanz (exdirector de Fiscalización) y Marcos Osuna (exjefe del departamento de Gestión de Programas) por el delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito y cheques, atribuyéndoles una totalidad de 9.303 hechos en carácter de coautores

Una calificación similar, pero en calidad de "partícipes" pesó sobre otras 22 personas entre particulares y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda que oficiaban como colaboradores directos para disfrazar la maniobra, reclutadores de posibles beneficiarios de planes sociales a los que se les extraía el dinero o bien, beneficiarios que se constituían como tales sin reunir los requisitos.

Dentro de este segundo grupo se encuentra el abogado Alfredo Cury, quien compareció en la audiencia desarrollada entre el jueves y el viernes en calidad de acusado y defensor de su persona.

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Vestido con remera negra, Alfredo Cury dijo presente en la audiencia en su doble carácter de defensor e imputado en la causa por las estafas con planes sociales.

Vestido con remera negra, Alfredo Cury dijo presente en la audiencia en su doble carácter de defensor e imputado en la causa por las estafas con planes sociales.

Cabe destacar que Cury fue el letrado que patrocinó hasta hace unos meses a los 16 imputados primeros imputados en la causa. Por otro lado, hace unos años, fue acusado del delito de coacción agravada por un apriete que protagonizó en un lavadero de autos del barrio Santa Genoveva.

El violento episodio ocurrió en enero de 2019 en el lavadero de calles Río Dulce e Illia donde el entonces abogado de la UOCRA había ido a exigir que le devolvieran el dinero y un par de lentes que había dejado en el BMW que había dejado para lavar. Al no encontrar nada, con una requisa, volvió el día siguiente con cinco personas. Mediante amenazas de arma de fuego e insultos, uno golpeó a un empleado, robó $1000 y otro, un celular. Todo quedó filmado por las cámaras del lugar. Tras el inicio de un proceso judicial, el letrado recibió una suspensión de juicio a prueba.

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En la audiencia del jueves, la presencia de Cury no pasó desapercibida dado que intervino con discursos encendidos en varias oportunidades. Su planteos fueron contestados este viernes por la mañana por la jueza, quien se tomó el tiempo de hacer referencias a los comentarios y pedidos de cada defensor, aunque terminó desestimando todos. En ese marco, a Cury le dedicó más tiempo, dado que fue unos de los que más se explayó.

Planes sociales: el respaldo de la jueza a la fiscalía

Respecto a las crítica furibunda que el imputado hizo respecto al accionar del fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y del fiscal jefe, Pablo Vignaroli en cuanto a sus declaraciones mediáticas y su "falta de objetividad", la magistrada expresó: "Dentro de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal está la facultad de publicidad. La comunicación no se limita solo a la página web", tal como había manifestado Cury

"Es decir, la fiscalía no solo puede hablar en audiencia, sino que también -conforme lo establece la ley- debe satisfacer el derecho a la información en función al rol que tiene el Ministerio Público Fiscal de representar al Estado y a la sociedad, obviamente cuidando la investigación para evitar que se frustre; pero una vez que esta avanzada tiene el deber de brindar información a la sociedad", subrayó citando un artículo de 20 de la Constitución Nacional.

"Me he cansado de ver al Ministerio Público Fiscal en los medios hablar de mi. Esas acusaciones públicas están generando un rechazo colectivo y una sanción social. Si la fiscalía de antemano dice 'Cury hizo tal cosa', me está imposibilitando el derecho de defenderme. La Ley del Ministerio Público Fiscal no los autoriza al fiscal jefe ni al fiscal del caso a hablar. Son funcionarios públicos que deben hablar en las audiencias judiciales. Si tienen ganas de salir en los diarios y en los programas de Youtube o radiales que lo hagan con su vida personal", había sentenciado molesto el letrado imputado.

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Por otro lado, Sauli tampoco dio lugar al pedido de Cury respecto a que se excluya a la Fiscalía de Estado como parte en la causa al tiempo que sostuvo que descartó lo expuesto por el acusado respecto a que la fiscalía no determina si el patrimonio afectado es el del Estado nacional, el provincia o de particulares que retiraron el dinero.

