La causa por estafa con planes sociales dejó mucha tela para cortar, además de las críticas que hizo el gobernador Rolando Figueroa al monto de las penas.
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén no solo dejó condenas que el gobierno provincial considera insuficientes. También abrió una grieta inesperada dentro del Poder Judicial: una denuncia administrativa entre dos jueces que reactivó viejas heridas vinculadas a la histórica causa Temux y una consideración sobre el amparo a la corrupción política.
La disputa retórica tiene como protagonistas a la jueza de garantías Carina Álvarez, quien hace más de dos décadas estuvo en la causa Temux, y al juez Juan Manuel Kees, integrante del tribunal que dictó el veredicto por la estafa con planes sociales.
Durante la lectura del escrito donde se conocieron las penas, Kees realizó una comparación entre ambos procesos judiciales y afirmó que, en la época en que se investigó Temux, existía “un sistema político que garantizaba la impunidad” y que actualmente, con la alternancia democrática (se refirió a que el MPN perdió las elecciones después de 60 años) favoreció otras condiciones para decidir las penas sobre los 11 condenados. También habló que ante la puesta en marcha del Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial es menos permeable a la influencia de la política de turno.
Vale decir que si bien los jueces concursan, son evaluados por este cuerpo colegiado, representando a distintos sectores políticos. Además, los pliegos los termina aprobando la Legislatura de Neuquén. Hay varios filtros y "roscas", donde la política siempre mete la cola.
La expresión fue formulada en términos generales, sin personalizar ni atribuir responsabilidades individuales, pero fue interpretada por Álvarez como un cuestionamiento directo a su desempeño profesional.
Planes sociales y causa Temux: los condenados sin cárcel
Ese fue el punto de quiebre. La jueza presentó una nota formal ante la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano con competencia administrativa y disciplinaria, para que se evalúe si los dichos del magistrado constituyen un agravio o un eventual mal desempeño.
Según explicó el propio Kees, el conflicto tuvo un intento previo de resolución interna. Hubo una reunión donde la magistrada le pidió un delante de todos los jueces, pero llegaron a un acuerdo. Es así como luego Álvarez envió una nota a la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia.
Si bien la jueza se refirió en un momento a la denuncia que hizo internamente en el Poder Judicial, el juez Kees prefirió no referirse a la polémica y dejó trascender que no hará declaraciones. En el Poder Judicial no saben bien cómo viene esta maniobra, porque el tribunal de los panes sociales accedió a dar detalles y argumentos de las penas que dieron a los 11 condenados, de 3 a 5 años, por el delito de administración fraudulenta. No había mucho más margen, según el Código Penal.
En paralelo, Álvarez solicitó al presidente del Colegio de Jueces que no vuelva a integrar tribunales junto a Kees. Ese pedido fue canalizado por la vía institucional.
El peso histórico de la causa Temux
La causa Temux investigó una estafa millonaria contra el Banco Provincia de Neuquén (BPN) ocurrida entre 2002 y 2004, durante el gobierno de Jorge Sobisch. El expediente reveló un entramado de contrataciones irregulares, pagos indebidos y desvío de fondos públicos que alcanzó a exfuncionarios y empresarios.
Pese a la magnitud del perjuicio económico -estimado en cifras millonarias para la época-, la causa terminó con condenas pero con penas de ejecución condicional. Con el paso del tiempo, se vencieron los plazos procesales, lo que permitió que los condenados quedaran en libertad. Eso generó una mala percepción social de impunidad en uno de los casos de corrupción más resonantes de la provincia.
Ese antecedente explica la sensibilidad de cualquier mención a Temux dentro del ámbito judicial y el impacto que tuvo la comparación formulada por Kees durante el fallo de los planes sociales.
La presentación de Álvarez ante la Superintendencia del TSJ abrió un escenario todavía poco claro. No se precisó públicamente si el planteo apunta a un conflicto laboral, a un reclamo por afectación del honor profesional o a una evaluación disciplinaria por los dichos del magistrado.
Lo cierto es que el fallo por la estafa con planes sociales dejó un saldo inesperado: una interna entre jueces que vuelve a poner en discusión el pasado judicial de Neuquén y que ahora deberá ser resuelta por el máximo órgano judicial neuquino.
Te puede interesar...












Dejá tu comentario