Protestas sociales: qué opinan tres candidatos a jueces de Neuquén

Juan Ignacio Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kess, postulantes para magistrados penales del Colegio de Jueces de la I Circunscripción Judicial, pasaron este viernes el filtro de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, que emitió el despacho que habilitará su aprobación en el recinto. Sin embargo, antes del trámite, los aspirantes tuvieron que dar su punto de vista en relación a la criminalización de la protesta.

El despacho con los tres pliegos había sido remitido por el Consejo de la Magistratura y fueron tratados en el marco de una reunión de carácter excepcional y tras entrevistar a los aspirantes.

Durante la comparecencia, los aspirantes también tuvieron que dar sus opiniones en cuanto a la modificación del juicio directo y las modificaciones que requeriría el Código Procesal Penal a diez años de su implementación, entre otros puntos.

Guatia, quien, consultado por su opinión sobre la modificación del juicio directo en debate en la comisión, advirtió que la defensoría debe ser consultada y el juez debe poder decidir en caso de que exista oposición, sino sería inconstitucional, soslayó al indicar que en caso contrario “no sería un proceso acusatorio sino un trámite administrativo”. En su argumentación, hizo un paralelismo con la suspensión del juicio a prueba, que prevé un control jurisdiccional del juez en caso de que la Fiscalía lo solicite y la Defensa se oponga.

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Uno de los candidatos a jueces durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura.

Foto: Legislatura de Neuquén.

“No es lo mismo robar una cámara frigorífica que un paquete de arroz” dijo Guatia al momento de requerírsele su opinión respecto a la criminalización de la protesta.

“Un juez no puede vivir alejado de la realidad y debe comprender a la población vulnerable”, agregó.

Reparos a la reforma

Por su parte, Hermosilla también hizo reparos en cuanto a la posibilidad de reformar el Código Procesal Penal en relación con la competencia de los jurados populares. Dijo que debe garantizarse que no se altere “el espíritu” del plexo normativo y pidió una “discusión profunda” en caso de una reforma que incluya a los delitos contra la administración pública bajo jurados populares porque son “temas de gran impacto” que requieren que el jurado sea “lo más objetivo posible”.

En cuanto a la criminalización de la protesta señaló que los funcionarios judiciales “vamos a tener que ser muy sensibles” a la realidad social y dijo que, en casos de protestas sociales o cortes de ruta, por ejemplo, es primordial “deslindar roles, responsabilidades y motivos” de la protesta. En ese sentido, indicó que, como juez penal, tendría en cuenta “la perspectiva de vulnerabilidad” y “cada una de las responsabilidades, porque habrá personas que verán afectados sus necesidades básicas y criminalizarlas de ante mano puede generar que se le impida el acceso a ser oída”.

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La comisión de Asuntos Constitucionales deliberó en forma excepcional para acelerar el nombramiento de tres jueces.

Foto: Legislatura de Neuquén.

Finalmente, el cuerpo entrevistó a Kess y, al ser consultado también por el accionar judicial frente a la conflictividad social materializada en protestas sociales, aseguró que se deben aplicar “las alternativas menos represivas” y recurrir a los instrumentos como la mediación, la reparación y la suspensión del juicio a prueba. Además, recordó que “el Estado no cuenta con la capacidad de procesar enormes volúmenes de personas criminalizadas”. Dijo que se debería evaluar el impacto de una política de criminalización en una población carcelaria como la del sistema penitenciario neuquino que “hoy está al límite”.

Kess también hizo mención a los plazos en el fuero penal, y mencionó por caso que, desde la vigencia del Código Procesal (2014) a la actualidad, “prácticamente se ha duplicado” la durabilidad del plazo. En ese sentido, valoró que no es necesaria una reforma del Código para dotar de mayor celeridad a los procesos, sino una readecuación de “las prácticas” al interior del sistema, pero sí advirtió sobre la necesidad de incorporar aspectos que en su redacción original no fueron contemplados, como la perspectiva de género.

Presidencia del Tribunal

Por último, y al requerirse su opinión sobre la propuesta de la titular del TSJ para habilitar la extensión de la presidencia del máximo órgano judicial por un año más de mandato, advirtió que no posee “el conocimiento práctico” interno del funcionamiento del órgano para pronunciarse, pero vislumbró que extender el mandato “puede hacer que a alguno no le toque nunca” la titularidad el cuerpo y dijo que la “alternancia es saludable” en función de la trascendencia de las decisiones que implican el cargo.