El doctor Cury dijo esto pero no acreditó que el dinero sea de Nación o que Nación girara ese dinero a la provincia. De la evidencia que trajo la fiscalía, no surge en principio que estos fondos sean de Nación, sino por el contrario salían del presupuesto de la provincia. Si el doctor Cury tiene evidencia para respaldar lo manifestado, deberá presentarla", sostuvo la jueza.

La magistrada recordó las palabras de Cury quien el jueves expresó: "Si la administración le dio la plata a este Juan Pérez (supuesto beneficiario del plan) y Juan Pérez quiere irse de vacaciones o regalarle el dinero a la amante, puede hacer lo que quiere porque es su patrimonio. Acá no han demostrado el ardid, tampoco la afectación del patrimonio de la provincia, por eso la Fiscalía de Estado de la provincia no tiene que intervenir". En ese sentido, contestó: "Lo cierto es que los beneficiarios reales desconocían los montos reales que debían cobrar. Es decir, no se les daba la totalidad del dinero, los 49.500 pesos. Se les daba mil, 3 mil, 10 mil y dudo que una persona vulnerable socioeconómicamente que no tiene una fuente laboral quiera regalar, así porque sí, esa ayuda que recibe del Estado".

"Por lo tanto, considero que los elementos de tipo penal están configurados porque incluso en este caso el patrimonio del ofendido, la perjudicada, es la administración pública, más allá de los beneficiarios que no cobraron sus planes sociales", subrayó. "Por eso está la Fiscalía de Estado representando los intereses del Estado en esta audiencia", agregó.

En cuanto al argumento de que no había conocimiento ni voluntad de quienes están acusados de formar parte de una asociación ilícita "ya que algunos solo recibían órdenes y eso no significa querer formar parte", la magistrada recordó que es pertinente la mencionada calificación ya que "se trata de una figura dolosa".

"A las órdenes impartidas se podían negar. Tenían la capacidad de poder decir no. Sin embargo, sabiendo que las tarjetas eran ajenas, con un pin que no habían colocado ellos, sacaban dinero y no se lo entregaban a los beneficiarios o a quienes figuraban como titulares de esas tarjetas, sino a los jefes de la banda. Por lo tanto, sabían lo que hacían, era fácil advertir esa irregularidad y sin embargo lo siguieron haciendo por al menos casi dos años, el periodo de tiempo que se está recriminando en esta investigación", indicó haciendo alusión al periodo comprendido entre el 3 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022.

Tras referirse a Soiza como el "turco" y señalar que lo unía a él una relación de amistad, el jueves Cury dijo que los cheques que recibió fueron por el pago de sus servicios como particular. En ese sentido, Sauli postuló: "El doctor dijo que fueron por una cuestión comercial, pero lo cierto es que los fondos de los cheques que recibía era del erario público, del Ministerio de Desarrollo Social. No eran cheques particulares de Soiza. No se entiende por qué cheques emitidos por la administración, incluso a nombre de otras personas y endosados y -en otro casos- a su nombre, eran recibidos y cobrados por el doctor si era una cuestión comercial ajena al ámbito de su profesión".

"Los cheques emitidos con un fin especial, en este caso subvencionar a personas desocupadas debían estar a nombre de quienes cumplían esos requisitos y no a nombre directo del doctor Cury", resaltó. "Por lo tanto no voy a tener por admitidas las oposiciones que formuló el doctor Cury y voy a tener por formulados los cargos respecto de él", anticipó antes de dictar sentencia.

El testimonio de una de las imputadas que involucra a Cury

En julio pasado, Isabel Montoya, otras de las acusadas dijo frente a las cámaras de televisión que Cury era el intermediario de Ricardo Soiza y que hacía reuniones para llevar tranquilidad respecto al desarrollo del proceso judicial diciendo que "iba a quedar en la nada".

En ese contexto agregó que el abogado anticipaba los allanamientos que se iban a hacer en el marco de la causa y daba directivas a los involucrados en torno a que "limpien sus casas" para eliminar elementos de prueba. Asimismo enfatizó que solicitaba de manera intimidante que no hablen.

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